Luz Adriana Camargo defiende su criticada gestión por los procesos que avanzan lento y raja la Paz Total de Petro
La funcionaria también se refirió a casos como el de la UNGRD, alias Calarcá, Nicolás Petro y Ricardo Roa, y explicó las decisiones detrás de las actuaciones de la Fiscalía.
En medio de los cuestionamientos que hay sobre el ritmo de algunos de los procesos judiciales más importantes del país y sobre hasta dónde ha llegado la Fiscalía con varios de los nombres que han aparecido en escándalos de corrupción, Luz Adriana Camargo salió a dar cuentas. Defendió decisiones de su administración, reconoció algunos desaciertos y se refirió al efecto que tuvo la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro sobre el trabajo de los investigadores y fiscales.
En entrevista con Noticias Caracol, Camargo habló de varios de los expedientes que han marcado su paso por la Fiscalía, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las investigaciones relacionadas con funcionarios y exfuncionarios, el proceso contra Nicolás Petro y los casos asociados a estructuras criminales. También explicó cómo la participación de integrantes de grupos armados en las mesas de diálogo de la paz total incidió en la ejecución de órdenes de captura.
Lo primero fue rajar esa política. Dijo que el proceso terminó lejos del resultado que buscaba el Gobierno de Petro y atribuyó parte de las dificultades a la forma en que fueron planteados los diálogos regionales y a la posición de los grupos armados que participaron en ellos.
“En concepto mío, esa Paz Total tuvo dificultades para que fuese exitosa y no lo fue, definitivamente no lo fue (...) Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación que yo la veo ausente... y por otro lado, yo creo que hubo una cosa definitiva que fue... la falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz”, señaló.
La fiscal explicó que esa política también tuvo efectos sobre las actuaciones de la Fiscalía, particularmente frente a las órdenes de captura contra integrantes de las organizaciones que participaban en las mesas. “Ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo efectivamente, que normalmente son las personas que representan a esas organizaciones armadas”, sostuvo.
Frente a las críticas por los tiempos de algunas investigaciones, Camargo explicó que la Fiscalía ha priorizado la recolección de elementos y la construcción de los casos antes de proceder con las capturas.
De acuerdo con la funcionaria, en lo corrido de 2026, la entidad ha ejecutado 1.375 órdenes de captura a través de la delegada contra el crimen organizado y otras 4.900 desde la delegada de seguridad territorial.
El caso ‘Calarcá’
Es quizá uno de los procesos que más críticas le ha valido a la Fiscalía. Solo después de que Noticias Caracol revelara el contenido de una información que, al parecer, estaba engavetada, la entidad avanzó contra el jefe de las disidencias. En la entrevista, Camargo reconoció que la Fiscalía no sabía que ese material estaba en los discos duros incautados a alias Calarcá, una afirmación que, horas después, volvió a poner el caso en el centro de las críticas a la entidad.
“Gracias a esa información de Noticias Caracol tuvimos oportunidad de recuperar la información que estaba en poder de los investigadores del caso... esa información fue la que sirvió de base para hacer la imputación a Calarcá, no sabíamos que estaba ahí”, dijo.
En el disco duro había información que daba cuenta de los presuntos vínculos de las disidencias con miembros de las Fuerzas Militares y de los aparatos de inteligencia del Estado.
Otro caso de revuelo nacional es el de la UNGRD. La fiscal sostuvo que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal y avanzar hasta la acusación de funcionarios de alto nivel.
Defendió los cuestionamientos por su presunta inacción contra ‘pesos pesados’ y sostuvo que se han compulsado copias contra 33 congresistas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sobre la salida del país de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, reconoció dificultades en la expedición de las órdenes de captura. “Tuvimos ahí unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país”, afirmó.
Ante los cuestionamientos por los tiempos de las actuaciones judiciales, agregó: “Los casos están listos cuando están listos y no antes”.
Caso Nicolás Petro
Este caso, marcado por drama familiar, infidelidad, traición, amenazas y, sobre todo, por constantes idas y vueltas judiciales, comenzó prácticamente al mismo tiempo que el Gobierno de Gustavo Petro y, hasta ahora, sigue sin una decisión de fondo. Incluso, algunos de los propios investigadores han atribuido los retrasos a una supuesta intervención de la fiscal general. Camargo negó haber interferido en las decisiones de la entonces fiscal Lucy Laborde y explicó que sí sostuvo una reunión con ella, pero a propósito de una solicitud de preacuerdo y principio de oportunidad presentada por la defensa.
“Yo tuve una reunión con la doctora Lucy Laborde... donde efectivamente se habló de una petición de preacuerdo y principio de oportunidad que estaba solicitando la defensa del señor Nicolás Petro... a ella no le pareció que fuera procedente hacer un preacuerdo y no se hizo, y tan cierto es que el juicio siguió”, explicó.
Sobre la salida de Laborde de la entidad, aclaró que se produjo en el marco del concurso de méritos: “Ella salió de la entidad por el concurso de méritos, ella no participó en el concurso, de manera que su cargo... lo estaba ocupando otra persona que sí participó”.
La fiscal también habló de las investigaciones relacionadas con la presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente 2022, específicamente sobre el proceso contra el exgerente de Ecopetrol Ricardo Roa.
“Nosotros investigamos y ya tenemos acusado al exdirector de Ecopetrol (Ricardo Roa) por el caso de tráfico de influencias. En realidad, el apartamento es la anécdota, porque el tema es el contrato en Hocol. La otra línea de investigación tiene que ver con la violación de topes electorales siendo él gerente de campaña. Y el tercero es un caso que es muy complejo para la Fiscalía, pero estamos trabajando fuertemente, que tiene que ver con el tema de Termomorichal, los 40 millones de dólares que se pagaron a la terminación de ese contrato”, explicó.
Sobre la relación con el Gobierno, Camargo reconoció diferencias con la administración anterior y describió como diferente el relacionamiento con el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Con el gobierno que se fue, no es un secreto para nadie, hubo muchas dificultades en el diálogo... En lo que llevamos del gobierno actual... he tenido al menos unas ocho reuniones de trabajo con nuevos funcionarios; es un buen relacionamiento y yo espero que así sea”, concluyó.
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