Túnel verde o barrera

El túnel verde, conformado por los árboles sembrados al lado y lado de la carrera 43A, en el ingreso al municipio de Envigado, se convirtió no solo en la barrera de contención de una importante obra para la movilidad en el sur del Valle de Aburrá, sino que puede llegar a representar una grave pérdida económica por los sobrecostos que podría generar la parálisis del proyecto.

Más allá de los argumentos ambientales que alentaron a un colectivo de vecinos a interponer una acción popular, hoy se mira con preocupación el detrimento que puede sufrir Metroplús, y por ende sus municipios socios (Medellín, Envigado e Itagüí), el Metro, el Idea y la Terminal de Transportes.

Lo que allí se pierda es plata que se dejará de invertir en otras obras y por ello la preocupación que existe en torno a las posibles reclamaciones de la firma contratista Arquitectos e Ingenieros Asociados (AIA).

Sobre el momento de las mismas existen versiones encontradas. Miembros del Concejo de Envigado y de la Dirección Financiera Municipal hablan de una reclamación ya presentada por 950 millones de pesos, por un mes de parálisis, pero el propio alcalde de Envigado, Héctor Londoño, y la directora jurídica de Metroplús, Magnolia Alzate, aseguran que no se ha formalizado.

Las obras se paralizaron definitivamente el 30 de diciembre pasado. Previamente se habían suspendido todas las labores relacionadas con la tala de árboles debido a la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Antioquia, hasta tanto se compruebe o se desestime el daño ambiental que podría ocasionar la ampliación de cada calzada de la 43A a tres carriles, lo que arrasaría con el túnel verde.  El atraso en la ejecución de los trabajos se prolongará mínimo tres meses más, a la espera de una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia sobre la acción popular.

Así las cosas, es muy lamentable el perjuicio que se ha generado por la suspensión de las obras, pero desde la otra orilla del túnel verde, de aquellos que están a favor de su conservación, la falla es atribuible a una mala planificación del proyecto y a su deficiente socialización.

Lo cierto es que la falta de diálogo y de un acuerdo, que provocó la suspensión de la obra, encendió un taxímetro, que tiende a arrojar un saldo bastante alto ante la morosidad de las decisiones judiciales, pues un trámite que ordinariamente debería tardar menos de un mes, como es la revisión del recurso que interpuso Metroplús contra las medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Antioquia, ya lleva cinco meses en el Consejo de Estado.

Con la parálisis, por la barrera del túnel verde, son recursos públicos los que están en juego, es plata que se pierde y son costos que asume la ciudadanía, en una culpa que está diluida.

Este proyecto, de 20 mil millones de pesos, lo pararon los ciudadanos pero también faltó liderazgo político en la administración de Envigado  por retroceder en decisiones ya tomadas y no hacer prevalecer el interés general de la población.

Ya un alcalde en el pasado decidió que el metro no pasara por su territorio y ahora un respetable colectivo de ciudadanos, que no representa ni en forma mayoritaria ni consensuada a toda la población, se opone a obras que permitirían el paso de Metroplús, sin que exista otra alternativa, pues cualquier rediseño generaría un caos en su movilidad.

Ninguna oferta de Metroplús, ni la de cuadruplicar el número de árboles talados con nuevas siembras, pudo pasar esa barrera. Y hoy, el futuro de la obra sigue siendo incierto, sin un diálogo que permita ver la luz del otro lado.