Siniestrados $154.800 millones en subsidios de vivienda
Presuntos actos corruptos e ineficiencia le quitan fuerza a la locomotora de la construcción de vivienda popular.
El dato es oficial del Ministerio de Vivienda: la construcción de techo para los más pobres tiene como lunar 278 proyectos siniestrados en el país, cuya recuperación pasa por la adjudicación a nuevos contratistas. Eso afecta a 21.000 familias que recibieron subsidios, por un valor de 154.800 millones de pesos.
En el caso de Antioquia, la fuente da cuenta de 16 proyectos incumplidos, con afectación de 898 subsidios por 6.033 millones de pesos. La pesadilla, sin embargo, es mayor en este departamento de lo que revelan las frías cifras.
En el municipio de Amalfi, por ejemplo, un proyecto habitacional de 176 viviendas se inició en 2005 y solo vino a concluirse ocho años más tarde. Las últimas 50 unidades las terminó en 2012 la alcaldía de Óscar Mario García Rendón, con el apoyo de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA). Pendiente está la suerte de la demanda penal que puso el anterior alcalde, quien afirma que le falsificaron su firma, para entregarle 226 millones de pesos a una constructora, que no era la que estaba ejecutando la obra.
El naufragio de los proyectos es repetitivo en el departamento, lo cual deja mal parada la eficiencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y la fuerza fiscalizadora de la Contraloría Departamental. Esta última, en un informe firmado por Jorge Rojas Otálora, indicó que en 2008 se avanzó en la ejecución de 33.654 viviendas en las que la empresa industrial y comercial del Estado había invertido 35.793 millones de pesos. De ese número, 3.300 unidades estaban terminadas, mientras que las paralizadas sumaban 7.159.
La misma Contraloría certificó en 2009 que de 1.418 convenios suscritos entre 2004-2008, estaban suspendidos 129, que costaban 89.210 millones de pesos. De ese dinero, 23.197 millones eran aportes de las familias pobres.
La contraloría de Rojas Otálora reveló, entre otros pecados, que no existía la figura de la interventoría. Lo curioso es que esa y otras deficiencias se mantuvieron en el cuatrienio de Luis Alfredo Ramos, que debía fiscalizar.
El sucesor de este último, Sergio Fajardo Valderrama, reveló que VIVA recibió 53.476 soluciones de vivienda inconclusas, entre nuevas, mejoramientos y legalizaciones. Mario Montoya, empresario que llegó a ejecutar 42 contratos por valor superior a 62.000 millones de pesos, asegura que nunca pagó un peso por interventorías. Y la actual contralora, Luz Helena Arango, reveló en abril de 2012, un presunto detrimento patrimonial de 12.715 millones de pesos en 19 convenios de VIVA. El panorama descrito es de obras abandonadas y de dineros entregados que no riman con el avance de las construcciones.
¿Y Medellín?
En la capital antioqueña el tema no tiene como meridiano la presunta corrupción e ineficiencia, como lo confirma la Contraloría de Medellín. Los líos se asocian más con el modelo de financiamiento y la pobreza de los beneficiarios.
Ejemplos: hay 449 beneficiarios de subsidios que viven ya en sus casas y las tienen escrituradas, pero le deben al Municipio 3.362 millones de pesos que debían aportar para el cierre financiero. La deuda promedio es de 13,2 millones de pesos y, si no la cancelan, perderán el subsidio y la casa.
Otras 256 familias dejaron de ser destechadas, pero no tienen escrituras, porque le deben al Isvimed 800 millones de pesos. La culebra tiene otra cabeza de 3.500 millones de pesos, por créditos directos que el Municipio les hizo a beneficiarios del subsidio. En total, familias que hoy tienen techo propio, subsidiado, están debiendo 7.662 millones.