Primas por decreto: costumbre conocida y legal
El decreto que firmó el Gobierno el pasado cuatro de octubre les otorgó a los congresistas el valor de una remuneración que les había quitado el Consejo de Estado.
La decisión del Gobierno Nacional de otorgar una prima de casi 8 millones de pesos a los congresistas para subsanar la rebaja ordenada en un fallo del Consejo del Estado que afectaba el salario no solo a los parlamentarios sino a otros 1.900 funcionarios públicos, revivió el debate sobre la manera en que se fijan las remuneraciones en el sector público.
Desde el pasado 4 de octubre, los senadores y representantes a la Cámara tienen una prima especial de 7.898.445 pesos, que se les suma a sus salarios y otras prestaciones.
Es decir, el Estado debe desembolsar cerca de 2.061 millones de pesos mensuales, si se tiene en cuenta que hay en ejercicio 98 senadores y 163 representantes a la Cámara (según datos de la Secretaría de la Cámara), lo que corresponde a cerca de 24.737 millones de pesos anuales, que si bien ya pagaba antes, hoy salen a la luz pública como un incremento en la remuneración para el desprestigiado Congreso, justo en medio de las ausencias en el recinto y la denominada operación tortuga para aprobar iniciativas.
¿Qué llevó al Gobierno a tomar esta decisión? ¿Acaso para que le pasaran la polémica reforma a la salud?
Pues bien, es necesario ir por partes. En el decreto 2170 de 2013, el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública Elizabeth Rodríguez, decidieron subsanar la disminución del salario por un fallo del Consejo de Estado, que dejó sin efectos parte del decreto 801 de 1992 que les daba a los congresistas dos primas: una de salud y otra de localización.
Ante la decisión del alto tribunal, los congresistas salieron a exigir el pago de los "derechos adquiridos", así como otros 1.900 funcionarios a quienes se les recortaron sus salarios, porque no podían ganar más que los parlamentarios.
Al despacho del Ministerio de Hacienda llegaron peticiones de aclaración, pues se venía una avalancha de demandas contra cada una de las entidades del Estado por rebajar el salario de sus funcionarios.
Los fallos del 28 de febrero y del primero de agosto de este año del Consejo de Estado, se volvieron un bumerán que pudo afectar también el salario de los mismos magistrados.
Entró el Gobierno
Para tratar de calmar el avispero, el Gobierno mediante decreto del 4 de octubre creó una prima, sin las arandelas "de salud" o "de localización" que la pudieran poner en tela de juicio por su constitucionalidad, y la nombró "especial de servicios"; para sumar con ella casi ocho millones de pesos al salario de los congresistas y de paso a otros altos funcionarios, en montos diferentes, que tuvieran como base la remuneración parlamentaria.
"Este fue un problema que el Gobierno no creó. El fallo del Consejo de Estado elimina la prima de localización y de salud de los congresistas, y en cascada afectó a los funcionarios de los órganos de control y de la rama judicial", dijo Cárdenas, quien calificó de "autogol" la determinación del Consejo de Estado, pues con su decisión no sólo afectó a los congresistas sino a ellos mismos.
"Vimos que se nos iban a venir 1.900 demandas por los derechos adquiridos, demandas que íbamos a perder, a lo cual se sumaban los intereses. Era la mejor salida que teníamos a este problema", dijo el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, indicó a Colprensa que a pesar de no conocer por completo el decreto, era un deber del Estado hacer valer las remuneraciones de los parlamentarios, pero en debida forma.
"Ponerle un nombre de prima de salud o de ubicación y vivienda a una remuneración afecta la ley".
Agregó que el nuevo nombre que se le dio a esta reivindicación no contraría la ley, pues puntualiza lo que es realmente la remuneración de un funcionario público.
La coyuntura de la salud
El problema es que a la par de toda esta discusión, que como se ha visto lleva mucho tiempo, está la imagen de las sillas vacías en el Congreso en medio del debate del proyecto de ley ordinaria en salud, que se ha aplazado varias veces, ante la falta de quórum.
Para Cárdenas, es claro que ni el decreto, ni el proyecto de ley que tanto ha tratado de pasar el ministro de Salud Alejandro Gaviria, y muchísimo menos la sentencia del Consejo de Estado, tienen que ver con este trámite político en el Congreso. O con otros que están en la agenda, como la reforma al sistema de pensiones.
Si bien esa cifra no es un gasto nuevo, pues equivale a lo que recibían los congresistas antes del fallo del Consejo, el tema ha despertado cuestionamientos en diversos sectores porque se da en medio del ambiente de parálisis legislativa que ha acompañado el trámite de proyectos como el de reforma a la salud.
El problema de las primas
La ley 4 de 1992 estableció los criterios para definir el salario y las prestaciones de los congresistas, que serán fijados por el Gobierno Nacional. Éste, a través de decretos, puede otorgar primas de diversa denominación, que en últimas pueden casi duplicar el salario básico.
En este decreto del 4 de octubre, el Ejecutivo definió de una vez que esta prima constituye factor salarial, lo que significa que se tendrá en cuenta para liquidar la pensión, pero se les cobrará los impuestos sobre el total de la remuneración, según Cárdenas.
Esta polémica tuvo especial interés hace algunos meses, cuando la Corte Constitucional determinó que un congresista no podía tener una pensión superior a la del tope para el resto de los colombianos: 25 salarios mínimos.
"Se ha vuelto una costumbre de los gobiernos y se efectúa desde hace mucho. Simplemente por decreto se determina cuánto se da de prima, y en términos prácticos se aumenta la remuneración", señaló el abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, Antonio José Núñez.
De ahí se entiende el por qué la remuneración de los parlamentarios, para explicarla se divide en salario y gastos de representación y primas. Con estos últimos, decretados por el Gobierno, se busca ajustar las pretensiones de los congresistas.
Más de un 40 por ciento de lo que hoy obtienen se les otorga a partir de esos otros mecanismos que les da una remuneración distinta a la fijada por la ley.