Referendo: inútil y complejo
Si bien entendimos que en su momento el Presidente Uribe deseara acudir al procedimiento democrático de consultar al pueblo para defender la elección de su período de gobierno 2006-2010, sutilmente cuestionada por la Corte Suprema de Justicia, ahora no lo consideramos pertinente por cuanto no queda la más mínima duda de la legalidad y legitimidad de su mandato.
La Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar que "ha perdido su competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el acto legislativo 02 de 2004". Ya el alto organismo judicial había declarado que dicho acto se ajustaba a la Constitución Nacional, y en aras de la seguridad jurídica que debe acompañar a un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, no le es permitido desconocer la institución de "la cosa juzgada".
A pesar de que el referendo no sería para prorrogar el actual período presidencial ni para decidir acerca de un eventual tercer mandato del Presidente Uribe, sino para avalar la legalidad del presente, tal como lo ha asegurado el Gobierno, vemos muy complejo llevarlo a la práctica. Es imposible repetir las mismas circunstancias históricas, además de los altos costos financieros para su realización y sus preocupantes consecuencias económicas, políticas y sociales.
Los principales protagonistas de la contienda electoral de 2006 ya han dicho que no quieren o no pueden volver a lanzarse como candidatos presidenciales. Así las cosas, tendríamos una repetición de una jornada democrática con un solo candidato o con algunos totalmente desconocidos, algo insostenible para una democracia como la colombiana que se precia de ser sólida y seria. Correríamos el grave riesgo de parecernos al remedo de democracia de Zimbabue, que en sus últimas elecciones tuvo como único candidato a su presidente Robert Mugabe.
La prestigiosa revista The Economist, en su editorial del 3 julio pasado, reconoce los aciertos del Primer Mandatario colombiano, al expresar que "solo aquellos cegados por la ideología niegan que Álvaro Uribe ha hecho de Colombia un mejor lugar", pero considera desproporcionada tanto la posición de la Corte Suprema de considerar inválida la elección presidencial, como la idea de la realización de un referendo para conseguir el aval del pueblo.
Para quienes albergaban dudas sobre la legalidad del segundo mandato del Presidente Uribe, por causa de la insólita inquietud de la Corte Suprema, ya está claro que el Gobierno tiene un origen ajustado a derecho. Así lo acaba de confirmar la Corte Constitucional. ¿Para qué entonces someter al país a un desgaste innecesario, engorroso, complejo, costoso e inútil que podría minar la gobernabilidad y la imagen internacional de Colombia?
Los nuevos y felices acontecimientos abren una perspectiva promisoria que obliga a enderezar todas las energías hacia el futuro. No hacia el pasado.