Por una administración sana
Al reflexionar sobre el artículo escrito por el columnista Juan Camilo Restrepo, en relación con el abuso en la utilización de un procedimiento que se concibió como excepcional: el de las vigencias futuras, debe señalarse que no sólo es pan de cada día en el nivel central, sino también en el orden regional y local, con lo que los actuales funcionarios están limitando la poca capacidad presupuestal con la que deberían contar los futuros mandatarios para el cumplimiento de sus programas de gobierno y planes de desarrollo.
Con preocupación también escuchamos al señor Procurador General de la Nación, hacer alusión a la exagerada cantidad de alcaldes, gobernadores y demás funcionarios estatales incursos en investigaciones por casos de corrupción, quienes con desparpajo y descaro actúan en provecho personal o en cumplimiento de compromisos politiqueros y en contra de las más elementales necesidades de unas comunidades ávidas de soluciones a sus problemas de pobreza y desprotección.
La debilidad de los administradores públicos y los más frecuentes focos de corrupción se centran primordialmente en un manejo inadecuado de los presupuestos; la desviación de recursos como los de las regalías y del sistema general de participaciones que, a pesar de tener destinaciones específicas, se dedican para otros fines; el manejo malicioso y acomodado de la contratación estatal.
Sí, la contratación pública merece atención especial, porque a pesar de los esfuerzos legislativos para modificar y adicionar la ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007 y de sus decretos reglamentarios, con la pretensión de darle mayor agilidad, eficiencia, economía y transparencia al proceso de la contratación, lo que no se ha podido lograr por la manera inescrupulosa con que actúan muchos de quienes deben aplicarlos y en algunos casos por los interesados en contratar con el Estado.
Corrupción que comienza con la manipulación de los estudios de factibilidad, en la que la administración o el servidor van direccionando el proceso de acuerdo con sus intereses pecaminosos; presupuestos desfasados o sobredimensionados; estudios de riesgos copiados y distantes de la realidad; prepliegos y pliegos confusos que generan dudas e interpretaciones; indecisiones en la modalidad de contratación; abusos en las declaraciones de urgencia manifiesta, en los contratos interadministrativos y en los que se celebran con organizaciones sin ánimo de lucro, todo en detrimento de los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia.
Es de señalar, que las actuales normas que regulan la contratación estatal son suficientes y contienen todos los elementos esenciales para que servidores públicos y contratistas procedan con probidad; lástima que en la mayoría de hallazgos por corrupción detectados por los organismos de control y la Fiscalía, éstos obedecen más a fallas humanas, por conductas culposas o dolosas, que a tecnicismos jurídicos; o sea, que la normatividad es completa pero fácil de desbordar por los deshonestos.
Ante tan alarmantes índices de corrupción administrativa, se impone concluir que los procesos licitatorios, de contratación y demás que involucran recursos públicos, carecen de un eficiente control administrativo y que los gobernantes no asumen el compromiso de imponer una verdadera cultura de servicio con idoneidad, honestidad y buen hacer de cara a los intereses comunitarios; y que las veedurías ciudadanas no cuentan con la capacitación y los mecanismos suficientes para ejercer una competente supervisión que limite los desafueros de los funcionarios.
Todo lo anterior nos lleva a repensar el papel de las contralorías que, desde que se les suprimió la facultad de ejercer el control previo y perceptivo de la actividad fiscal de las administraciones, subsisten como revisores de sumas y restas de hechos cumplidos, o sea que existen como entes burocráticos costosos, pero su labor no aporta a detener la malversación de los recursos públicos.
Si recordamos que, a pesar de sus enormes falencias, cuando estas entidades revisaban oportunamente los gastos e inversiones con cargo al erario, el apetito de los corruptos podía ser detenido a tiempo, ¿Por qué no reconsiderar y adicionarles nuevamente esas funciones, exigiéndoles que las ejerzan a través de profesionales íntegros, técnicamente capacitados y comprometidos con los principios éticos?
Por una administración pública sana y provista de responsabilidad social, que sea un paradigma de moralidad, se impone darle otro aire a la gestión institucional. El reto es grande, pero no imposible.