REFORMA PARA DELINQUIR
Lo que era un orgullo de la administración de Juan Manuel Santos se convirtió en su mayor vergüenza. No es para menos. La reforma a la justicia que salió del Congreso es un monumento a la impunidad.
Un episodio que mostró lo peor de la política colombiana. Lo más vil y soez de la calidad que tienen los dirigentes que están en el Congreso y también de los que hacen parte de las Altas Cortes.
El debate nunca fue una discusión de argumentos sobre lo que necesita el país para mejorar el sector judicial, sino una cantidad de bandoleros protegiéndose de sus posibles crímenes presentes, pasados y futuros.
No fue un asunto de argumentos, sino de intereses. No fue un debate sobre un proyecto constitucional, sino un concierto para delinquir.
"Micos" por parte de los congresistas, inacción de los cómplices magistrados que con su silencio otorgaron, y un gobierno miope que no pudo ver ni medir la dimensión del problema hasta el último minuto.
Todos culpables.
Y después de esta orgía de errores por parte de politiqueros corruptos e ineptos, la cabeza que rodó fue la de un funcionario honorable: Juan Carlos Esguerra. Tal vez por eso es el único que ha actuado de manera decorosa en esta situación: por equivocado, porque sin duda erró, pero decente.
Los otros se han culpado entre si, han apuntado dedos, han dado excusas inverosímiles y pusilánimes, cuando en realidad los doce congresistas de la comisión de conciliación, Simón Gaviria y Juan Manuel Corzo, deberían asumir su responsabilidad en este tema tomando el mismo camino de Esguerra.
Al igual que algunos magistrados y el ministro del Interior, Federico Renjifo, quienes cubrieron e ignoraron los goles que los congresistas metieron durante todo este proceso, ya que la reforma venía con problemas desde antes de la conciliación.
El proyecto, en su origen, era bien intencionado, pero con el paso de los debates, comenzó a mutar en una reforma a gusto del consumidor eliminando los temas estructurales. Ahora la Corte Constitucional debe tumbar esto que no se va a arreglar en unas sesiones extras.
Santos se dio cuenta demasiado tarde de algo que era evidente hace rato. Y eso, en parte, es responsabilidad de Renjifo, puesto que la opinión pública prendió las alarmas correspondientes frente a lo que parecía obvio para todos menos para el gobierno.
Oídos sordos y ojos ciegos.
Y el sabor que queda es que todo fue intencional, que hubo una estrategia orquestada por el Congreso para meterle esos "micos" a la reforma.
Y por eso es importante que se establezca cuál fue la responsabilidad de los congresistas implicados. Y cuál la responsabilidad de las altas cortes que guardaron silencio. Y la del ministro Renjifo que no avocó esto en su justo momento. Ellos no pueden salir ilesos e impunes de esta tragedia legislativa.
Hay que rechazar el texto. Pero más importante hay que rechazar a los líderes políticos que la permitieron. A los que la escribieron. Y a los que se aprovecharon de esto para satisfacer sus intereses personales. Ahí está el problema estructural.