Respuesta a un editorial
El asunto que toca "el nervio mismo de la violencia en Colombia", como acertadamente define el editorial de EL COLOMBIANO del 24 de agosto a la Ley de restitución de tierras despojadas, es el asunto de la informalidad de los derechos campesinos a la tierra, sin protección jurídica, frente a los derechos titulados a nombre de quienes figuran como los propietarios formales de la tierra en Colombia.
Aunque cuatro de cada cinco despojados de su tierra se sentían dueños, sólo uno aparece como propietario inscrito en el registro de propiedad. En el otro extremo, todos los despojadores y sus testaferros, igual que los narcos que lavaron dinero en la compra de tierras, aparecen en el registro como legítimos propietarios, con certificado a su nombre.
El problema de la tierra en Colombia se resume precisamente en el hecho de que el registro de la propiedad no refleja ni siquiera la realidad de la tenencia, mucho menos su ordenamiento social adecuado y justo, porque desconoce los derechos campesinos y reconoce como legales la usurpación y la riqueza ilícita. Ordenar y legalizar los derechos de propiedad de la tierra es la tarea pendiente del país, y ese es el contexto de fondo en que tiene que aplicarse la ley de restitución de tierras despojadas y que sin duda la llena de dificultades, por ser el primer paso de esa enorme tarea.
No es sorpresa que 21 títulos de adjudicación del Incoder a campesinos del corregimiento Nueva Colonia de Turbo hubieran aparecido parcialmente superpuestos con un título registrado a nombre de un propietario privado, y que el Instituto hubiera tenido que revisar su actuación para corregir trámites incompletos de reforma agraria. Muchos casos en el futuro se van a encontrar con enredos similares y no van a detener la restitución, que es también un programa de formalización de la propiedad, que resuelve situaciones conflictivas que vienen del pasado.
Tampoco puede desconocerse que los titulares de Turbo habían perdido su posesión desde 1984 a favor de familias campesinas desplazadas desde Córdoba, que invadieron los predios y a las cuales el Incora había parcelado la tierra luego de un proceso, al parecer, inconcluso de negociación o expropiación al propietario titular. Tampoco se ignora que el EPL auspició esas invasiones en Urabá y que los paramilitares desplazaron a sangre y fuego a los parceleros de la reforma agraria para revertirla a la fuerza.
Ahora los adversarios de la restitución quieren no sólo detenerla, sino también echar para atrás la poca reforma agraria que se hizo en los años 70 y 80, para regresar al estado ideal para ellos, anterior a la reforma agraria, como si no hubiera habido movimiento campesino, invasiones, parcelaciones, interferencia de actores armados en el control de la tierra, desplazamiento y despojo, y finalmente, ley de víctimas y decisión política de aplicarla para la reparación y la restitución de tierras despojadas.
El Gobierno centralizará el estudio de las reclamaciones de restitución para asegurar que los que califica como "traficantes de víctimas" no tengan oportunidad de falsear información para presentar como despojados a sus clientelas políticas o ideológicas, para vulnerar derechos legítimos, que también están bajo la protección del Estado. El Gobierno sabe que tratándose de los derechos de propiedad, la aplicación de la ley debe ceñirse al rigor de las pruebas y los procedimientos, con especial cuidado para reconocer y titular los derechos de los más vulnerados, los campesinos desplazados y despojados con violencia, a cuyo favor opera la inversión de la carga de la prueba ante los jueces.