“Violencia contra las mujeres es aberrante”

Un panorama complejo expuso la Corte Constitucional en un documento de 112 páginas en el que da cuenta de la difícil situación que tienen que vivir las mujeres desplazadas o aquellas que se han dedicado a trabajar en favor de esa población en el país.

El análisis hecho por la Corte la llevó a determinar que desde el 2009 el riesgo para ellas ha aumentado de forma alarmante; por eso, da órdenes al Gobierno Nacional y a otras entidades estatales para modificar los factores que han agudizado la vulneración de los derechos de estas víctimas del conflicto. Esto es el resultado del trabajo de la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004.

En primer lugar, dice el análisis de esa sala, hay un incremento de la violencia en contra de esas mujeres que se puede demostrar en cifras y, segundo, hay marcas imborrables del horror de la guerra: afectaciones psicológicas, psíquicas, desarraigo, que vienen con la violencia que se aplica con una intención "ejemplarizante" por parte los grupos armados ilegales.

Las cifras de la Corte, tomadas de diversas fuentes, plantean un aumento de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos y abusos sexuales, entre otros.

El escenario más grave para las mujeres lo planteó un informe de mayo de 2012 de la Representante Especial del Secretario General para la Violencia Sexual en contextos de conflictos armados de la ONU. En él se dice que desde el 2009 aumentó la victimización en su contra especialmente por acción de las Águilas Negras y los Rastrojos, evidenciada en panfletos que amenazaron a cerca de 100 mujeres de 12 organizaciones de víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones acompañantes.

La magnitud del delito del que da cuenta la Corte arroja datos como que entre 2001 y 2009, 489.687 mujeres fueron víctimas de agresiones de tipo sexual. Según una encuesta, "en promedio 54.410 mujeres fueron víctimas directas de actos de violencia sexual en cada año, lo cual equivale a que diariamente 149 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual".

Por el lado de Medicina Legal se reportó que durante el período 2008-2010 se realizaron 52.681 informes periciales sexológicos por presunto delito. De estos, 219 se realizaron a mujeres cuyo presunto agresor había sido un actor armado del conflicto. El cuerpo más denunciado como agresor fue la Policía (38,8%), seguido por las Fuerzas Militares (19,2%), las bandas criminales (8,2%), las Farc (7,3%) y los narcotraficantes (5,9%).

Se agrede por ser mujer
La Corte lo dice claro: "en Colombia se violenta a la mujer defensora de derechos humanos por ser mujer y porque ha tenido la valentía de organizarse para reclamar y defenderse". Esto se hace como una estrategia de amedrentamiento. Es decir, mujeres que deben enfrentar una violencia que no enfrentan los hombres defensores de derechos humanos, porque la intención es degradar la condición femenina.

"La Sala ratifica que las mujeres defensoras enfrentan de forma constante el riesgo de ser objeto de abusos, agresiones y esclavitud sexual, trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, el reclutamiento con fines de explotación doméstica y sexual, amenazas de violencia sexual, humillaciones públicas con contenido sexual, marcas en el cuerpo producidas con objetos corto punzantes o quemaduras en la que imprimen mensajes denigrantes contra la víctima", precisa la Corte.

Esto, además, porque se han dedicado a cuestionar y, en cierto sentido, a desafiar ese patrón patriarcal que sobrevive en buena parte del país en donde el trabajo cívico, comunitario que logra ser visibilizado, es contrario al rol tradicional de la mujer.

Detrás de esa crueldad están los intereses de los actores ilegales de hacer control territorial, disuadir iniciativas en curso, "castigar" a quienes denuncian, hacer una retaliación contra las comunidades que se les oponen, demostrar su capacidad bélica e imponer normas.

La Corte resaltó como "propósito perverso" marcar las mentes y los cuerpos de las mujeres como advertencia del daño que pueden hacer.

"En esa medida, la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos es ejemplarizante y constituye uno de los capítulos más aberrantes y aterradores de la historia de las violencias de género en el país", destaca.

Violencia premeditada
La Corte va más allá y apunta a que los ataques en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos "son intencionados, premeditados, obedecen a un esquema preconcebido de exterminación, desintegración y desestímulo de las actividades reivindicatorias de derechos fundamentales que ellas promueven, que pasa por administración del temor hacia el horror".

La gravedad de las afirmaciones de la Corte se sustenta en que, generalmente, antes de cometer un acto de violencia hay una campaña de intimidación a través de amenazas directas o simbólicas y, si las víctimas no ceden, aumentan las amenazas y hostigamientos en intensidad y grado de afectación sicológica.

"Tales campañas de amedrentamiento llegan a ser tan efectivas que, aunque terminen o cesen temporalmente, en la gran mayoría de los casos imprimen en la conciencia de la mujer, su familia y la organización, que éstas se encuentran dentro de los posibles objetivos militares de los actores armados ilegales, provocándose así serias y severas afectaciones sicológicas y psiquiátricas, entre otras trastornos de ansiedad, sueño, depresiones graves, empeoramiento o aparición de enfermedades cardiovasculares, desórdenes de la presión arterial, cefaleas, irritabilidad, comportamientos compulsivos", dice el alto tribunal.

Agrega: "El miedo que logra instaurarse con las amenazas, en no pocos casos, ha llegado a convertirse en pánico clínico, trayendo consigo las secuelas psicopáticas propias de este cuadro psiquiátrico".

La cadena continúa así: si esa mujer no renuncia a su liderazgo, de las amenazas se pasa al desplazamiento, a desistir de reclamaciones y denuncias, a sufrir ataques contra sus casas, así como agresiones psicológicas, físicas y sexuales.