"Popeye" y los que faltan

El revuelo que ha causado la puesta en libertad de uno de los más sanguinarios sicarios del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", pone de manifiesto una vez más las contradicciones y dobles raseros entre los que fluctúan no solo la política criminal colombiana y la misma institucionalidad, sino la opinión pública.

Lo primero que hay que decir es que, desde el punto de vista ético, la libertad de un criminal, luego de haber estado algo más de 23 años en la cárcel, que se ha jactado de cientos de crímenes y de haber causado miles de víctimas, es manifestación de una grave anomalía que aqueja a todo el tejido social.

Pero lo segundo que hay que precisar de inmediato es que esta orden de libertad ni es ilegal, ni fue decidida de forma caprichosa por un juez. Obedece a las previsiones que rigen nuestra normatividad penal. Es lo que hay, y eso es lo que el juez aplica.

Las nuevas generaciones deben estar sorprendidas de que quien fue uno de los peores pistoleros del narcoterrorista Pablo Escobar, esté ya en la calle. Pero no solo a los jóvenes, sino también a amplias capas de población que prefieren olvidar cuando pesa tanto dolor de por medio, hay que recordarles que hace 25 años esas organizaciones criminales pusieron de rodillas a Estado y gobiernos.

En 1990 la administración de César Gaviria se enfrentó a un dilema de pesadilla: o los carteles acaban con la poca institucionalidad que permanece en pie, o se adopta un sistema de justicia negocial, regido por el pragmatismo, de modo que el Estado ofrezca beneficios procesales e imponga penas bajas a cambio de colaboración con la justicia. El incendio nacional generado por bombas, secuestros, asesinatos y magnicidios hizo que la clase política, la justicia y buena parte de la opinión pública acogieran esa solución como aceptable.

Desde allí todos los gobiernos han aceptado esa política, la han promovido y formalizado mediante diversas modalidades, con distintos nombres pero bajo una característica común: la impotencia estatal sacrifica la justicia plena a cambio de remedos punitivos.

Por eso es que alias "Popeye" queda hoy a merced de lo que su propia voluntad estime conducente, o de lo que sus enemigos, que sin duda los tiene, dispongan.

Este personaje convertido en estrella mediática, visitado por expresidentes y celebrado sin disimulo como leyenda del hampa, generó un dolor indescriptible en nuestro país. Ni se diga en nuestra ciudad: Medellín fue el epicentro de su insania. Una generación entera quedó marcada por su desprecio por la vida.

Pero, insistimos, esas son las leyes que nos han dado. Que nos hemos dado. Ya sea con los sicarios, los paramilitares, los guerrilleros.

A medida que salen de la cárcel se despierta una indignación que no se percata de que no es solo "Popeye" o sus colegas pistoleros, o los paramilitares que ya cumplieron con la ley de Justicia y Paz.

Si la indignación sirve para algo más que para la simple queja, es para despertar reflexiones. En algún momento habrá que detenerse a pensar, para enfrentarse cara a cara con una verdad que no se puede ocultar: que muy próximamente tendremos miles de "popeyes" en nuestras calles, buscándose la vida.

Las víctimas de "Popeye" no son menos que las de quienes dicen matar "para buscar un país mejor". Y a estos los veremos no solo paseando libres, descargados de culpa, sino participando activamente en nuestra vida institucional. Y no cabrán golpes de pecho.