Restitución de tierras corre a cuenta gotas
Albeiro Valdés recuperó 35 de las 110 hectáreas de tierra que los paramilitares al mando de Carlos Ardila Hoyos, alias "Carlos Correa", le quitó a su familia, y regresó a la vereda El Totumo, de Necoclí, con los títulos que le devuelven la propiedad sobre sus tierras. En noviembre y tres días después de instalarse ya había recibido las primeras amenazas para que abandonara lo que ya en 1995 había dejado en manos de sus victimarios.
Albeiro es uno de los cientos de campesinos que hoy con la ayuda de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y con una confianza a medias en el proceso de Justicia y Paz, esperan recuperar lo que perdieron.
"Después de dos horas retenidos por las Auc decidimos irnos dejando todo, en la noche cogimos lancha hacia Capurganá", cuenta Albeiro quien huyó junto a su hermano Alfonso, luego de que su padre y un hermano fueran asesinados por las Auc.
"Carlos Ardila, alias 'Carlos Correa', mantuvo tres años una base paramilitar en nuestra finca, y luego fue a decirnos que nos iba a devolver la tierra, pero que teníamos que pagarle las mejoras, no teníamos con qué. Al tiempo mi mamá le pidió que le pagara la tierra, y él le dijo que le iba a dar una hectárea y media en El Totumo, y diez millones de pesos en un mes. Cuando mi mamá fue a cobrarle le dijo que fuera donde Carlos Castaño, que le cobrara a él".
De ser víctima de "Carlos Correa" y sus hombres en Urabá, no se salvó ni su propia tía. El pasado lunes Libia Ardila Hoyos esperaba que la justicia le devolviera su finca El Diamante, en la vereda La Ceibita, en Necoclí. "En mayo de 1995 me mandó una carta y me dijo que tenía que desocupar", recuerda Libia.
Pero a pesar de que su sobrino y victimario ya está muerto y que en las versiones de "el Alemán" su nombre y sus fechorías han sido nombradas, Libia aún no recupera lo que le pertenece.
Esta mujer perdió el viaje a Medellín, pues al magistrado de Justicia y Paz que realizaría la audiencia el lunes, olvidó citar a la diligencia a quienes hoy figuran como propietarios de las tierras, y sobre quienes Justicia y Paz deberá decidir si les anula o no los títulos sobre los bienes.
Más de 4 años de espera
"Lo que le pedimos a las autoridades judiciales, es que adelante rápidamente estos procesos. Las demoras por las suspensiones de las audiencias, las discusiones de si son competentes o no, nos tienen cuatro años y medio en este proceso. Día que pase, día que favorece a los miembros de las autodefensas y a sus testaferros, porque les sirve para esconder, transferir y ocultar los bienes y eso va en detrimento de las víctimas", indicó Gerardo Vega, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Antioquia.
Frente a esta demora en la evolución de los procesos de restitución de bienes usurpados por las Auc, el coordinador de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín, Héctor Eduardo Moreno, señaló que este no es un tema fácil ni se puede abordar a la ligera. "Este es un proceso que va lento como todo lo de Justicia y Paz. Y no porque sea un proceso de justicia transicional quiere decir que hay que desconocer garantías procesales, quizás algunas se atenúen. A nosotros también nos preocupan los derechos de las víctimas, y hay casos de personas que aparecen vendiendo después de muertos o de ser reportados como secuestrados o desaparecidos, digamos que desde el punto de vista probatorio, conducen a precisar que efectivamente ocurrió un hecho fraudulento, pero esos son pocos casos, no es la generalidad", señaló Moreno.
Entre esos casos está la historia de Máximo Hoyos. "El 10 de julio de 1995 a las 7:00 a.m. entraron las autodefensas a Nueva Australia, la finca de la familia en la vereda Tulapas, de Turbo y asesinaron a mis dos hermanos Luis Edilberto y Never Price", cuenta Máximo, quien hoy reclama porque uno de sus hermanos aparece firmando la venta de 30 hectáreas de la finca el 14 de diciembre de 2006, once años después de haber sido asesinado por las Auc.
En Antioquia hay víctimas que tienen los predios todavía a su nombre pero que no tienen la posesión material del bien, "en las versiones libres los desmovilizados deberían devolver esas propiedades de manera directa porque ahí no hay conflicto jurídico", señala Gerardo Vega.
A otras víctimas les figuran sus bienes a nombre de un tercero o un testaferro. En este caso hay que anular los títulos que fueron obtenidos de forma fraudulenta.
También hay casos de personas que fueron despojadas de tierras que eran de propiedad de la Nación. Para reparar a estas víctimas la CRB busca que el Incoder, les titule las tierras a través de resoluciones de adjudicación. También hay bienes que fueron abandonados por violencia generalizada, en estos casos la idea de la CRB es acompañar el retorno de sus propietarios.
Algunos versionados dentro del proceso de Justicia y Paz están ofreciendo para la reparación de sus víctimas bienes que usurparon a la fuerza y que hoy son reclamadas.
"En la vereda Tulipas tenemos más de 20 mil hectáreas, en las que operaron las autodefensas del norte de Urabá, la Casa Castaño, y el Bloque Élmer Cárdenas y que han sido ofrecidos para reparar a las víctimas. Esos bienes deben ser restituidos, no deben ir a al fondo de reparación, porque allí hay dueños que fueron despojados o que los obligaron a vender. La Procuraduría nos ha informado por escrito de 65 casos donde hay personas que están reclamando esos predios", indicó Gerardo Vega.
A pesar de las promesas de verdad, justicia y reparación, de que las tierras retornarán a sus propietarios, lo cierto es que Albeiro Valdés, que ya regresó y tiene la titulación de sus tierras, está amenazado; Libia aún no recibe lo que su propio sobrino le quitó, mientras que Máximo sigue sin entender cómo la justicia no opera ante una evidencia tan clara como la firma de su hermano en una compraventa, once años después de muerto
Ellos a veces sienten que todo es inútil y que las tierras nunca volverán a sus manos.