Relevo cauteloso e inevitable
La salida de cinco generales, además del comandante de las Fuerzas Militares, es una anestesia local, inmediata y necesaria. Se abre un compás de espera al resultado concreto de la investigación.
A su salida se sumó el retiro del general Javier Rey Navas, jefe de Operaciones Conjuntas de las FF. MM. y el llamado a calificar servicios a Manuel Guzmán, segundo comandante del Ejército; Fabricio Cabrera, jefe de Aviación; Jaime Reyes, jefe de la Oficina de Acción Integral, y Diego Sánchez, comandante de la Jefatura de Familia.
Respecto del general Barrero, el Gobierno enfatizó no poseer prueba alguna de que hubiere participado en episodios de corrupción. En los demás casos se trata de un marginamiento que entendemos preventivo e impuesto por un escándalo que se debe investigar, no solo con el ánimo de buscar culpables a cualquier precio sino también con el interés de esclarecer quiénes y cómo participaron en eventuales redes de favorecimiento en contratos.
El general Manuel Guzmán expresó ayer su descontento por el final prematuro de su carrera, y por las dudas que la decisión del Ejecutivo siembra sobre su transparencia. No resulta oportuno anticipar responsabilidades y culpabilidades. Ojalá el sacrificio de estos cinco altos oficiales contribuya a una investigación pronta, como prontas deben ser las acciones en torno a si ellos tuvieron o no algo que ver con supuestos intereses indebidos, tráfico de influencias o celebración de contratos sin requisitos legales.
La seguidilla de ruidos mediáticos que comenzó con las interceptaciones de Andrómeda, que podrían terminar siendo legales, pusieron al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, contra las cuerdas que sostienen la credibilidad de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública nacional e internacional. Santos calificó de inaceptable lo sucedido en el caso de las contrataciones.
Estos relevos, por demás, resultan habituales cuando algún viento de costado azota y erosiona la confianza interinstitucional e intrainstitucional, dadas, por ejemplo, las expresiones desobligantes del general Barrero respecto de la Fiscalía General de la Nación. Y por eso el oficial asumió que se trataba de "una decisión política" cuyo peso debía cargar en el contexto de la acostumbrada subordinación de los militares al poder civil. No hubo aquí nada fuera de libreto, era lo previsible.
Los críticos más verticales del presidente Juan Manuel Santos advierten que, desde que era ministro de Defensa y ahora en su gobierno, ha acostumbrado personalizar los logros de las Fuerzas Militares y socializar y descargar los errores de las mismas, "cobrando cabezas" injustamente.
Pero, en contraste, este diario conoció de primera mano que los recientes cambios en la cúpula fueron recibidos sin sobresaltos en el generalato, que los considera propios de las dinámicas institucionales y que además cree que no se generan fisuras en las relaciones Ejecutivo-Fuerzas Militares, ni en materia de control administrativo ni en el contexto de las actuales negociaciones con las Farc.
Por fortuna estamos ante un Ejército con gran tradición de respeto al orden democrático y la figura presidencial. De admirables logros militares. Un Ejército capaz de reinventarse y avanzar incluso en circunstancias controversiales. Que lo ocurrido sirva para fortalecer la solidez institucional y, por supuesto, para corregir los yerros que se llegasen a constatar.
LAS MEDIDAS SON INSUFICIENTES; EL MINISTRO PINZÓN DEBE SALIR DEL CARGO
Por JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República e integrante del Polo Democrático Alternativo
Lo primero es la especial gravedad de los hechos. Las pruebas son contundentes. Hay un problema de corrupción mayúsculo, sobre sumas muy altas y se deduce que hay más de un involucrado. Hay un cáncer de corrupción en la cúspide del Ejército.
Me parece que un hecho de esta gravedad, que ocurre bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, y de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, debe incluir, debe provocar la renuncia del ministro.
La cosa es muy simple: si el ministro sabía -y no lo estoy acusando, es una pregunta- pues debe renunciar. Y si no sabía, pues también debe renunciar. Colombia está en mora de exigir que los ministros asuman la responsabilidad política de los asuntos mayores de sus carteras. Así ocurre en todos los países del mundo medianamente serios.
Hay que acabar con la contratación de las Fuerzas Armadas que no se rige por el derecho público sino por otras normas. Eso es inaceptable. Este gobierno, poco a poco, ha eliminado los sistemas de licitación, y eso les facilita las andanzas a los corruptos. El Estado tiene gran responsabilidad.
Las medidas aplicadas no satisfacen. Este episodio y el de las chuzadas son muy graves y el ministro está en mora de renunciar.