Un año del gran mordisco
Colombia quedó en posición precaria luego del fallo judicial que, apenas hace un año, nos quitó tanto mar. Un mar que vinimos a valorar cuando nos notificaron que ya no sería nuestro.
Hace un año un adusto juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) leyó el fallo mediante el cual ese tribunal fijó sus conclusiones sobre el largo pleito jurídico por límites y soberanía territorial y marítima sobre el archipiélago de San Andrés y zonas contiguas en el mar Caribe, iniciado once años atrás por Nicaragua contra Colombia.
Hace un año todo el país recibió con perplejidad lo que fue, evidentemente, una pésima noticia, pero que por su naturaleza judicial debería haber estado más interiorizada por la opinión pública: en un pleito, ante el tribunal que sea, se puede perder.
Y esa fue una de las críticas iniciales, de las muchas que llovieron: el proceso fue llevado con un sigilo que se confundió con secretismo, excluyendo incluso a los más interesados: los habitantes del archipiélago de San Andrés.
Así que Colombia ese 19 de noviembre de 2012 también se dio cuenta de que tenía grandes extensiones de mar Caribe, y que ahora un tribunal internacional determinaba que no eran nuestras. Lo dijo el historiador Jorge Orlando Melo: “el nacionalismo colombiano es muy depresivo: nos sentimos colombianos cuando nos tratan mal, nos discriminan, nos creen narcotraficantes o delincuentes. (...) Y es un nacionalismo al que nunca le preocuparon los pescadores artesanales, aunque hoy los alebreste”.
Hubo entonces conato de “juicio político” a los presidentes colombianos y a sus cancilleres, que por supuesto no pasó del mero anuncio. Y al actual Jefe de Estado y a su canciller les tocó la peor parte: asumir el costo político de la pérdida (incluso recibiendo acusaciones que denotaron una ignorancia supina sobre la historia del litigio) y definir la línea de acción para enfrentar los efectos ante un precedente judicial desfavorable.
El Estatuto de la CIJ, asumido por Colombia al reconocer su jurisdicción, es claro en cuanto a los efectos de un fallo: es inmediato, es inapelable. De los recursos jurídicos posibles (interpretación y aclaración) se han pegado muchos opinadores para hacer creer que el fallo se puede revertir o modificar. Y eso no es posible.
Es normal que haya conceptos para todos los gustos. Se habla de que el fallo de La Haya es ilegal, que desconoce normas imperativas de derecho internacional, que pasó por alto la soberanía ejercida de forma efectiva por Colombia sobre esas aguas, que no entendió el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928...
Hubo cierto consenso en retirarse del Pacto de Bogotá (por el cual Colombia se ciñe a la jurisdicción de la CIJ), y en que deberían agotarse los recursos procesales ante la misma Corte Internacional. No obstante, esta última posibilidad podría chocar con la decisión del Gobierno, anunciada el pasado 9 de septiembre, de considerar que el fallo es “inaplicable” mientras no haya un tratado de delimitación marítima, incorporado a nuestra legislación interna.
Es posible que el Gobierno haya pecado por largos silencios. Pero, en cualquier caso, es mejor la prudencia. Decisiones al calor de pasiones súbitas serían del todo inadecuadas. Eso de filar las corbetas mirando a Nicaragua no es serio, salvo una provocación evidente y grosera del otro país.
Esta historia apenas está comenzando. Un año es un suspiro en el extenso trecho histórico que aún hay que recorrer y en el que no hay que perder ni la inteligencia, ni la firmeza, ni la paciencia.
COLOMBIA DEBE RENUNCIAR YA A ESAS AGUAS, QUE NUNCA FUERON SUYAS
Por LAURA GIL
Internacionalista y politóloga
En este año he visto falta de claridad del gobierno colombiano, mensajes contradictorios que lo único que han hecho es volver más dolorosa una crisis que finalmente está postergando algo impostergable: que Colombia tiene que renunciar a esas aguas.
La decisión política ha sido decir que se cumple pero no se acata, o que se acata pero no se cumple. La propuesta de hacer un tratado no es mala. Lo malo es la finalidad engañosa de hacer creer a los colombianos de que el fallo sólo puede ser cumplido si hay un tratado, cuando la CIJ es absolutamente clara: todos sus fallos son de inmediato cumplimiento. Pero además, se engaña cuando se hace creer que el tratado podría lograr un cambio de límites. ¿Por qué Nicaragua renunciaría a lo que la CIJ ya le dio? Lo que hay que lograr es un tratado que, aparte del reconocimiento del fallo, cierre de manera completa la controversia fronteriza.
Juan Manuel Santos es lo suficientemente cosmopolita como para saber que lo que está haciendo no tiene presentación. Buscó una manera de quedar bien con Dios y con el diablo, pero en un segundo mandato tendrá que enfrentar la pérdida territorial (que es una “no pérdida”, porque eso nunca fue de Colombia). Tendría más libertad de hacerlo en un segundo mandato.