Una prueba de fuego para sacar al Chocó del atraso

Aunque sobreviven de sus aguas, la vida a orillas del Atrato nunca ha sido fácil. Cuando el viejo pescador Luis Mariano Salas cayó enfermo en su apartado rancho, rodeado solo por el inmenso río y la selva, el único medio que encontraron para intentar salvarlo fue acomodarlo en una canoa repleta de pescado.

Durante tres días navegaron a contracorriente con rumbo a Quibdó, a la escasa velocidad que los hombres podían darle con sus brazos cansados a esos remos. Al llegar al hospital de la capital chocoana, el hombre había muerto. La lejanía de su hogar, distante a muchas horas o días de una población, no le dio la oportunidad de sobrevivir y seguir con su vida de pesca y siembra. Su muerte ocurrió hace 40 años, en una época en la que vivía con su familia campesina en un predio al borde del río.

“No tenían vecinos, no había comunidad, lo único que podían hacer cuando necesitaban algo era gritar para que alguien, al otro lado del río, viniera a ayudarlos”, recuerda su nieto Juan de Dios Perea.

De su abuelo heredó el conocimiento para lanzar el trasmallo en busca de bocachicos, mojarras, doncellas y bagres. También la tierra donde siembra plátano, yuca, maíz y donde, en 1982, un grupo de habitantes (la mayoría de raza negra) de esa zona del Medio Atrato se reunieron para resolver su aislamiento.

La solución fue conformar una comunidad. Así nació la vereda Santa María, que hoy pertenece al municipio de Vigía del Fuerte. Aunque habitan más de 300 personas que se ayudan entre sí y son dueños de esas tierras, la vida aún es difícil en ese pequeño y lejano caserío ribereño. Viven en casas de madera, algunas deterioradas. No hay centro de salud, acueducto, alcantarillado y pozos sépticos. Ni siquiera luz eléctrica, por eso todos los días deben buscar leña para cocinar. Cuando no está dañada o sin combustible, una planta de energía entre las 6 y las 10 de la noche.

Aunque el río Atrato es la autopista de 750 kilómetros del Chocó, es costoso transitar por ella y no todas las poblaciones cuentan con recursos para tener una embarcación con motor y pagar el costoso combustible para movilizar a la gente. “Una vez una maestra tuvo que esperar tres días para que la recogiera una panga para salir y por eso no se amañan y es difícil conseguir profesores y hasta médicos rurales”, cuenta una habitante.

Juan de Dios, quien además de ser fundador de la vereda es el presidente del consejo comunitario, se queja: “Vivimos olvidados, no tenemos los votos suficientes para montar un concejal y sin representación no tenemos nada de la Alcaldía y el Gobierno. Aquí manda la politiquerían y solo vienen los dirigentes en época de elecciones a prometer, pero no cumplen”.

A tres horas de ese caserío, en el municipio de Vigía del Fuerte, el concejal Henry Valencia Ramos se presenta como un líder del corregimiento San Alejandro y elegido por esa comunidad de campesinos y pescadores para defender sus intereses ante los Gobiernos locales y regionales. El edil explica que su comunidad estaba abandonada porque no aportaba votos, ya que sus habitantes tenían sus cédulas registradas en Murindó y en Vigía. “El pueblo no recibía atención ni se beneficia de programas sociales del Estado”.

Como concejal reconoce que su trabajo se dificulta por el clientelismo y el abandono. “El presidente Santos repite que el Estado está llegando a las zonas más apartadas...¿y aquí por qué no ha llegado? Vigía es uno de los municipios más pobres de esta región”. Valencia recuerda que “esta es una zona de conflicto, la guerrilla y los paramilitares causaron mucho daño, como sucedió con el desplazamiento forzado provocado por la toma a Bellavistaen 2002”. Los combates comenzaron en Vigía del Fuerte y terminaron en Bojayá, donde 119 pobladores murieron en una iglesia por un cilindro con explosivos lanzado por las Farc.

Resistencia al conflicto
Las comunidades negras e indígenas de Chocó comparten una organización social basada en la defensa de sus territorios, recursos naturales y su cultura. Así lo demuestra la resistencia de varias poblaciones de Carmen del Darién. Las comunidades negras organizadas en los territorios colectivos de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó reclaman la devolución y restitución de unas 25 mil hectáreas de tierras, que tras uno de los mayores desplazamientos masivos de población en el país (más de 10 mil personas), provocados por la incursión de grupos paramilitares, terminaron en poder de empresas de palma africana.

Desde 2004 comenzó el retorno de desplazados y más de 10 mil hectáreas ya han sido devueltas mediante fallos judiciales. El resto está en proceso de restitución. Se trata de un logro atribuido a la resistencia y la organización de los pobladores en los consejos comunitarios, creados para administrar los territorios colectivos y cuyos directivos son líderes elegidos por los habitantes. “Nos organizamos y así hemos logrado defender nuestros derechos como población, como víctimas del conflicto y nuestros territorios. Los Consejos son nuestra representación política ante el Gobierno, para decidir y que no nos impongan políticas ni proyectos a groindustriales que no beneficien a todos los habitantes y que, por el contrario, contaminen y amenacen los recursos de esta región”, sostiene un líder. La reclamación de tierras despojadas ha tenido un alto costo, pues varios líderes fueron asesinados desde 2010 por guerrillas y paramilitares, según las denuncias.

Liderazgos cuestionados
Pero hoy los consejos mayores de Jiguamiandó y Curvaradó no funcionan porque la mayoría de los 23 consejos locales no reconocen a los directivos elegidos en 2009. Los señalan de dividir a la población y manipular el proceso de elección con “trashumancia” de personas y con ayuda de los empresarios y beneficiarios de los paramilitares responsables del despojo de tierras. El Gobierno ordenó un censo para establecer quiénes son los habitantes originales de la región para proceder a la restitución de tierras y la elección de una junta directiva. “Sin la definición del consejo comunitario el municipio está frenado porque por ser territorios colectivos no se pueden ejecutar proyectos sin su aval. Tenemos 3.700 kilómetros cuadrados de tierra fértil, donde brota lo que se le tire. Pero el conflicto nos ha impedido progresar y hay muchos intereses”, sostiene el secretario de Gobierno de Carmen del Darién, Jonier Murillo.

A ocho horas de Curvaradó (cabecera de Carmen del Darién), navegando por el río Domingodó, se encuentra una de las cientos de comunidades indígenas de Chocó. Sus 485 habitantes aún se pintan los rostros y hablan el dialecto embera. Viven de la pesca, la agricultura y también cazan. Alejandro Sarco, uno de sus líderes, dice convencido: “Los indígenas resistimos con nuestra autonomía política, cultural y propia justicia.

Nunca nos desplazamos a pesar del conflicto y ahora estamos trabajando para conservar nuestra cultura que perdíamos por el contacto con blancos y mestizos y la población negra”. Más al sur de Chocó, la historia de adversidad también se vive en Beté, una comunidad de 850 campesinos y pescadores que tienen televisores, pero solo los pueden prender de noche, cuando funciona la planta eléctrica.

Mientras un grupo de niños juega fútbol descalzos a pocos metros del Atrato, Leonor Albornoz afirma que viven mejor desde que Beté dejó de ser corregimiento de Quibdó en 1999 para convertirse en municipio. Lo dice porque por estos días se pavimentan por primera vez algunas calles y hay planes de electrificación, acueducto y alcantarrillado. Pero como tesorera de la junta directiva del consejo local, lamenta que su pueblo no progrese más y que empresas madereras que se lucran en sus tierras “no paguen lo que corresponde, saquen la riqueza y no reforesten, como sí lo hacen mineros y madereros en otras comunidades”.

La líder tiene razón. Chocó es una región pobre, pero estratégica. Su territorio es rico en bosques, aguas y en el subsuelo abundan el preciado oro, el muy valioso platino y el escaso uranio.