Abogado de la familia de Miguel Uribe denunció al director de la UNP por ignorar más de 20 solicitudes de protección para el senador
El anuncio lo hizo el abogado de Miguel Uribe. La denuncia va dirigida contra Augusto Rodríguez, director de la UNP.
El abogado Víctor Mosquera informó que fue radicada una denuncia formal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado que dejó al congresista gravemente herido.
El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.
No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.
Entre los hechos más preocupantes, Mosquera reveló que durante la Conferencia Bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que viajar solo con su equipo de campaña, ya que no se autorizó el desplazamiento de sus escoltas ni se le brindó seguridad en el lugar.
“Esto demuestra un estado absoluto de indefensión y por eso solicitamos a la Fiscalía General de la Nación abrir una nueva línea de investigación para determinar si hubo omisión por parte del Estado que contribuyó a este grave atentado”, concluyó.
La denuncia busca establecer responsabilidades penales y disciplinarias por la omisión en la atención de los requerimientos, en un contexto donde las amenazas contra líderes políticos y candidatos han ido en aumento de cara a las elecciones de 2026.