Solidaridad con todas las víctimas
El proyecto de Ley de Víctimas expresa la solidaridad del Estado y la sociedad con el dolor de quienes han sufrido la violencia y el desplazamiento. Busca ser una hoja de ruta en el campo de la salud, la educación, la productividad y la restitución de los derechos a quienes les han sido vulnerados. El reto es lograr una reparación lo más integral posible, sin exageradas expectativas ni promesas incumplidas.
Nunca será suficiente la indemnización que se dé a una víctima de la violencia. El dolor por la muerte de un ser querido o por el desarraigo no tiene compensación equivalente, sea ésta de la magnitud que fuere. Sin embargo, las sociedades acuden a la reparación para tratar de paliar los injustos padecimientos, atendiendo al principio de la solidaridad. Como bien lo dice el Presidente Juan Manuel Santos, todos debemos apoyar la Ley de Víctimas, porque "es una deuda moral que tenemos que pagar los colombianos".
La Ley de Víctimas es una iniciativa del Partido Liberal y refleja el consenso alcanzado por la coalición de Gobierno, no obstante algunas observaciones del Partido Conservador, en el sentido de que las reparaciones deberán ajustarse a la realidad fiscal del país, advertencia que compartimos a plenitud dada la magnitud de las cifras y el riesgo de hacer inviable el Estado. En principio se estima que el Estado invertirá cerca de cuarenta billones de pesos, suma aún no definitiva puesto que en el transcurso de su aplicación puede variar el número de víctimas.
Hay que recordar que la propuesta del anterior Gobierno, archivada por falta de acuerdos políticos y luego de dos intensos años de trámite, establecía dos clases de víctimas: las de los grupos armados ilegales y las del Estado, a los que se les exigían requisitos diversos para poder aspirar a las reparaciones. Esta distinción fue rechazada por la oposición, por cuanto " no se podía aceptar la discriminación de las víctimas".
En el actual proyecto ya no se hace diferenciación alguna entre las víctimas de la guerrilla, las autodefensas y los agentes del Estado, pues así lo señaló el Presidente Santos al momento de presentar el proyecto ante el Congreso de la República, en un significativo gesto, ya que no es usual que un Primer Mandatario radique él mismo las iniciativas legislativas.
Sin embargo, hay que tener cuidado de no caer en el riesgo de darles a los policías y soldados el mismo tratamiento que a los terroristas. Tampoco se puede aceptar el hecho de que el Estado asuma la responsabilidad de sus agentes sin que un juez la demuestre previamente. Razón para apoyar la propuesta de incluir una cláusula que indique que la "reparación administrativa no implica ni responsabilidad objetiva del Estado ni penal de sus agentes". Consideramos vital esta normatividad, ya que el Estado no puede aceptar una autocondena.
La entidad e importancia que se le quiere dar a esta Ley de Víctimas responde no sólo al principio de la solidaridad con quienes han sufrido la violencia, sino que es también parte fundamental de la estrategia del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática que impulsa el Presidente Santos. Además, se propone la creación de una Unidad Administrativa Especial de Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República y coordinada por el Vicepresidente Angelino Garzón.
Uno de los aspectos más trascendentales es que el despojado por la violencia no tiene que probar el desalojo. Le corresponderá al victimario demostrar la legalidad de sus actos jurídicos sobre el bien, y no a la víctima. Celebramos que el proyecto de restitución de tierras, ya radicado en la Cámara de Representantes, se unirá a este proyecto de reparación integral de las víctimas.
El gran reto no sólo es aprobar esta Ley, sino contar con los recursos suficientes, así como con una oportuna reglamentación que permita su aplicación efectiva, ya que la sola norma no tiene el poder de cambiar la realidad. Hay que oír a las víctimas, atenderlas, visibilizarlas y repararlas en forma integral y digna.