Respuestas para el Libro Blanco

El llamado Libro Blanco , anunciado por el Gobernador Sergio Fajardo tan pronto entró a su despacho en La Alpujarra, ya se presentó para conocimiento de la ciudadanía.

¿Su objetivo formal?: un ejercicio de ética pública, transparencia gubernamental, y de compromiso creíble con la honradez y la pulcritud en la administración de los recursos públicos.

Y sus objetivos colaterales, pero no menos evidentes: mostrar crudamente la diferencia de estilos políticos y de formas de concebir la administración y el servicio a la comunidad. Y, por supuesto, obligar a unas respuestas muy concretas, múltiples, del Gobierno departamental anterior.

De entrada, la presentación que hace el Gobernador en la primera página del Libro Blanco es una carga de profundidad, explícita y casi feroz, contra las prácticas que, a su juicio, mancharon la anterior administración.

Dice Fajardo que "La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las bandas criminales o las guerrillas. Los daños son similares. Entre corruptos y violentos han logrado, en el fondo, lo mismo: convertir en migajas las oportunidades de las personas con mayores necesidades de nuestra sociedad".

Semejantes palabras, unidas a continuación en la relación de toda una serie de inconsistencias contractuales y financieras, no parecen tener interpretaciones muy distintas a esta: el actual Gobernante cree -y ofrece documentarlo- que su antecesor Luis Alfredo Ramos es merecedor de tan severo y desolador juicio.

Es un reto del Gobernador Fajardo y su equipo: al hacer pública esta información -garantizando un derecho ciudadano a saber cómo se administra lo público- se comprometen con la seriedad de las denuncias y la solidez de lo afirmado. Saben, sin duda, lo que se juegan.

Y por otro lado, como de forma coherente el propio Fajardo lo pide al final del documento, sienta un precedente para que a su propia administración le ejerzan un control igual de riguroso.

Los casos puntuales referidos en el Libro Blanco han sido objeto de información periodística estos cuatro últimos días. La preocupación, incluso la indignación, que genera su lectura, es inocultable.

Porque allí en el Libro Blanco se ponen sobre la mesa no simples errores administrativos del mandato anterior, sino asuntos que podían sobrepasar el Código Disciplinario Único y bordear el Penal, aunque esto deben determinarlo las autoridades competentes, con un debido proceso y todas las garantías.

¡Cómo hubiéramos querido haber tenido entes de control eficaces en Antioquia el pasado cuatrienio! Para el mismo gobernador Ramos habría sido una ayuda inestimable.

Muchos de estos temas los reveló este diario en investigaciones periodísticas muy bien documentadas. Pero ante ellas sólo hubo silencio de los entes fiscalizadores.

Acomodados en el acompañamiento complaciente y mudo de la Contraloría Departamental, muchos pensaron que a lo mejor, nada se sabría. Pero se equivocaron también en eso.

Ahora que ha habido relevo tanto en la Contraloría Departamental como en la Procuraduría Regional, y pronto lo habrá en la Fiscalía General, esperamos que se tomen las cosas en serio.

Una apuesta de esta envergadura del Ejecutivo Departamental necesita respaldo ciudadano y el concurso de los entes de control.

Tanto el exgobernador Ramos como su equipo tienen todo el derecho a responder, defenderse, desvirtuar lo dicho, si es del caso, pero también la obligación de aclarar tanto interrogante.

No deben acudir a las respuestas por la vía del insulto o la descalificación. El tema es serio, y serias habrán de ser sus explicaciones, que toda Antioquia espera.