La Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en contrato de pasaportes
De acuerdo con la investigación, los hechos se centran en la emisión de tres actos administrativos que habrían obstaculizado una licitación para los nuevos pasaportes.
La Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en un caso relacionado con irregularidades en el proceso de contratación para la expedición de pasaportes en el país.
De acuerdo con la investigación, los hechos se centran en la emisión de tres actos administrativos que, según el ente acusador, habrían tenido como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023.
Este proceso buscaba adjudicar un contrato por 559.000 millones de pesos para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026.
Inicialmente, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplió con los requisitos y obtuvo la mejor calificación.
Incluso, se había programado la audiencia pública de adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán firmó la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación bajo el argumento de que existía un único oferente.
Tras esta decisión, el representante de la unión temporal presentó un recurso de reposición que fue resuelto negativamente, manteniéndose la determinación.
Ese mismo día, el entonces ministro expidió un nuevo acto administrativo en el que declaró la urgencia manifiesta, lo que permitió avanzar hacia la adjudicación directa del contrato sin un proceso licitatorio.
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La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, encargada del caso, advirtió que estas actuaciones habrían puesto en riesgo la continuidad en la producción de pasaportes, además de afectar el derecho de los ciudadanos a entrar y salir libremente del país.
El ente investigador también señaló que, pese a tener la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y, por el contrario, ratificó su actuación, lo que sustenta la acusación formal en su contra.
Hay que recordar que la Procuraduría, en 2024, destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
“La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar de cierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.
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La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
“El ministro de Relaciones Exteriores, optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.