Por evitar semejante robo, estoy sin libertad: Gustavo Canal

Un complejísimo y antiguo proceso jurídico de demandas a la Nación tiene en sus casas, detenidos por orden de un fiscal, al exdirector del Invías y exministro de Transporte, Gustavo Canal Mora, y al exdirector jurídico de ese mismo instituto y exviceministro, Federman Quiroga. ¿La razón? Canal y Quiroga, como representantes del Invías, liquidaron en 1998 la suma a pagar por una conciliación hecha con anterioridad, y ordenaron el pago a los demandantes, constructores de una carretera en Antioquia, que, explican, nunca se terminó.

Un fiscal asegura que Canal y Quiroga, por haber liquidado y pagado una suma que luego el contratista objetó, al final terminaron favoreciendo a los demandantes, porque éstos recibirán más dinero del Estado.

Para explicar este tortuoso proceso que los tiene privados de la libertad, EL COLOMBIANO entrevistó en sus casas a los protagonistas.

Federman Quiroga fue director jurídico del Invías a partir de octubre de 1998. Y explica: "Nosotros no conciliamos nada. Todo esto ya venía hecho. Nosotros lo que hicimos fue la liquidación. Eran unos pleitos que venían de tiempo atrás, con un consorcio formado por Botero Aguilar y Cía, y Conic S.A. En septiembre de 1998 se había definido una preacta entre el Invías y estos caballeros para llegar a una conciliación. Por aplicación de una norma interna del Invías, eso quedó en $690 millones, aproximadamente. Esa fue la cifra conciliada (repito, antes de nosotros llegar al Instituto), así se consignó en la preacta y fue aprobada en providencia de noviembre de 1998 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Para liquidarla, nosotros actualizamos la cifra año a año, según la norma, más el interés técnico o puro, que de acuerdo con jurisprudencia del Consejo de Estado (hay por lo menos unas 800 sentencias iguales) y de la Corte Suprema, era del 6%. Así se hizo, y así se pagó en febrero de 1999. Los demandantes esperaban que se pagara el 12%".

Continúa Federman: "En junio de 2000, una de las firmas que había perdido una tutela anterior -que buscaba iniciar un proceso ejecutivo, sin tener el título correspondiente- presentó una demanda ejecutiva ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, diciendo que la presentaba sin tener título ejecutivo. Según la ley colombiana, cualquier juez tiene que rechazar de plano esa demanda, pero aquí no, no la rechazaron, sino que la guardaron. Y años después, en 2002, apareció un título ahí, por arte de magia, y el magistrado Jairo Jiménez Aristizábal dictó mandamiento de pago, y medidas preventivas. ¡El mismo magistrado que había conocido de la conciliación del año 98!".

"De pronto, en 2006 me llaman y me dicen "¡se van a robar 74 mil millones de pesos de un negocio que ya se pagó!". Llamé al ex ministro Canal, quien consiguió cita con el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, que se rasgó las vestiduras y botó a casi todos los conciliadores, y la cosa quedó así. Luego el ministro pidió a la Fiscalía que investigara esa conciliación de 2006. Una gente llegó y dijo, "no, es que la culpa es de 1998, porque liquidaron mal". Entonces el señor fiscal decidió que abría otro proceso por el año 98. Que como resulta que se les liquidó con el 6%, que era lo que decía la ley, y no con el 12%, que eran lo que querían los demandantes, entonces eso daba lugar a una segunda demanda, y que entonces somos los responsables de la conciliación que hicieron en 2006 otras personas que no conocíamos, cuando llevábamos años fuera del Gobierno".

Federman Quiroga enumera las que, a su juicio, son graves irregularidades: "El Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario presentó en 2006, por solicitud del Invías, una liquidación de lo que debería pagarse a los demandantes (esto, advierto, a pesar del pago previo y de la cosa juzgada). Según ese Instituto, debería liquidarse con el 12%, para una suma de 29.896 millones. La liquidación que hacía el Invías daba $24.114 millones, 5 mil millones menos. Pero 40 días después, el 12 de octubre de 2006, el director del Instituto de la Universidad del Rosario llega al Invías y dice que la obligación pendiente es de $206.585 millones de pesos. Entonces los demandantes le proponen al Comité de Conciliación del Invías, conciliar por $74.000 millones, y al Invías, a Vladimir Fernández Andrade (entonces director jurídico), eso le parece una fantasía: ¡concluyen que es que se van a ahorrar 132 mil millones!".

Finaliza su explicación el exviceministro Quiroga, puntualizando que: "Nosotros en 1998 liquidamos como era, y además como lo había solicitado el consorcio demandante. Pero luego se han cometido todas las irregularidades del mundo. Las inconsistencias de orden legal del proceso ejecutivo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (TAA) son infinitas. El investigador del CTI dice que la esposa del magistrado ponente del TAA es prima hermana del señor Édgar Botero Henao, y eso lo pregunta también el fiscal del caso. A mi no me consta. Yo no conozco a esos señores, ni los quiero conocer. No los he visto en mi vida. Racionalmente, ¿quién en un sano juicio va a apropiarse de algo para beneficiar a quien no conoce? Según el fiscal, nosotros beneficiamos a los señores Botero. Y estos señores están libres...".

Responde Canal
¿Por qué termina usted metido en semejante lío?
"Cuando nos enteramos de que se iba a pagar una plata que ya se había pagado, a pesar de no estar ya en el Gobierno, decidimos informar a todos los entes de control de lo que iba a pasar, y que eso era un atraco al erario público. Así de fácil. Nos fuimos adonde el ministro Andrés Uriel Gallego, lo enteramos de esta situación, quedó escandalizado. Hablamos con el zar anticorrupción de la época, Rodrigo Lara Restrepo; hablamos con funcionarios del Ministerio de Hacienda; fuimos a hablar personalmente con el contralor general, el doctor Turbay Quintero, para manifestarles lo que estaba sucediendo. En este momento actuábamos cuatro años después de haber salido del Gobierno, como simples ciudadanos, con el único ánimo de que no se robaran una plata que se iban a robar".

¿Eso fue en el 2006? ¿Hubo en ese momento, entonces, una segunda conciliación?
"Sí, claro. Hubo una conciliación en el Invías, en cabeza de Mauricio Ramírez Koppel, con una serie de personajes tenebrosos, como es el caso de Vladimir Fernández. Ese era un asesor del Invías, el mismo que el mes pasado sacó Gustavo Petro de su equipo de empalme. Un tipo de una hoja de vida horrible. Estos tipos (los contratistas) logran esa cifra, haciendo creer que la "bendición papal" la daba el Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, llegando a esas atrocidades, porque eso no tiene otro nombre. Llevar una cifra de 690 millones de pesos del año 83, a una de 204 mil millones del año que usted quiera, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Usted pone pesos constantes de la cifra que quiera y como la quiera, y pues a eso no llega nunca, le toca irse antes de Cristo, ¡eso es un horror!"

¿El contralor Turbay qué diligencias adelantó, qué gestiones hizo después de ustedes informarlo?
"El contralor Turbay tuvo una actitud muy extraña. Nos atendió divinamente la primera vez. Pedimos una segunda cita, y nos la canceló. Y después no volvió a pasar ni al teléfono. Posteriormente dio orden de pago, y amenazó a los funcionarios del Invías, que si no pagaban, los empapelaba. Esa es la historia de Turbay".

¿Y qué pasaba mientras denunciaban eso?
"En el 2009 nos llegó una razón: 'no frieguen más con este tema porque a ustedes los van a meter a la cárcel'. Cuando a mi me dijeron esto es como si me hubieran echado gasolina, ¡meternos a la cárcel! Por todos los medios nos querían parar. Y hace unos 9 meses fuimos denunciados penalmente".

¿Pero cuál es el delito específico que les imputa la Fiscalía?
"El delito más absurdo del mundo: peculado por apropiación de terceros. Peculado no es nada más que dejar robar, cuando es por apropiación de terceros. Esa es la definición de cualquier lego en la materia. ¡Y nosotros lo que hicimos fue pagar menos! Pagar menos con argumentos, no para echarnos la plata al bolsillo, sino para proteger las arcas del Estado. Así que esa figura no cabe en la cabeza de nadie.

¿Y en qué etapa va el proceso, ya hubo resolución de acusación o algo?
"No, no, no. Nosotros presentamos un recurso de apelación ya hace un mes, no hemos tenido aún ninguna respuesta. Los argumentos por los cuales estoy detenido son: 1) Que tengo una empresa que tiene capacidad de contratación con el Estado, una empresa que se llama Recanal. Y resulta que hace un año está en liquidación, que no tiene un solo empleado. 2) Que yo me puedo volar. Claro que me puedo volar, ¡pero lo que hice fue venirme del exterior a presentarme! ¿Entonces cuál volarme?. Y 3) que yo puedo influir testigos, ¡hágame el favor! Esto de la justicia espectáculo es terrible".

Usted como ex ministro cómo ve las cosas en materia de contratación para obra pública. ¿Qué es lo que buscan los contratistas?
" En Colombia hay dos tipos de contratistas de obra pública: hay unos excelentes, ingenieros contratistas, cumplidores, trabajadores, y que además ganan plata, porque es que hay ánimo de lucro normal; y hay otra elite que son cien veces más abogados que ingenieros. A esos ya se les olvidó hasta el teorema de Pitágoras, pero se saben el código al pie de la letra. Ingenieros litigantes con doctorado en ver cómo tumbar al Estado".

Entiendo que esa carretera, origen del problema, no se terminó nunca.
"Aparte de que no se terminó nunca, hay una cifra que es escandalosa. Si esa carretera se fuera a hacer hoy, arrancando de cero, costaría 40 mil millones de pesos. Y estos tipos pretenden que les paguen 204 mil millones, agregando que que "se conforman" con 74 mil millones. Además de que se les pagó lo que correspondía, ¡no la hicieron!".

¿Le parece que el mensaje que va quedando es que el funcionario cumplidor de la ley no va a tener sino problemas, que el que se sepa todas las marrullas no va a tener ninguno?
"Mire, si junto con el doctor Quiroga no nos hubiéramos metido en este berenjenal, habrían pagado esa plata, y yo estaría en mi oficina, campante, y no habría pasado absolutamente nada. ¡Pero es que es aterrador, esa plata la iban a pagar!".

¿Qué espera usted para el futuro inmediato?
"Yo espero que la justicia cambie. Que el Estado no deje solos a los exfuncionarios que, a juicio de cualquiera, han cumplido. Ser honesto no es ninguna gracia, ser cumplidor del deber es lo que toca. Si eso sigue como va, nadie honesto va a querer ser funcionario público".

Nota Actualización: Por sentencia de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., del 14 de noviembre de 2012, se decretó la preclusión de la investigación en contra del señor Gustavo Adolfo Canal.