Uribe Vélez insiste en diálogo con CSJ
EL GOBIERNO ESTÁ molesto por la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de cancelar una reunión para tratar el tema de la extradición.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, manifestó al presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el interés del Gobierno Nacional de concretar una reunión con la Sala Plena de ese tribunal para abordar no solo el tema de la extradición, "sino del orden institucional mismo, a partir de una seria reflexión del mandato constitucional de colaboración armónica entre los poderes públicos" (ver recuadro).
La petición se dio después de que la magistrada María del Rosario González, presidenta de la Sala de Casación Penal de la CSJ, enviara ayer una carta a Valencia en la que señala que la reunión del 9 de junio para discutir con el presidente Álvaro Uribe el tema de la extradición, quedaba cancelada.
La decisión, señaló la magistrada, se debe a "los recientes pronunciamientos del señor Presidente, a través de diferentes medios de comunicación, respecto de decisiones adoptadas por instancias judiciales en el marco de sus funciones y competencias, crea un escenario no propicio para tal encuentro".
Esta situación llevó a Valencia Cossio a manifestar que el momento por el que atraviesan las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial "es complicado", pero precisó que es necesario hacer esfuerzos para recomponer las relaciones.
"La Constitución obliga a que haya una colaboración armónica. Nosotros siempre la hemos buscado, siempre hemos propiciado sitios de encuentro diálogos institucionales. Es mi obligación y es la obligación del Estado", señaló Valencia.
Pronunciamiento de la Corte
La Sala Plena de la CSJ expidió un pronunciamiento en el que insistió en que las decisiones judiciales deben ser "respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos" y en caso de no estar de acuerdo con ellas, se les debe controvertir con las herramientas que proporciona el orden jurídico.
El tribunal decidió "rechazar públicamente las expresiones inapropiadas, las intromisiones y las interferencias indebidas a la autonomía judicial".
También solicitó a "las demás ramas del poder público la sensatez y la defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial y del sistema jurídico colombiano".
Además, hizo un llamado a los colombianos a respetar las instituciones y apoyar a los jueces considerados un "cimiento de la democracia". A la comunidad internacional, le pidió instar al Gobierno para que cumpla con las recomendaciones de los relatores internacionales.