Corte Suprema declara inocente al exgobernador Aníbal Gaviria por caso de la Troncal de la Paz

La Corte Suprema de Justicia declaró al exgobernador Aníbal Gaviria inocente en medio del proceso que avanzaba en su contra por la construcción de la Troncal de la Paz.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que a través de una providencia que se conoció este viernes —pero que aparece emitida el pasado 7 de octubre– consideró que no había pruebas que demostraran que el exmandatario había incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

En su auto, el alto tribunal ordenó cancelar todas las anotaciones que hubiesen sido emitidas en contra de Gaviria y archivar el proceso.

El caso en contra del exgobernador y también exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria se remonta al 14 de octubre de 2005, cuando, durante su primer paso por la Gobernación, el Departamento abrió una licitación para la construcción de un gran puente entre Remedios y Caucasia.

El proyecto, conocido como la Troncal de la Paz, buscaba mejorar la conexión entre el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

Dicha licitación fue entregada a un consorcio compuesto por Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte, por un valor de $41.663 millones y un plazo de 26 meses.

El contrato posteriormente fue objeto de varias adiciones. Una primera por $3.995 millones para pavimentar otros 1,6 kilómetros de vía; otra por $3.164 millones para garantizar el pago de mayores cantidades de obra; y otra en 2007 para construir un puente sobre el río Nechí. Esta última adición fue la más costosa, por $16.334 millones y también implicó una prórroga de 22 meses.

Pese a que el puente se entregó exitosamente, el contrato entró en la lupa de la Fiscalía, que aseguró tener indicios de irregularidades.

Según expresó entonces el ente acusador, en aquel momento liderado por el fiscal general Francisco Barbosa, encontraba sospechoso que se pactara un anticipo inicialmente por el 25% y luego por el 29%.

El organismo sostuvo igualmente que dicho anticipo se había pactado sin la aprobación de una garantía que protegiera la destinación correcta de los recursos públicos.

Igualmente, en el caso de las adiciones y otrosíes, la Fiscalía argumentó que daban cuenta de supuestas falencias en planeación y consideró sospechoso que la última de esas adiciones se firmara cuatro días antes de que Gaviria Correa dejara el poder en su primera Gobernación.

En aquel entonces, Gaviria y su equipo legal siempre insistieron en su inocencia, argumentando que en las adiciones hechas nunca se habían violado los límites legales y que las mismas se habían ejecutado por las necesidades del proyecto.

“Con las dos adiciones se logró conectar los municipios de Zaragoza y El Bagre con la Troncal de la Paz. Estas dos adiciones que, repito, considero ajustadas a la ley, pertinentes y necesarias, tampoco las firmé, pues por competencia es una función que cumple la Secretaría de Infraestructura Física”, expresó entonces Gaviria.

De igual manera, el exgobernador sostuvo que el contrato siempre estuvo amparado por las pólizas a las que obligaba la ley y sobre los anticipos señaló que pactar un 4% por encima de lo estipulado no era irregular ni un delito.

El proceso generó mucho revuelo, ya que fue el mismo con el que la Fiscalía capturó a Gaviria en su despacho y lo obligó a apartarse parcialmente del poder durante su segundo mandato. Posteriormente Gaviria pudo recuperar su libertad y terminar su periodo.

Al final de la decisión, la Corte reseñó que el caso aún puede seguir y podría ser susceptible de un recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.