A dos meses del terremoto, los sobrevivientes levantan el Eje Cafetero con su propio bolsillo y sudor
En la visita a cinco municipios de la región, a dos meses del terremoto de 7,4 de magnitud, sus habitantes se quejaron por las demoras en la entrega de los subsidios estatales para alquiler temporal, reapertura del comercio y compra de casas.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
Si una casa es la prolongación del espíritu de una persona, de sus recuerdos y anhelos, ¿qué puede sentir Isabel Estrada al contemplar dos retroexcavadoras despedazando los únicos cimientos que quedan en pie? A pocos metros del estruendo de la demolición, la sobreviviente del terremoto graba la escena con celular, mientras dos lágrimas caen, humedeciendo el tapabocas detrás del cual se esconde la mueca de dolor.
Llueve duro en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el sismo del pasado 10 de agosto, pero la furia del clima no inmuta a esta manicurista de 36 años, resuelta a atestiguar el estertor de la vivienda en la que amó, sufrió y soñó desde que llegó a este mundo. “Esa era la herencia que dejaron mis papás”, dice, mientras las garras mecánicas despedazan el arco de la fachada de la que alguna vez fue la casa de la carrera 17Bis #19B-31, del barrio Belalcázar.
EL COLOMBIANO la conoció esta semana, durante una correría por cinco municipios del Eje Cafetero, dos meses después de la hecatombe con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que propagó la destrucción en esta región y en el Pacífico colombiano. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance fue de 335 muertos, 4.516 heridos, 103 desaparecidos, 303.934 familias damnificadas, 36.478 viviendas destruidas y 206.931 averiadas en 500 municipios de 16 departamentos.
En la actualidad, agotada la fase de atención inicial de la emergencia, las ciudades están en la etapa de demolición de infraestructura dañada, recolección de escombros y entrega de subsidios de arriendo.
Tales ayudas estatales, sin embargo, están llegando a cuentagotas, de manera lenta y desigual, pues mientras algunos ya gozan de los pagos, otros están sobreviviendo de las donaciones de amigos, el apoyo familiar y unos ahorros tan escasos como la esperanza en que no volverá a temblar.
“El manejo que le ha dado el Gobierno ha sido pésimo. Yo estoy inscrita en el censo de afectados y no he recibido ni subsidio de arriendo ni para comprar vivienda. Me toca esperar a ver si en la próxima tanda me dan algo”, dice Isabel, tiritando por la lluvia que le salpica los pies, sin dejar de grabar los escombros que antes fueron su sala.
Recuerda que el día del terremoto, la sacudida la sorprendió dormida. En la nebulosa mental de ese despertar aciago, pasó junto a su hijo adolescente, su hermano y el inquilino que les alquilaba un cuarto, y acabó en la calle sin entender cómo llegó ahí.
Los integrantes del hogar tomaron rumbos distintos después de la tragedia y ella terminó pagando arriendo de $700.000 en otro barrio, gracias a la caridad de los vecinos.
“Pero de allá me sacaron, resulta que también van a demoler esa casa, porque la de enseguida quedó recostada contra ella. En este momento no sé qué voy a hacer”, se lamenta.
Conduciendo hacia el centro de Pereira por la troncal del Megabús, junto a la Avenida 30 de Agosto, comienzan a observarse los estragos del fenómeno natural. Edificaciones oficiales y residenciales, centros comerciales y fachadas de tiendas esgrimen columnas mutiladas, paredes descascaradas y muros frontales sostenidos a duras penas con troncos de guadua.
Las oficinas de la Alcaldía y la Gobernación de Risaralda tuvieron que ser evacuadas por los daños estructurales, y los celadores no saben hasta cuándo van a tener que cuidar edificios en los que ni los espantos trabajan.
La situación tiene perjudicados a los negocios que sobrevivían de la clientela de funcionarios que le daban vida a esas sedes. Al frente de la Alcaldía, en pleno centro de la metrópoli, hay una Play Store, donde Juliana Gutiérrez vende cada vez menos accesorios para celulares. “Antes del terremoto teníamos una meta diaria de ventas de $1 millón; ahora, con el cierre de la Alcaldía y otras empresas de la cuadra, si mucho llegamos a $400.000”, afirma.
Recorrimos varias manzanas de este Centro, ya no solo atiborrado de puestos de ventas callejeras y esmog, sino de escombros, que se han convertido en elemento infaltable del paisaje urbanístico.
En cada esquina hay locales con el letrero “Nos trasladamos”, junto a los esqueletos de antiguas edificaciones que sucumbieron al temblor; algunas están cubiertas con lonas de construcción, cual sábanas de fantasmas que se agitan con el viento.
Irian Vásquez describe lo que ve a diario con una frase que da en el clavo: “Esta cuadra parece una dentadura con muelas cocas”.
Tiene 90 años y, sin importar esa edad, vende tinto y mecato en La Tienda de Lucre. “Me tocó cerrar el local el primer mes, mientras analizaban si había que tumbar este edificio, y no he recibido ninguna clase de subsidio”, asegura.
Ha sobrevivido a tres terremotos y en este último tuvo que subir y bajar 126 escalas con bastón, según sus cuentas, para rescatar a su mujer que estaba aterrorizada en el apartamento, en un noveno piso.
Vásquez, sin sospecharlo, ejemplifica el espíritu resiliente de los pereiranos, porque a pesar de tanta ruina, no ha parado de trabajar. El Centro sigue siendo un hervidero de congestión vehicular, maniquíes con bluyines levantacolas y gente que ofrece a todo pulmón remedios para recuperar el vigor sexual, ahora con el trasfondo sonoro de los taladros que trituran los desechos.
La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio, informa que a la fecha han sido removidas 312.706 toneladas de escombros y que van 70 demoliciones ejecutadas y en proceso.
El terremoto dejó 66 edificaciones con colapso total, bajo las cuales quedaron 97 muertos y 259 heridos; hay siete centros de salud y 91 sedes educativas afectadas, y el alcalde Mauricio Salazar considera que hacen falta $10 billones para la reconstrucción.
Entre esas construcciones arrasadas en el Centro por el movimiento telúrico de magnitud 7,4, estuvieron el supermercado Ara, el pasaje comercial Shangai y el hotel Dibeni, en el cual perdieron la vida siete personas.
El desplome del hotel destruyó la bodega del cuarto piso de El Baratón, una tienda contigua que vendía juguetes, peluches, flores y joyas de fantasía. Luego los bomberos tuvieron que perforar sus muros para ingresar a la zona del desastre a buscar sobrevivientes.
En la antigua vitrina del primer nivel, Diana Arenas está limpiando un juguete empolvado, junto a dos compañeras que le ayudan a recuperar la mercancía para volver a abrir El Baratón.
En los tiempos previos al sismo — porque la historia comercial de Pereira tiene ahora un antes y un después — había 15 empleados que atendían a decenas de clientes y proveedores que colmaban el lugar, ahora la estancia está llena de un polvo de cemento tarjado que irrita las córneas.
“Para nosotros, cero ayudas de la Alcaldía, ni de la Gobernación o del Gobierno. La tienda se está reconstruyendo con plata propia”, comenta Diana.
Su desazón es doble, porque su casa está en pérdida total, en el vecino municipio de Dosquebradas.
“Por el momento mi esposo, mi hijo y yo estamos viviendo donde mi mamá. Se supone que nos van a dar un subsidio de arriendo, pero no salimos beneficiados en la primera tanda. Toca esperar”, señala, aumentando el volumen de la voz para anteponerse a los martillazos de un trabajador que intenta arreglar las vitrinas.
Uno de los beneficiarios de esa primera tanda de auxilios fue el profesor de idiomas Juan Pablo Arenas, quien residía como inquilino en un apartamento del cuarto piso de la torre 13 de las multifamiliares del barrio Lorena, el vecindario más maltratado por el movimiento de tierra.
Aquel día acababa de entrar a la ducha y ya se había enjabonado, cuando el piso comenzó a tambalearse, como un bus que atraviesa una carretera destapada.
Agarró una toalla y la envolvió alrededor de la cintura. Abrió la puerta y descendió las escalas, al tiempo que las paredes circundantes se fragmentaban en un crujido infernal.
Apenas salió del edificio, la estructura colapsó a su espalda, y lo que antes era el último piso quedó a ras de suelo, sobre las columnas trituradas, llevándose las vidas de cuatro residentes.
“Mi esposa no estaba en ese momento. Ella había quedado en shock por el terremoto de Venezuela (el pasado 24 de junio), y me pidió que escogiéramos un punto de encuentro por si pasaba algo así en Colombia. Elegimos el Parque Olaya, entonces me fui para allá en toalla y enjabonado. Fue una especie de premonición”, explica Juan Pablo, contemplando las ruinas.
Lorena era un conjunto residencial de torres multifamiliares de cinco pisos, que ocupaban varias manzanas. Tras el evento sísmico, 16 de esas torres quedaron reducidas a desechos.
Luego vinieron mendigos y migrantes irregulares, que saquearon los pocos enseres de valor que quedaron entre las losas de concreto. La otrora urbanización se convirtió en un cementerio de escombros, vigilado por algunos celadores, aunque ya no quede nada para robar.
El propio Juan Pablo trató de escarbar en la montaña de ladrillos y varillas, pero una sensación de ultratumba lo mantuvo a raya. “Nos sentíamos mal, nos daba una vibra extraña por los muertos que quedaron ahí”, susurra.
El docente y su esposa recibieron el primero de tres subsidios de arrendamiento, por valor de $1’050.000, que cubre el 85% de la cuota de alquiler en el nuevo apartamento. ¿Pero por qué no les ha llegado a todos los pereiranos?
Funcionarios de la Alcaldía explicaron, bajo reserva de identidad, que el exceso de víctimas y los tiempos legales de los trámites están ralentizando el proceso.
“Depurar las listas de damnificados no es tan fácil, porque no faltan los irresponsables que tratan de colarse. También hay que tener en cuenta que la articulación entre el gobierno local, regional y nacional tiene unas complejidades, a lo que se suma que el terremoto ocurrió en pleno cambio de mandatario en la Presidencia”, opina uno de los servidores públicos consultados.
La Administración Municipal anunció que destinará $7.000 millones de recursos propios para otorgar auxilios de hasta $5 millones para 1.400 comerciantes, por medio de la Cámara de Comercio, pero está a la espera de los desembolsos del Fondo Milagro que prometió el presidente Abelardo de la Espriella, para atender a los sobrevivientes que necesitan la plata del arriendo.
El llamado Cristo de la Esperanza, una escultura de grandes dimensiones que pende de la torre exterior de la Basílica Menor de Quimbaya, en Quindío, solía tener los brazos extendidos, como acogiendo en un abrazo los rayos del Sol que lo alumbraban cada mañana.
La agitación del sismo le fracturó los hombros, dejando las extremidades decaídas a lado y lado del torso, con las palmas abiertas. El ademán, combinado con su mirada absorta en el cielo, da la impresión de que el Hijo de Dios se pregunta “¿y ahora qué?”.
En el suelo, alrededor de sus escombros no recogidos todavía, algunos turistas con sombrero aguadeño le toman fotos, lo que significa que, a pesar de sus heridas, la suerte del Cristo sigue interesando a los visitantes.
En los municipios de la Ruta del Café, el turismo es tan importante como la agricultura, por eso el impacto económico del terremoto ha sido una especie de réplica que continúa sacudiendo su porvenir.
El promotor de turismo Daniel Bustos, quien ofrece visitas guiadas a pocos metros de la basílica, cuenta que sus ingresos han caído al menos un 40%, incluso en esta época de receso escolar, que la gente aprovecha como “mini vacaciones”; y Daniela López, empleada de la tienda Nutrifit, afirma que sus ventas diarias mermaron de $700.000 a $150.000, en promedio.
Sin una fecha definida para la reapertura del templo, el párroco Ferney Castañeda está celebrando las misas en un parqueadero cercano.
En una situación similar están la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en La Virginia (Risaralda); la Inmaculada Concepción, en Filandia; y la parroquia San José, de Montenegro (estas últimas dos en Quindío), donde los feligreses están recibiendo la Eucaristía en lugares temporales, mientras llegan los resultados de los estudios de patología estructural que determinarán si hay que repotenciar o demoler las casas de Dios.
La ausencia de visitantes en los recintos sagrados es otro golpe para los comerciantes. En el parque principal de Filandia, José Figueroa, el propietario de Burguer House, pasó de vender 15 hamburguesas al día a solo dos.
El panorama de este pueblo es complejo porque otros de sus atractivos turísticos también están cerrados, a la espera de un veredicto de los ingenieros: la torre del mirador Colina Iluminada y la Casa del Artesano.
“El alcalde Duberney (Pareja) no los quiere demoler, porque esos son los lugares que atraen la plata al pueblo”, relata un empleado de la Alcaldía.
La alerta de sismos del celular vibró cinco segundos antes de que la cama de Karina Mejía empezara a oscilar como un péndulo. Se levantó con su esposo y dos hijos de seis y nueve añitos, y juntos vieron cómo una grieta oscura dividió la estancia a la mitad.
El techo, la cocina, el baño y dos habitaciones se fueron al precipicio y ellos alcanzaron a evacuar en el último suspiro.
Afuera, en la calle del barrio Grisales, en el casco urbano del municipio de Quimbaya, los vecinos daban alaridos para que la gente abandonara sus viviendas. En total fueron 17 las que se fueron a pique, en una humilde barriada de estrato 2, conformada en su mayoría por familias campesinas que trabajan en las fincas de las veredas.
Karina, de 29 años, nos cuenta la historia parada en la entrada de la propiedad, mientras su esposo cubre con esteras el vacío que dejaron los muros derrumbados.
En medio de la zozobra, el ambiente del barrio Grisales es animoso. Su banda sonora es el repicar de los martillos, por los campesinos reparando los techos, y a menudo se escuchan los gritos de los vecinos preguntando a quién le sobra un cortafríos o una pala.
“De la Alcaldía solo nos regalaron unas tejas, pero no ha salido lo del subsidio de arriendo. Por ahora estamos viviendo donde mi mamá”, dice Karina, mostrando que de la antigua casa solo quedaron la sala y el muro frontal.
Su vecina Luz Mery Quiceno se queja porque las autoridades les suspendieron el servicio del gas, por temor a que una fuga cause una explosión.
Ella es una de las fundadoras del barrio Grisales, en 2004, que junto al sector de La Carrilera fue el más afectado por el sismo en la localidad.
“Al principio tuvimos ayudas y hubo mucha solidaridad con los mercados, pero ahora nos olvidaron”, narra junto a los despojos de una de las viviendas derruidas, por donde un gato persigue a un ratón.
Según Luz Mery, de 68 abriles, los residentes de Grisales están en un dilema con la Alcaldía, pues no es claro si les van a ayudar a levantar las casas, o si los van a reubicar. “Esa es una advertencia que nos llevan haciendo hace tiempo, pero no dicen para dónde nos llevarían. Y ahora están dizque esperando un estudio de suelos, que no creo que hagan, la verdad”, asevera.
El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez, informa que en su municipio hubo un muerto, más de 70 familias quedaron sin vivienda y alrededor de 3.000 reportaron daños parciales en sus casas. Se estima que más de 14.000 personas resultaron damnificadas en un pueblo de 50.000 habitantes, lo que implica una afectación elevada.
“La emergencia golpeó de manera grave sectores como Grisales, Clementina y Buenavista, entre otros. Se reportan más de 400 viviendas rurales destruidas. En la zona urbana, el parque principal y la Basílica Menor sufrieron daños, al igual que las instituciones educativas Policarpa Salavarrieta e Instituto Quimbaya”, complementa.
Según el mandatario local, “la magnitud de esta emergencia superó la capacidad de respuesta de un municipio de sexta categoría. Con el respaldo de organizaciones públicas, cívicas y privadas, hemos podido entregar materiales de construcción y atender a familias afectadas”.
Pese a que en el barrio Grisales siguen esperando las ayudas, Rodríguez reconoce que Quimbaya fue el primer municipio de Quindío en recibir subsidios de arrendamiento de parte del Gobierno Nacional.
“La reconstrucción más difícil será recuperar la esperanza y la confianza de las familias después de una tragedia de esta magnitud. También será fundamental recuperar la Basílica Menor, que hace parte de la identidad cultural de Quimbaya y representa un punto importante para el turismo religioso. Uno de los mayores desafíos será la reactivación económica. Muchos comerciantes y emprendedores perdieron espacios de trabajo y necesitan apoyo para volver a ponerse en marcha”, añade el alcalde.
Rodríguez hace un llamado al Gobierno Nacional y al Departamental “para que se consideren alivios y alternativas para los negocios afectados”.
Mientras esos planes se concretan, el Cristo de la Esperanza seguirá aguardando por su destino: ¿será desmontado y llevado a un taller, para resucitar después con su antigua forma? ¿O conservará sus nuevas llagas, como testigo de la devastación que provocó el terremoto para este pueblo?
El hospital Roberto Quintero Villa, de Montenegro, ajustó dos meses con el servicio de urgencias funcionando en carpas instaladas en el parqueadero exterior.
Al momento de nuestra visita, siete pacientes eran atendidos por el personal médico en estas tiendas de campaña suministradas por la Defensa Civil y el gobierno de Suecia, bajo un acuerdo de comodato.
El gerente encargado, Álvaro López, comenta que los daños más graves fueron en el acceso de urgencias, cuyo muro frontal tendrá que ser demolido, al igual que el que separa a esa sección del servicio de farmacia.
“De esa parte del hospital, lo único que quedó adentro fue la sala de reanimación, que por obvias razones no se puede sacar”, explica el gerente (e).
Por el momento no hay un costo definido para esa reparación, pues la aseguradora está pendiente de realizar un estudio de ingeniería civil. Se estima que, a más tardar en seis meses, el servicio vuelva a su normalidad.
La contingencia no solo afecta a los pacientes, sino también al personal médico, expuesto a la intemperie y a un alto nivel de estrés.
“No es adecuado que la atención sea afuera por los problemas de orden público del municipio, el personal está más vulnerable a las agresiones”, agrega López.
El centro médico atiende, en promedio, 1.200 pacientes al mes en urgencias, la mayoría adoloridos por accidentes de tránsito y traumatismos variados. En casos de gravedad, los traslada a la ciudad de Armenia, ya que solo cuenta con un primer nivel de complejidad en la atención.
En el parque principal de Montenegro, la escultura vigía de Simón Bolívar quedó inclinada, igual que algunas de las casas del sector. El Libertador, con su cabeza apuntando al asfalto, parece mirar el atrio de la parroquia de San José, cerrada al público.
Los servicios de la Alcaldía y el Concejo Municipal fueron trasladados a otros edificios, al igual que en Pereira, pero eso no ha detenido el ritmo de vida de sus habitantes.
La travesía por Risaralda y Quindío mostró pueblos con enormes deseos de levantarse, en los que no queda tiempo para la contemplación depresiva, sino que cada hora se aprovecha para trabajar.
Se puede concluir que en el Eje Cafetero la reconstrucción va a toda máquina, pero más que por la diligencia de las autoridades, ha sido por el espíritu laborioso de su gente.
Así lo cree Isabel Estrada, mientras contiene la respiración cuando ve caer el último de los muros de su herencia paterna, en el barrio Belalcázar de Pereira. Las máquinas remataron la demolición en plena lluvia de octubre, y cada ladrillo quedó cubierto por una suerte de lágrima.
“No sé dónde voy a vivir, pero no puedo irme de esta zona. La mayoría de los clientes que tengo de la manicure son de aquí y ahora más que nunca necesito trabajar”, explica, recostada en la casa del frente.
También confiesa, con angustia, que hay otra razón para no quererse alejar del vecindario. “Ya están diciendo que hay que estar pendiente del lote, porque hay gente que lo ve vacío y llega a apoderarse de él”.
Tal parece que este será el futuro inmediato de muchos damnificados: ser los custodios de sus propios lotes, para que nadie los usurpe ni construya viviendas de invasión, pues esa misma preocupación la escuchamos de otros afectados en La Virginia, Quimbaya y Montenegro.
“Hay que esperar cómo se va dando el día a día, a ver qué pasa”, suspira Isabel, con la mirada fija en la cavidad invisible y llena de recuerdos que su casa dejó.