San José de Apartadó quiere superar su tragedia

El sargento del Ejército que sale a la carretera, saca su mejor cara de asombro para preguntar "¿nadie sabe que ustedes van para allá?".

Le cuesta creer que dos periodistas vayan a San José de Apartadó, en la parte trasera de un "chivero", sin tener quien los reciba.

El primer retén, después de 10 minutos de haber salido de Apartadó, es el que anuncia que las montañas están inundadas de Fuerza Pública.

La vía que conduce al pueblo que hace cinco años lloró a los muertos de La Resbalosa y Mulatos -tres menores y cinco adultos a los que bajaron, sin vida, sobre mulas desde las veredas-, continúa al descuido, destapada.

La escuelita de La Victoria, que se asoma a un lado del camino, aún tiene una sola profesora para todos los cursos, desde el kínder, hasta los avanzados de bachillerato.

Al llegar, lo primero que se ve es un pueblo medio desocupado. Después de la masacre del 21 de febrero de 2005, se llegaron a contar 18 familias. Dicen que se fueron 20 mil personas.

Pero con el paso de los años, la gente fue volviendo y ya hay 125 viviendas habitadas, según un censo que se hizo hace siete meses para pintar las fachadas de las casas.

Y aparece otro retén. Éste es dirigido por cuatro de los 50 hombres de la Policía que copan, calle a calle, lo que parece más bien un caserío, que exhibe la mitad de sus ventanas cerradas.

¿Cómo hace uno para trabajar bajo esta tensión? "Simplemente decir la verdad, ni estar con el uno ni estar con el otro. Neutralidad y ser claros", dice María Elena Sánchez Agudelo, la corregidora.

Lo dice en medio de un febril diálogo que sostiene con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con miras a la construcción de un parque infantil. Cada obra, cada inversión, es concertada y discutida hasta el cansancio.

Las ilusiones de la comunidad están ahora puestas en un colegio para 700 estudiantes, sobre un terreno baldío que ya compró el Municipio. Habrá que desatrasar, dice Rodrigo Zapata, el secretario de Educación de Apartadó, a un montón de muchachos, ya quinceañeros, que no leen ni escriben.

La presencia del Ejército cae bien, pero a veces no tanto. Por un lado, hay habitantes de San José que apoyan a las tropas. Lo dicen abiertamente. Pero por otro, hay quienes afirman que campesinos de las veredas Buenos Aires, Mulatos, La Cristalina, Las Nieves y otras, firmaron un documento pidiéndole a los soldados que no entraran a los cultivos. "No son nuestros enemigos, pero tampoco confiamos en ellos", dice un hombre que no compromete su nombre.

Hace exactamente un mes, se devolvieron para sus casas 200 desplazados que se habían tomado la sede comunal. Protestaban porque, según ellos, el Ejército se les metió de sopetón, buscando guerrilleros, luego de que estallara una mina antipersonal.

Pero el Ejército también ha traído confianza, dicen otros. Este año se han realizado seis Jornadas de Apoyo al Desarrollo, en las que ha llegado desde el médico, hasta el zapatero. Desde que llegaron los soldados, los hostigamientos de los frentes 5 y 58 de las Farc son cada vez más lánguidos y esporádicos.

En marzo de este año, se supo de la muerte en combate, cerca a Turbo, de Otoniel de Jesús Restrepo, alias "El Indio", un hombre al que se le endilgaba el asesinato de dos indígenas, además de varios actos terroristas.

La respuesta de la guerrilla ha sido la siembra de minas antipersonal. El día que estalló el artefacto en Bellavista, un soldado perdió la vida. "Le quedaron las hilachas del uniforme", cuenta un lugareño.

Y es que este año se han desactivado 52 campos minados, confirma el coronel Germán Rojas Ruiz, comandante del Batallón Voltigeros.

"La situación está controlada, pero hay que decir que estamos hablando de una zona todavía muy delicada", es la opinión del coronel Jaime Ávila Ramírez, comandante de la Policía de Urabá.

Las víctimas de la comunidad de Paz, las mismas que decidieron hace 13 años declararse neutrales en el conflicto, se fueron del casco urbano y se ubicaron en una finca aledaña ante la llegada de la Policía.

En San José no se habló mucho de la condena esta semana de cinco ex paramilitares por los hechos de Mulatos y la Resbalosa. Sin embargo, el abogado de las víctimas, Jorge Molano, dice que los fallos proferidos reafirman lo que la Comunidad de Paz predicó desde el mismo día que se conoció la noticia: "que todo hizo parte de lo que se denomina un franco exterminio", dice.