Riesgo para elecciones regionales
Esta semana presentó la Defensoría del Pueblo su análisis de riesgos para las elecciones regionales y locales, "Informe especial de riesgo electoral -Elecciones regionales 2011" del Sistema de Alertas Tempranas, SAT- el cual es una importante contribución de esta institución creada por la Constitución de 1991 y que, debemos reconocer, ha venido cumpliendo un papel importante en la defensa -preventiva y reactiva- de los derechos humanos.
Hay que recordar que el presupuesto básico de un proceso electoral en democracia es la existencia de libertad e igualdad, tanto para los aspirantes como para los votantes. Si hay constreñimientos a los candidatos que les impidan participar en la competencia, ya sea por amenazas de grupos armados ilegales o por la inequidad en las condiciones de la competencia, ahí existe un problema del cual el Estado y la sociedad deben ocuparse.
Pero igual sucede con los votantes, si son presionados a votar en uno u otro sentido o si se les impide o se les obliga a ejercer su derecho ciudadano por medio de la violencia o la amenaza, por supuesto que ese es otro tema de preocupación y de respuestas de las autoridades.
Por eso es muy importante el informe citado de la Defensoría del Pueblo en que señala, como producto del SAT, que existen 199 municipios de riesgo alto de interferencia de grupos armados ilegales (guerrillas o los sucesores de los grupos paramilitares) y 157 municipios de riesgo medio de estos mismos grupos y considera ocho regiones como críticas, siendo la región suroccidental del país, La Macarena y el Departamento del Guaviare y la región del piedemonte araucano y casanareño las más preocupantes.
Esto, junto con otros informes como los de la MOE, son insumos fundamentales para las autoridades civiles y la Fuerza Pública, para diseñar sistemas preventivos de protección de candidatos para que puedan adelantar sus campañas y de contrarrestar la influencia que pretendan desarrollar sobre los electores y su eventual intención de obstruir la jornada electoral.
Pero adicionalmente se deben adelantar medidas tendientes a garantizar la transparencia y eficacia del debate y la jornada electoral. En esa dirección hay que saludar la medida de la reforma política que responsabiliza a los partidos políticos por el aval que den a los candidatos, lo que ha llevado a que muchos partidos opten por no avalar determinadas candidaturas -lo que no significa que éstas necesariamente estén incursas en conductas delictivas, pero que pueden existir dudas y frente a ello opera la lógica 'frente a la duda abstente'-.
Igualmente se debe vigilar por los organismos estatales y por las organizaciones ciudadanas el tema de la financiación de las campañas, especialmente por el antecedente inmediato de la llamada 'parapolítica', pero igualmente por la tradición colombiana de buscar 'controlar' a los elegidos, especialmente en algunas regiones y municipios, a través de la financiación de la campaña y adicionalmente utilizar prácticas condenables como la compra de votos -muy ligada a la vieja tradición clientelista de la política colombiana y que tiene más presencia en ciertas localidades-.
También hay que decir que la reforma política recién aprobada creó condiciones de desbalance muy grandes para los candidatos de 'grupos significativos de ciudadanos', a tal punto que los colocó en una clara situación de desventaja frente a los de los partidos políticos. Si la Constitución de 1991 fue poco generosa con los partidos políticos y abrió las vías a la participación ciudadana, las dos últimas reformas político-electorales se han ido al otro lado.
Por lo tanto debemos anotar que los riesgos electorales no solamente provienen de los actores armados ilegales, sino también de otros actores que se mimetizan en las regiones y que pueden representar capitales de origen ilícito y que buscan controlar o seguir controlando ciertos poderes locales o regionales.