Si la madera tapa el bosque
El Ministerio del Medio Ambiente acogió las denuncias de este diario en torno a la tala selectiva de bosques vírgenes en Bahía Solano, Chocó, y advirtió sobre la carencia de estudios de impacto ambiental. Frente al aprovechamiento de los recursos madereros, es imperiosa la protección de especies animales y vegetales propias de un área de especialísimo valor ecológico universal.
La tala selectiva de bosques en Bahía Solano, Chocó, sugiere que la legislación ambiental está desactualizada y no contempla aspectos que se deben considerar para el aprovechamiento forestal. Creemos que debe haber un estudio minucioso y sin afanes para saber en qué regiones colombianas se puede adelantar y dónde evitar. La selva rica en biodiversidad es un ecosistema en el que todas sus partes están en estrecha relación, dependiendo unas de otras. Si se corta un árbol, se afectan otras especies vegetales y animales. Y si en una región solo se extrae una decena de especies, la relación se modificará. Como lo advirtió el Ministerio del Medio Ambiente, en este caso no se ha hecho el respectivo estudio.
Bahía Solano es parte del Chocó Biogeográfico, un corredor de Panamá a Ecuador, una de las 34 regiones de mayor biodiversidad del planeta, afectada ya por presiones en distintos sectores. La tala provocó la reacción de grupos ambientalistas y de ciudadanos que consideran que se puede afectar el bosque a futuro, como lo han expuesto investigadores que lo han estudiado por años.
El convenio entre el Consejo Comunitario Los Delfines de Bahía Solano y la empresa canadiense Prima-REM, para la tala selectiva de más de 44.000 hectáreas de los territorios que por Ley 70 fueron asignados a esa comunidad, ha encendido el debate sobre el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y sus habitantes.
El convenio contempla, a medida que se obtengan las licencias, la tala de 3.121.000 metros cúbicos de 13 especies, durante un periodo de 15 años, prorrogable por 10 más. Los firmantes sostienen que el aprovechamiento será sostenible al extraerse los árboles vía aérea, lo que reduce el impacto sobre el ecosistema, aparte de que la licencia autoriza un máximo de 70 metros cúbicos por hectárea.
La primera fase, entre 2006 y 2008, tuvo serios inconvenientes, que derivaron en investigaciones de la Corporación Autónoma del Chocó, responsable de conceder los permisos, aunque en 2010 autorizó que el aprovechamiento continuara.
Las denuncias obligaron una visita del Ministerio del Medio Ambiente, que halló irregularidades en aquella primera fase, como en la segunda, iniciada a finales de 2010 con la adecuación de terrenos y el inventario forestal, por lo que retiró temporalmente el manejo del proyecto a Codechocó y lo asumió.
No se trata de impedir el desarrollo de pobladores de una región tradicionalmente olvidada, sino de evitar que las futuras generaciones sufran las consecuencias de lo que, para citar dolorosos casos del presente, estamos padeciendo en este duro invierno a lo largo y ancho de las regiones Andina y Caribe por la deforestación de grandes cuencas.
Se debe obrar con cautela y analizar las distintas opciones que entreguen recursos directos a la comunidad, como la obtención de dinero por la venta de oxígeno que respalda Naciones Unidas y sus distintos mecanismos de mitigación frente al cambio climático, así como el aprovechamiento de los infinitos recursos genéticos que hay en el bosque y continúan inexplorados.
La Ley 70 entregó a aquellas comunidades territorios sobre el Pacífico. Ese solo hecho exige que sean usados con racionalidad. Y la tala selectiva, aunque legal y autorizada por la legislación, tiene que ser más estudiada en una de las regiones más ricas del planeta. No sea que luego lo lamentemos todos.