Recompensas, un deber alejado de las aulas de clase

Desde hace más de siete años, parte esencial de la política de Seguridad Democrática ha sido ofrecer recompensas por colaboraciones efectivas con las autoridades. Ya se han entregado más de 30 mil millones de pesos por ese tipo de ayuda.

Casos emblemáticos como el de la muerte del segundo al mando de las Farc, alias "Raúl Reyes"; la de Manuel Muñoz, alias "Iván Ríos", en marzo de 2008; la captura, en enero del mismo año, de Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito" (hoy prófugo), quien fuera el principal jefe militar del ELN, hacen parte de la lista de éxitos de esa política. Por estos casos, el Gobierno pagó cerca de 8.500 millones de pesos.

Sin embargo, la propuesta del pasado 26 de enero de incluir a mil estudiantes de Medellín como informantes de la Fuerza Pública, desató una fuerte controversia entre distintos sectores. Se argumenta que ese mecanismo podría aumentar los índices de violencia y homicidios.

Algunos expertos consideran que los cooperantes con salario no deben ser alumnos, ya que el problema de violencia se vería trasladado a las aulas de clase.

Más allá de que los estudiantes sean finalmente vinculados, el Gobierno no piensa cambiar el eje de su política de ir de la mano de la población civil. Hoy, las autoridades manejan dos esquemas para la seguridad y solidaridad: recompensas y red de cooperantes.

2,2 millones de cooperantes
Debido a los 1.432 homicidios que se registraron el año pasado en Medellín, según la Policía Metropolitana, cuyas víctimas fueron jóvenes menores de 30 años en su mayoría, el Presidente Álvaro Uribe Vélez tomó la decisión de aumentar a 2 millones 204 mil el número de cooperantes en Colombia.

"Hemos tomado una decisión de vincular a través de la Fuerza Pública, a mil jóvenes estudiantes de Medellín como informantes", dijo.

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, defendió la medida al argumentar: "Debemos ser solidarios en la lucha contra el crimen. En esa política, el señor Presidente ha propuesto que incorporemos a mil cooperantes; estudiantes mayores de edad, que voluntariamente deseen contribuir y ser solidarios en la recuperación de la seguridad ciudadana en Medellín".

Otro es el argumento que justifica la implementación de los estudiantes-informantes, según el director de la Policía, general Óscar Naranjo: "En el caso de Medellín, cerca del 60 por ciento de las víctimas de homicidios son jóvenes menores de 30 años y el 36 por ciento de éstos no superan los 25 años. Lo que estamos es obrando para promover la denuncia y una cooperación ciudadana para cerrarles espacio a los delincuentes".

En la actualidad existen 2 millones 203 mil cooperantes, entre los que se destacan 3 mil que reciben bonificaciones.

Falsa denuncia
El Ministerio de Defensa cuenta con sistemas especiales para evitar que los informantes o cooperantes proporcionen falsas denuncias. Esta actividad se realiza con más intensidad luego de conocer que se crearon bandas criminales sólo para cobrar el dinero que el Gobierno ofrece por denunciar.

Uno de los casos conocidos fue el del 22 julio de 2008, cuando una persona creó una organización ilegal para acceder al pago por información en Bogotá. El sujeto contrataba personas para colocar detonantes y posteriormente llamaba a las autoridades para cobrar el dinero. El hecho fue denunciado por el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.

El mandatario capitalino sostuvo en ese momento que, por lo menos, cuatro atentados con petardos de regular poder, registrados en Bogotá fueron obra de los delincuentes liderados por el supuesto informante.

Parte de ese proceso de seguridad, de acuerdo con encargados de diligenciar los formatos para ingresar al programa de recompensas, es que lo primero que tiene que hacer un ciudadano es llamar a cualquier entidad de la Fuerza Pública y registrarse como auxiliador.

Posteriormente, los colaboradores se registran con datos precisos y verídicos, desde ese instante se le asigna un código y nombre para que denuncie cualquier hecho criminal y reciba una suma determinada.

Ecos de la propuesta
Ante la idea lanzada por el Presiente en Medellín, expertos en seguridad y representantes de Universidades argumentaron que, si bien es cierto que informarle a las agencias de seguridad del Estado es un deber constitucional, la propuesta de incluir estudiantes es una decisión inoportuna.

Jhon Marulanda, consultor internacional de seguridad, aseguró que las redes de informantes no deben llegar a las universidades, ya que sería contraproducente porque podrían presentarse enfrentamientos.

"La propuesta es inoportuna e inadecuada, pues pretende crear redes de informantes en el sector universitario y de lo que se trata es de prevenir la delincuencia en el ámbito nacional. Los estudiantes que realicen las demandas se exponen", sostuvo Marulanda.

Este experto dijo que los estudiantes deben anunciar lo que pasa en sus centros educativos de manera espontánea y no "cuando haya dinero de por medio, porque ese es un deber de todos", al pensar que esto se convertiría en un negocio, los más perjudicados serían los propios alumnos.

Es claro para analistas consultados que de manera constitucional, los más de 44 millones de colombianos deben denunciar actos ilegales, pero sin que las instituciones educativas participen activamente como informantes ya que podrían convertirse en objetivos militares de los delincuentes.