¿Consulta Popular por decreto? Expertos opinan sobre advertencia de Petro

No se le conocía al Gobierno un asunto en el que fuera tan precavido. La consulta popular “va porque va” es el nuevo lema entre los funcionarios que rodean al presidente Gustavo Petro y los distintos escenarios están en marcha, incluyendo uno en el que la plenaria del Senado no se pronuncie sobre la convocatoria de la consulta —que será radicada este jueves festivo por el propio jefe de Estado en medio de las marchas del Día del Trabajo— en 30 días. Si eso ocurre, ya advirtió el mandatario, convocará el mecanismo popular por decreto.

“Si el Senado de la República en sus 30 días no aprueba o no se pronuncia, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, como dice la ley (sic)”, dijo en la noche del Consejo de Ministros de este lunes, mientras lo secundaba el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Pero, ¿realmente eso dice la Constitución? EL COLOMBIANO buscó a expertos y voces del propio Gobierno para resolver la inquietud. La respuesta anticipada a la pregunta es que hay cierta “ambigüedad” en las normas y su interpretación. Esto porque el Ejecutivo se basa en la Ley 1757 de 2015 y en concreto en un apartado del artículo 33 que dice: “La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello”. Este último elemento es clave para la justificación del Gobierno.

Este diario conversó con Luis Guillermo Guerrero, exmagistrado de la Corte Constitucional que actualmente está dedicado a la academia, para entender la discusión. Si revisamos paso a paso la base jurídica, según Guerrero, la Constitución señala que para poder hacer la consulta se requiere el “previo concepto favorable del Senado de la República” y la ley fija al Senado un término de 20 días, prorrogables por 10 más. Pero, “la ley no dice qué ocurre si el Senado no se pronuncia en ese término”. De acuerdo con la Constitución, si no hay concepto favorable del Senado no se puede hacer la consulta. “Ello querría decir que si el Senado no se pronuncia no habría concepto previo favorable y no se podría hacer la consulta”, según el exmagistrado.

Sin embargo, él reconoce, como la tesis del Gobierno, lo que dice el artículo 33 de la ley 1757 de 2015, citado anteriormente: “Lo que parecería indicar que si no hay concepto en ese plazo, puede convocarse la consulta”, señala Guerrero y agrega: “la norma quiere decir que el plazo puede contarse desde el vencimiento del mismo así el concepto se hubiese emitido antes. No es una interpretación muy lógica, pero sería conforme a la Constitución que exige el pronunciamiento favorable del Senado. Lo cierto es que no hay norma expresa que diga que se puede convocar directamente la consulta sin el previo concepto del Senado”, concluye explicando que si finalmente el presidente hace la convocatoria vía decreto eventualmente se puede demandar ante el Consejo de Estado.

¿Qué hay detrás?

Lo cierto es que más allá del debate jurídico, vale la pena preguntarse por qué el presidente Petro acude a esa advertencia. Se sabe que Gobierno no tiene las mayorías en plenaria para aprobar la convocatoria aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le dijo a este diario que aspiraba a que 60 senadores votaran a favor, calculando que el número “mágico” es 55, lo que se conoce como mayoría absoluta.

Una lectura amplia sugiere que el jefe de Estado está utilizando “todas las formas de lucha” para conseguir que se apruebe la consulta y por consiguiente su reforma laboral: desde radicar mensaje de urgencia para discutir el proyecto de reforma laboral de los liberales “independientes”, como lo hizo este martes; presionar con las movilizaciones y “desenvainar la espada de Bolívar” o advertir que si el Senado no toma una decisión en un mes frente a la convocatoria de la consulta, él lo hará por decreto. Pueda que todas las estrategias funcionen. O ninguna.