Por falta de plata se hundió el proyecto de ley de víctimas

Tras dos años de intensos debates y audiencias, la llamada ley de víctimas se hundió en la conciliación. La razón: el Gobierno le pidió a su bancada no aprobar el proyecto porque se le abriría un hueco fiscal irreparable al Estado.

Con 48 votos por el sí al rechazo a la conciliación presentada por la oposición, contra 24 votos por el no, se hundió el proyecto.

El trámite
A pesar de lo aprobado en la Cámara el martes pasado, el miércoles varios congresistas que hacían parte de la comisión de conciliadores firmaron el texto radicalmente opuesto al aprobado en la Cámara.

El hundimiento se preveía pues el Gobierno pidió que se leyera un comunicado en la plenaria en el cual les pedía a los parlamentarios que se hundiera la ley porque ésta era inconveniente fiscalmente para el país.

"En reunión del Presidente con algunos ponentes del proyecto de ley de víctimas, han pedido que no se apruebe el acta de conciliación porque un costo superior a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado", se indicó en el comunicado leído por el secretario de Prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez.

Además se agregó que era "imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento".

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, intervino en la plenaria para decir que ya el Gobierno está reparando a 240.000 víctimas mediante el decreto por vía administrativa.

"Este ha sido el único Gobierno que las ha reparado", agregó. Incluso dijo que el 20 de julio próximo se va a presentar una ley que recoja los estándares internacionales en ayuda a las víctimas y que sea responsable para el país.

Sin plata
Desde un principio el Gobierno dejó claro que era más factible la ponencia aprobada en la Cámara que, según las cuentas, costaría 22 billones de pesos. Pero para los autores las cifras no respondían a las necesidades de las víctimas.

El senador y autor del proyecto, Juan Fernando Cristo, desestimó las cifras entregadas por el Gobierno y dijo que él no buscaba quebrar al Estado.

Cristo le dijo a la plenaria que no era cierto que existiera un universo más amplio de víctimas, que se quisiera entregar esquemas de protección personal a estas o que se pretendiera incluir a personas que no sufrieron daño. "Todo lo que está en la carta del Ministro de Hacienda es sobre supuestos", agregó, refiriéndose a una carta del ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en la que hizo un análisis del costo fiscal para el país si aprobasen la ley.

Cristo además resaltó que las tres entidades que se buscan crear para la reparación a las víctimas: oficina del Alto comisionado para las víctimas, Tribunal para la restitución de bienes y Comisión de la verdad de tierras, no tendría un costo alto.

Tras la votación afirmó que lo único que se podía sentir es dolor y que el Gobierno era "mezquino y tacaño con las víctimas, no existe una política de Estado en este tema".

Zuluaga criticó que en la ley se pensara en una reparación de muebles como electrodomésticos o animales.

Además sostuvo que no se podía reparar a familiares de las víctimas. "Tratan de inventarse una ley ideal para un país que no tiene posibilidades fiscales", dijo.

Enfrentamiento
El trámite no estuvo alejado de enfrentamientos entre integrantes de la bancada de la coalición en la plenaria del Senado.

Los senadores Elsa Gladys Cifuentes, Marco Cortés y Daira Galvis manifestaron que no fueron llamados a la conciliación de las dos ponencias radicalmente distintas y responsabilizaron por ello a sus colegas Armando Benedetti y Samuel Arrieta.

Arrieta les respondió que no es de su obligación llamarlos. "Le hicieron un mandado al Gobierno pues en la votación de Senado hace varios meses, estaban de acuerdo con el texto", agregó.

Por ahora a las víctimas les queda esperar un nuevo proyecto.