Un paro cantado
Es muy desafortunado que los políticos sean tan débiles ante los intereses privados y particulares de colectivos con capacidad de hacer paros. Uno de los más costosos ejemplos de una consuetudinaria negociación claudicante es la que se ha tenido con los camioneros. Los colombianos asumimos una enorme factura anual a costa de los malos arreglos que han hecho los últimos gobiernos.
Hoy el país parece no ser consciente de que paga 5 billones de pesos anuales en subsidio a los combustibles. Esto es 25 veces lo que invierte en ciencia y tecnología y en orden de magnitud es similar al presupuesto de seguridad democrática, a la educación o la salud. Con ese presupuesto se podrían tener 10 Universidades de Antioquia.
Y no es el único subsidio o trato preferencial. Se les otorgan créditos con tasas subsidiadas y largos plazos para la renovación y compra de vehículos. En el reciente paro de junio, el arreglo estableció que se imponía una "multa" a la introducción de nuevos vehículos dirigida a la compra para chatarrización de uno viejo. Adicionalmente se insistió en hacer cumplir una tabla de fletes que asegure la rentabilidad del camionero.
Sobre el apresurado arreglo de junio nos referimos en el editorial "Un acuerdo tropical" y señalamos lo inconveniente que éste sería. Lo primero es que estos arreglos rompen con las dinámicas básicas de una economía abierta y democrática. Quien asume el riesgo de un negocio no puede pretender que el Estado, directamente o con imposiciones, subsane las pérdidas del negocio. Entrar en esa práctica es la ruina para el país.
Es absolutamente inadecuada la fijación de precios del transporte o la reglamentación que impida que los empresarios puedan disponer de los recursos o los esquemas que más se adecuen a sus necesidades logísticas. Igualmente inadecuado es el imponer restricciones a la compra de nuevos camiones. De un momento a otro quedaron paralizados 6.000 vehículos en los distribuidores y se detuvo la inversión en equipos de transporte generándose enormes perjuicios a toda la economía.
El paro convocado por la ACC y la ATC busca aprovechar una coyuntura de inflación en que un desabastecimiento puede disparar la especulación. Hasta el momento ha sido desatendida por buena parte de los camioneros. La reacción de los promotores ha sido empezar a bloquear las vías y generar caravanas-trancón. Ante esto la sociedad y los medios deben defender el bien común y no convertirse en cajas de resonancia de intereses privados.
Como señalamos en el pasado editorial, un gobierno susceptible de presiones lo único que asegura es que seguirá siendo objeto de éstas. Sólo pasaron 6 semanas para que se diera el siguiente paro. El gobierno debería asumir el costo de una vez por todas y eliminar la tabla de fletes, derogar el decreto que multa la renovación del parque automotor y decidirse a desmontar el subsidio a los combustibles. Sin duda, tendremos una economía más sana.