Regalías para el conocimiento
Con la reforma a las regalías se les dota a las actividades de investigación e innovación de una fuente fija de financiamiento. Esto implica que el presupuesto para la generación y el uso de conocimiento se multiplica por cuatro. El reto que tiene la institucionalidad del sector para asignar estos recursos es enorme, pues debe asegurar su mejor uso.
Uno de los principales avances que en materia económica se logró en la pasada legislatura fue el relacionado con el régimen de regalías. Con la reforma a los artículos 360 y 361 de la Carta Política se busca corregir la inequidad regional, alcanzar una mayor equidad social e impulsar el desarrollo competitivo de las regiones.
Con la reforma se dota de recursos de financiamiento a las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CT+I). En particular, se establece que el 10 por ciento de los ingresos del Sistema General de Regalías deberá destinarse al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que crea la reforma.
El Fondo tiene como propósito la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Los proyectos financiados por el Fondo serán definidos por órganos colegiados de administración y decisión, en los que participan representantes del nivel nacional y regional.
Luego de que por décadas las actividades de CT+I dependieran para su financiamiento de las veleidades del presupuesto nacional, finalmente se les define una fuente fija de recursos, con lo cual podrán contar con una disponibilidad mínima. Ello constituye un hecho de gran trascendencia, pues no sólo se garantiza el impulso a dichas actividades, sino que se establece un mecanismo financiero que le asegura al país la capacidad de crear las bases para hacer del conocimiento una fuente de crecimiento y desarrollo.
El Gobierno estima que, gracias a la reforma a las regalías, Colombia destinará, durante los próximos nueve años, para la investigación y la innovación, entre 9.4 y 9.5 billones de pesos. Se espera, entonces, que el país rápidamente pase de dedicarle anualmente a la CT+I el 0,4 por ciento del PIB, a, por lo menos, el 1 por ciento.
Esto implica que Colciencias, y en general la institucionalidad del Sistema de CT+ I, dejará de manejar un presupuesto público cercano a los 250 mil millones de pesos anuales y pasará a coordinar la ejecución de recursos por casi cuatro veces dicho valor. Ello, aunado al hecho de que dicha institucionalidad es muy incipiente y se encuentra en proceso de construcción, genera dudas acerca de su idoneidad para hacer una adecuada asignación de recursos.
Las cosas son aún más complejas si se tiene en cuenta el gran desequilibrio regional que se presenta en las capacidades, las actividades y los resultados en materia de CT+I. Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentran el 78,8 por ciento de las inversiones totales en las actividades de ciencia, tecnología e innovación, el 76 por ciento de los grupos de investigación y el 64 por ciento de investigadores. Por su parte, hay departamentos como La Guajira, Caquetá y Sucre, donde el nivel de capacidades es exiguo.
Ello determina que para el financiamiento de proyectos de CT+I no sólo se deberán atender criterios de demanda sino considerar elementos de oferta, como la generación de capacidades, de activos para la innovación y de mecanismos e instituciones especializadas.
Los nuevos recursos deberán, en esencia, servir para establecer e impulsar las bases de la CT+I en las regiones donde actualmente es muy precario su desarrollo, y potenciarlas, fortalecerlas y ampliarlas en aquellas donde ya se cuenta con un cierto nivel de avance. Ello en el entendido de que todos estos esfuerzos deben estimular la generación y el uso del conocimiento para el desarrollo productivo basado en la innovación y la solución de los problemas sociales que enfrenta la población colombiana.