Afán de Petro por reunir criminales en “caguanes” en plenas elecciones: ¿qué hay detrás?

La orden de acelerar la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes, a tres meses de terminar su mandato y en plena campaña electoral, despertó cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del presidente Gustavo Petro, pues pretende concentrar a unos delincuentes sin tener el marco legal para desmovilizarlos.

La controversia se desató luego de una reunión el pasado 13 de mayo, en la que participaron el jefe de Estado; el comisionado de Paz, Otty Patiño; y los principales coordinadores de las mesas de “paz total” que siguen activas: Armando Novoa, Isabel Zuleta, Carlos Erazo, Mauricio Silva, Gloria Quiceno, Álvaro Jiménez, Fabio Cardozo, Camilo Pineda y Alexánder Castillo.

En la cita, realizada en Bogotá, hicieron un balance de los procesos y sus dificultades, tras lo cual Petro emitió una orden: “Avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT (de siete pactadas hasta ahora), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados”, tal cual quedó consignado en el comunicado posterior a ese encuentro.

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La zona que se implementará primero es la que concentrará a 100 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia de la Segunda Marquetalia que se forjó en noviembre de 2024. Su líder es José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”).

Con el modelo de las ETCR

El jefe negociador del Gobierno con ese grupo, Armando Novoa, contó que a finales de mayo debe comenzar la concentración de los combatientes en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo. Ese pueblo, fronterizo con Ecuador, tiene cerca de 35.000 habitantes que en su mayoría viven de la agricultura, los derivados de la industria petrolera y el comercio binacional a pequeña escala.

“Las obras para permitir el ingreso de los 100 primeros miembros del grupo se están adelantando. Vamos a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016”, dijo Novoa.

El coordinador se refiere a las construcciones que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos para la desmovilización de las antiguas Farc, que en su momento fueron llamadas Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

En ese entonces, EL COLOMBIANO visitó varios de los 24 que se crearon en las veredas de 13 departamentos. Se trató de caseríos conformados por más de 10 viviendas, acondicionadas con sus habitaciones, baños y cocinas. A todas les pusieron un salón social para reuniones, pero con el tiempo fueron evolucionando según las personas que llegaban y los proyectos productivos que les aprobaron.

Muchos combatientes llevaron a sus familias, y bebés nacieron en esos lugares, por lo que se acondicionaron espacios para niños.

En otros ETCR crearon cultivos de hortaliza, corrales para animales de granja y locales comerciales para vender los productos fabricados por los excombatientes. Algunos se desarrollaron a tal punto, que se convirtieron en vecindarios habitados de manera permanente, cuando su propósito inicial era ser temporales. Novoa indicó que los acogidos en las ZUT entrarán con atuendo de civil y que su arsenal será entregado a alguna entidad encargada de la verificación y el monitoreo, como la MAPP-OEA, por ejemplo.

El cálculo de las autoridades es que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano cuenta con 1.800 integrantes aproximadamente, divididos en dos facciones: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera, con operaciones en Putumayo, Caquetá, Nariño y Cauca.

La vigencia de la ZUT será de 10 meses prorrogables, según la decisión del próximo gobierno, que evaluará a su turno los resultados.

Un “experimento”

Lo más probable es que la segunda organización ilegal involucrada en la “paz total” que ingrese a las ZUT sea el Clan del Golfo.

Esta semana su asesor jurídico, Ricardo Giraldo, relató en una entrevista radial que “Esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”.

Según Giraldo, serían 500 los miembros de la agrupación que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

El Clan cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500.

Es importante recordar que la Presidencia de la República le había solicitado a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios.

Sin embargo, el ente acusador negó la petición dos veces, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por los tribunales de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.

“La fiscal no tiene competencia para decir de cuáles se abstiene y de cuáles no”, acotó Giraldo. Argumentó que la concentración de los combatientes está avalada por la Ley de Paz Total de 2022 y que la potestad es del presidente.

La congregación en la ZUT está programada para el próximo 25 de junio inicialmente, es decir, justo después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De manera preliminar, a Tierralta y Bajirá se desplazarían integrantes de los frentes que delinquen en Chocó, Antioquia y Córdoba. Al mismo tiempo, el Gobierno también trabaja en el montaje de las ZUT con los Comuneros del Sur, en Nariño; y con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), en Norte de Santander (infografía).

Dudas en el aire

La implementación de las ZUT revive en varios sectores de la sociedad el espanto de la zona de distensión de San Vicente de El Caguán, entre Caquetá y Meta, cuando el presidente Andrés Pastrana despejó un área de 42.000 km2 (el doble del tamaño de El Salvador y el mismo de Dinamarca) para concentrar a los guerrilleros de las Farc.

Aunque al principio se planeó que durara tres meses, estuvo activa entre 1998 y 2002, convirtiéndose en una base de operaciones de los terroristas, que aprovecharon la salida del Ejército para planear crímenes y extender sus negocios ilícitos. En esa zona hubo violaciones al DIH y toda clase de abusos a la comunidad, al convertirse las Farc en la única autoridad territorial.

Para evitar esos errores, el actual gobierno indicó que no habrá despeje militar en las ZUT, que los combatientes no portarán armas ni uniforme camuflado y, para no reñir con Estados Unidos, que no habrá extraditables.

Esto excluye a dos de los máximos jefes del Clan del Golfo y la CNEB, Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”) y Geovany Andrés Rojas (“Araña”), respectivamente.

Aun así, la proximidad de los sufragios y del final del Gobierno prende alarmas sobre el movimiento. ¿Qué pretende Petro, cuando ya no le da tiempo de negociar un desarme con los delincuentes? ¿Mostrar un resultado a medias a sus electores? ¿Presionar al próximo mandato a continuar su proyecto? ¿Cambiar favores por votos con los grupos criminales?

“La segunda vuelta de 2022 se vio afectada por la injerencia en los resultados electorales en las zonas de control de los grupos narcoterroristas, y no hay ningún factor que haga dudar que, por la conveniencia que continuarían recibiendo, no influencien los resultados electorales en 2026, a favor de quien tantos beneficios les ha ofrecido, voluntaria o involuntariamente”, opinó Juan David Escobar, profesor de Geopolítica y director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit.

A su juicio, “la necesidad súbita de una zona de ubicación es falsa, porque ellos tienen impunidad plena en sus zonas de operación, pero simbólicamente el Gobierno da la impresión de que hay un proceso formal de negociación”.

De otro lado, Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y analista de seguridad y defensa, estimó que la Ley de Paz Total (N°2272 de 2022) faculta al Presidente para dialogar con grupos ilegales, pero no define los protocolos para una desmovilización: “El manejo que este gobierno le ha dado a la paz es tan despelotado, que no está claro qué papel juegan las ZUT. Antes se negociaba con insurgentes, ahora se hace con cualquiera que tenga un fusil, sin existir un marco jurídico que permita desmovilizar a grupos que no tienen carácter político”.

Según Vargas, las ZUT deberían ser la implementación final de unos procesos que ya mostraran resultados tangibles y acuerdos firmados, mas su montaje a pocas semanas de culminar el mandato “solo busca el efecto mediático de mostrar supuestos avances de paz, y presionar al próximo gobierno, en especial si es de la oposición, para que asuma el costo político de devolver a esos combatientes a la delincuencia”.

Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, enfatizó en la inconveniencia de instalar los caseríos para los combatientes justo en época electoral, un periodo muy sensible en términos de orden público, que requiere la máxima concentración de la Fuerza Pública en dicha tarea.

“En el caso del Clan del Golfo, la fiscal General no autorizó la suspensión de las órdenes de captura porque dijo que no hay un cumplimiento mínimo de los presupuestos de paz, lo que demuestra que no hay una intención primera ni muestras de voluntad política para la desmovilizacion final”, manifestó.

Para Ruiz, “uno no entiende por qué este tipo de concesiones tan afanosas, que refuerzan la duda que siempre ha habido sobre el Gobierno, incluso desde antes de que se posesionara, cuando hacían reuniones con jefes de bandas criminales en la cárcel y nadie entendía qué pretendían. No sabemos hasta dónde incidieron en las elecciones del 2022 y si fueron determinantes en ciertas zonas a favor del candidato Petro en ese momento”.

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