Sobre las expresiones del alma
El domingo pasado tuvo lugar en Popayán un acto de entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado colombiano que fue liderado por el Presidente de la República. Se trató de un acto anunciado desde hace meses para hacer efectivo el pago de una suma de dinero por los daños sufridos por miles de colombianos durante el conflicto.
En su discurso, el Presidente manifestó que es "finalmente (al gobierno al que) le corresponde asumir la responsabilidad para resolver este problema". Acierta en afirmar que el proceso de reparación debe ser un acto de Estado y de aceptación de responsabilidad. Desafortunadamente, lo encaró como un problema, lo abordó como una expresión "del alma" y lo asoció a la política de seguridad nacional. Además, abordó la reparación como una cuestión económica -que lo es- pero no es su única dimensión, ni la más importante.
La reparación de las víctimas en otros países entrañó procesos lentos, dolorosos y costosos. Asumirla como programa político implica, ante todo, reconocimiento de todas las víctimas y de la responsabilidad por el proceso de victimización. La reparación debe incluir la generación de condiciones necesarias de reconocimiento y convivencia social, que acepte la disidencia como expresión. No es "una expresión del alma", debe ser expresión de una razón pública, de responsabilidad estatal.
Dos de los factores más importantes en el éxito de los programas de reparaciones son: la coherencia del programa con los intereses y derechos de las víctimas, y el tenor de las finalidades (tanto manifiestas como ocultas) bajo las cuales se adelanta la reparación. El tema no es tanto de la cantidad de dinero gastado sino de inclusión en lo público de los reclamos de las víctimas y de recuperación de los fines públicos del Estado en relación con ciudadanos que han sido victimizados, incluyendo las víctimas del Estado.
El acto de entrega de pagos a víctimas es un asunto de mucho cuidado, sobre todo cuando el dinero se extiende a personas con necesidades básicas insatisfechas. Los pagos deben hacerse, pero deben realizarse garantizando la dignidad, esto es, resaltando el dominio propio de la persona, su autodeterminación. Cuando una persona recibe el dinero, marcada por la necesidad, las medidas complementarias a la indemnización se tornan aún más importantes.
Un error en el acto de entrega de dinero fue encajar la reparación en una lógica de defensa nacional y seguridad. Una de las entregas simbólicas en el acto fue realizada por un comandante militar. El Presidente destacó que esa entrega significaba que "las Fuerzas Armadas tienen un compromiso de eficacia y un compromiso de transparencia". ¡Ojalá así sea! No obstante, resulta más que inconveniente vincular la política de reparaciones a fines militares y de seguridad. Lo último que debe hacer el gobierno es ligar las reparaciones con actividades psicológicas o de corte cívico militar relacionadas con intereses del esfuerzo bélico.
También resultó explícito del discurso presidencial que se está asimilando la ayuda humanitaria al proceso de reparación económica que inició. El Presidente destacó que Acción Social ya entregó millones de pesos a 29.000 víctimas de homicidios. Esos pagos son muy importantes para las víctimas que los han recibido. Pero los han recibido como asistencia humanitaria, no como reparación. El gobierno debe evitar a toda costa mezclar el esfuerzo de reparación actual con lo que ha hecho y debe seguir haciendo para socorrer y mitigar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Son dos tipos de acción muy distintos: una es un alivio pasajero, la otra debe contribuir a un proceso de reconstrucción individual y social.
Es importantísimo que el gobierno colombiano tenga como prioridad la reparación administrativa de las víctimas, pero debe asumir el reto de ser incluyente, evitar procesos de negación y deslindar la reparación de fines estratégicos (militares o políticos).
* Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia y Profesor de la Universidad Externado de Colombia.