La hoja de ruta de De la Espriella para acelerar el crecimiento al 7% en Colombia

El próximo 7 de agosto el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, deberá poner en marcha los lineamientos clave de su programa económico, denominado “La Patria Milagro”, con el que pretende transformar el modelo de crecimiento del país mediante un ajuste de las finanzas públicas, una profunda reducción del tamaño del Estado y una estrategia para impulsar la inversión privada y recuperar el dinamismo del sector minero-energético.

La propuesta sostiene que Colombia no es un país pobre, sino empobrecido por problemas como la corrupción y el centralismo, y plantea impulsar un crecimiento económico del 7% anual, muy por encima del promedio histórico del 3% y de la proyección de 2,9% para 2026-2037 estimada por el gobierno saliente de Gustavo Petro en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Reacción inicial del mercado a los resultados

A una semana de la elección presidencial, se ha observado una reacción favorable en los mercados financieros, impulsada por expectativas de ajustes en el enfoque económico que podrían favorecer la inversión privada, la disciplina fiscal y el crecimiento empresarial.

No obstante, desde Sura Investments señalan que el principal reto estará en la implementación efectiva de esas medidas y en su capacidad para traducirse en resultados concretos para la economía.

“Los mercados ya habían incorporado buena parte del resultado electoral antes de la segunda vuelta. Lo que observamos en estos días es un fenómeno natural de consolidación después de una valorización muy importante de los activos colombianos. Más allá de la volatilidad de corto plazo, el mercado está reconociendo la posibilidad de un entorno más favorable para la inversión, una mayor responsabilidad fiscal y mejores perspectivas de crecimiento para el país”, comentó Mauricio Guzmán, cabeza de Estrategia de Inversión de Sura Investments.

Además, el contexto macroeconómico plantea desafíos relevantes. Actualmente, Colombia enfrenta un déficit fiscal de 6,4% del PIB, niveles de deuda pública cercanos al 60% del PIB y una inversión que representa apenas 16,6% de la economía, muy por debajo de los niveles observados una década atrás. A esto se suma una inflación que continúa mostrando presiones al alza y que podría cerrar el año alrededor de 6,5%.

Para Sura Investments, la recuperación de la inversión será clave para sostener el crecimiento económico en los próximos años. Mientras el gasto público fue el principal impulsor de la actividad económica reciente, la inversión privada apreció una contracción acumulada significativa, afectando sectores como construcción, industria y minería.

“Los próximos años estarán definidos por la capacidad del país para recuperar la confianza inversionista. La inversión es el componente que permite aumentar la productividad, generar empleo de calidad y sostener tasas de crecimiento superiores al promedio histórico. Si Colombia logra avanzar en estabilidad regulatoria, disciplina fiscal y fortalecimiento institucional, el potencial de crecimiento para el mediano plazo es significativo”, señaló Guzmán.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 se basa en proyecciones difíciles de cumplir, con ingresos sobreestimados y gastos subestimados, y alertó que, sin un ajuste fiscal de gran magnitud, la deuda pública podría seguir aumentando y acercarse al límite de la Regla Fiscal, elevando el riesgo de estrés financiero en los próximos años.

Menos tributos y muchos menos trámites

Otro de los pilares del próximo programa presidencial consiste en reducir la carga tributaria y disminuir los costos de energía para mejorar la competitividad empresarial.

A ello se suma una iniciativa que De la Espriella denomina la “Gran Revolución de DesRegulación”, enfocada en eliminar trámites y cargas administrativas que, a su juicio, frenan la actividad productiva.

La propuesta contempla revisar procedimientos en entidades como el Invima, el ICA, las superintendencias, las cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, las licencias ambientales, las consultas con comunidades y diversos reglamentos técnicos de ministerios y entidades como la Dian.

Además, propone implementar la política denominada “una entra y dos salen”, mediante la cual por cada nueva regulación que imponga obligaciones al sector productivo deberán eliminarse dos normas existentes.

En ese contexto, David Guzmán, socio de Change Americas, sostiene que el gobierno de De la Espriella abre un escenario de oportunidades para la inversión y la actividad productiva, aunque advierte que solo las compañías con capacidad de adaptación podrán aprovecharlo.

“En economía, como en los negocios, la mayor ventaja competitiva no la tienen los más grandes ni los más inteligentes, sino quienes actúan antes de que el ciclo sea evidente”, afirmó Guzmán.

A su juicio, el principal reto para las empresas no será determinar si surgirán oportunidades, sino prepararse para capturarlas antes que sus competidores.

Según el análisis de Change Americas, el programa económico “Patria Milagro” propone transformaciones que el sector privado debería interpretar como oportunidades de negocio más que como planteamientos políticos.

El primer eje corresponde al fortalecimiento de la seguridad territorial y la competitividad como condiciones para impulsar la actividad económica.

Guzmán anotó que la propuesta contempla un plan de choque de 90 días para combatir la extorsión en sectores como el agro, la logística y el turismo, con el propósito de facilitar nuevas inversiones.

El segundo frente apunta a mejorar el ambiente para hacer negocios mediante una reducción del tamaño del Estado de hasta 40%, la simplificación de trámites regulatorios, la eliminación gradual del gravamen del 4x1.000 y menores cargas tributarias para las empresas que generen empleo formal.

Un tercer componente se concentra en la infraestructura, la energía y los proyectos de largo plazo. El plan contempla aumentar la producción petrolera, desarrollar proyectos de fracking bajo criterios de responsabilidad ambiental, reactivar concesiones viales, construir más de un millón de viviendas y ejecutar 30.000 kilómetros de vías terciarias, iniciativas que, según el consultor, tendrían un efecto multiplicador sobre más de 30 actividades económicas.

Finalmente, el programa incluye medidas para fortalecer el talento humano y la producción nacional mediante el desarrollo agroindustrial de la Altillanura, incentivos para la economía digital y la inteligencia artificial, además de una meta de reducir en 40% la informalidad laboral.

“Los ciclos de gobierno que alinean seguridad, inversión y reactivación productiva no se presentan con frecuencia en la historia de un país. Colombia puede estar frente a uno de esos momentos”, enfatizó Guzmán.

Recuperar la autosuficiencia energética

El programa económico también otorga un papel central al sector minero-energético, al que De la Espriella considera fundamental para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la atracción de inversión.

Según el mandatario electo, el país debe abandonar lo que calificó como un manejo basado en “prejuicios ideológicos” y recuperar una política sustentada en criterios técnicos y seguridad jurídica.

Entre las iniciativas figura reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, acelerar el desarrollo de campos ya descubiertos, impulsar proyectos costa afuera y fortalecer la infraestructura de transporte de gas. Además, propone evaluar técnicamente los yacimientos no convencionales como alternativa para ampliar la oferta energética.

El plan también contempla modernizar el sistema eléctrico de la Costa Caribe, mantener a Ecopetrol como un activo estratégico de la Nación y promover el desarrollo de la minería legal de oro, cobre, plata y tierras raras, diferenciándola de las actividades ilegales.

Frente a este escenario, Jackeline Henao, directora de Team Consultor, sostuvo que el país tiene herramientas para construir una política de largo plazo sin necesidad de comenzar desde cero.

Según la experta, el reto consiste en aprovechar la información técnica disponible, fortalecer las instituciones y generar condiciones de confianza que permitan reactivar y consolidar la industria.

El consultor jurídico senior de Team Consultor, Camilo Tovar, señaló que el próximo gobierno deberá equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y la seguridad jurídica, fortaleciendo las instituciones, garantizando reglas estables para la seguridad energética e impulsando decisiones técnicas sobre infraestructura y yacimientos no convencionales.

Mayor y mejor valoración para ecopetrol

Los analistas de Credicorp Capital elevaron su recomendación sobre la acción de Ecopetrol de “mantener” a “comprar”, al considerar que la petrolera estatal sería una de las principales beneficiadas por el nuevo escenario político tras la elección presidencial.

La firma también incrementó su precio objetivo para la acción de $2.600 a $3.300, lo que representa un potencial de valorización cercano al 8% frente al precio de mercado observado hace poco.

Según Credicorp Capital, el cambio en la recomendación responde a la expectativa de una transformación en la política del sector de hidrocarburos, un mayor alineamiento del Gobierno con el negocio principal de Ecopetrol y la posibilidad de una administración más técnica, factores que, a su juicio, mejorarían las perspectivas operativas y financieras de la compañía.

Los analistas estiman que la nueva administración impulsaría una renovación de la alta dirección y de la junta directiva de Ecopetrol, reactivaría la exploración y producción de hidrocarburos y priorizaría una asignación de capital más eficiente.

Aunque consideran que buena parte de esos efectos se reflejarían en los resultados de la empresa a partir de 2028, creen que el mercado comenzará a descontarlos desde el corto plazo mediante una revalorización de la acción.

Credicorp Capital sostiene que Ecopetrol podría recuperar eficiencia en sus inversiones de exploración y producción, luego del deterioro observado entre 2023 y 2025. Asimismo, proyecta una reducción de costos en el negocio de producción de petróleo y gas y una mejora gradual de los márgenes de refinación, gracias a una menor dependencia del crudo importado si aumenta la producción nacional.