Guillermo Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, bajo la lupa de la Procuraduría por la crisis en Nueva EPS

La crisis de la Nueva EPS —la de más afiliados del país, con más de 11 millones de usuarios— vuelve a generar cuestionamientos en los organismos de control. Un informe de la Procuraduría General de la Nación plantea la necesidad de establecer posibles responsabilidades disciplinarias de 13 exfuncionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro relacionados con la vigilancia, administración e intervención de la entidad. Entre estos se puso especial atención al exministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el exsuperintendente del sector, Daniel Quintero, y el exagente interventor de esa aseguradora, Jorge Iván Ospina.

El informe fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. En este se sostiene, según contó El Tiempo, que existen elementos suficientes para solicitar una investigación disciplinaria que permita determinar si las actuaciones u omisiones de esos exfuncionarios mencionados tuvieron incidencia en las dificultades que continúa presentando Nueva EPS.

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El caso de Guillermo Jaramillo ocupa un lugar central en el informe. El exministro, quien estuvo al frente de esa cartera entre mayo de 2023 y agosto de 2026, aparece como uno de los funcionarios cuya conducta deberá ser examinada. El Ministerio Público busca establecer si durante su gestión se produjeron actuaciones que pudieran estar relacionadas con el deterioro de la atención y de las condiciones administrativas y financieras de la aseguradora.

En el expediente también aparece Daniel Quintero, también exalcalde de Medellín y que como superintendente estuvo vinculado a responsabilidades dentro de la estructura de supervisión de Nueva EPS. Su nombre hace parte del grupo de exsuperintendentes y otros servidores cuyas decisiones serán revisadas por la autoridad disciplinaria.

Otro de los señalados es Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y quien fue nombrado interventor de esa EPS en abril de este año. La Procuraduría pretende determinar si las actuaciones desarrolladas durante su paso por la administración de Nueva EPS tuvieron alguna relación con los problemas detectados.

La investigación deberá ser adelantada por el delegado José Rodrigo Vargas, quien tendrá que establecer si hubo conductas disciplinariamente reprobables y, de ser así, el alcance de las eventuales responsabilidades.

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La crisis de Nueva EPS: problemas de atención, tutelas y quejas

Uno de los aspectos que más preocupa al ente de control disciplinario es el aumento de las reclamaciones de los afiliados. Según el informe mencionado por el medio, durante el primer trimestre de 2026 Nueva EPS recibió 216.308 peticiones, quejas y reclamos, equivalentes a más de 72.000 casos al mes.

El comportamiento representa un incremento considerable frente a años anteriores, pues en 2025 se registraron 934.926 solicitudes, en 2024 hubo 624.690 y en 2023 se presentaron 451.265. Entre las principales inconformidades aparecen las dificultades para obtener medicamentos y las demoras en la asignación de citas con médicos especialistas.

La situación también se refleja en el número de acciones de tutela interpuestas ante jueces de la República. Durante enero, febrero y marzo de 2026 fueron reportadas 40.668, mientras que en todo 2023 se contabilizaron 68.070. Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Santander figuran entre las zonas con mayor número de acciones judiciales.

La Procuraduría también encontró retrasos en la respuesta a las solicitudes de los usuarios. De los casos presentados en 2025, el 72,1 % habría sido atendido apenas durante 2026. Esta situación, a juicio del organismo, resulta especialmente grave cuando están en juego servicios relacionados con el derecho fundamental a la salud.

La Procuraduría advierte que la situación no mejora

El análisis también advierte problemas para garantizar medicamentos, tratamientos, autorizaciones, atención especializada y disponibilidad de prestadores. A esto se suman dificultades para cumplir decisiones judiciales, incluso cuando existen tutelas, órdenes médicas o incidentes de desacato.

El ente de control considera que las irregularidades no serían hechos puntuales, sino una situación extendida a diferentes regiones del país, así como señala afectaciones en municipios de once departamentos y advierte inconsistencias entre los reportes de medicamentos entregados, pacientes atendidos y recursos destinados.

Tras más de dos años de intervención (inició en abril de 2026), el organismo concluye que los objetivos que justificaron la medida no se habrían alcanzado y que varios indicadores de Nueva EPS presentan un deterioro significativo.

El expediente que involucra a Jaramillo, Quintero y Ospina, así como a otros 10 exfuncionarios, se incorporará a las actuaciones que la Procuraduría inició contra antiguos interventores de la entidad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con Nueva EPS y por qué la Procuraduría investiga a Guillermo Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina?

La Procuraduría pidió investigar disciplinariamente a 13 exfuncionarios para determinar si sus actuaciones u omisiones tuvieron relación con la crisis de Nueva EPS. Entre ellos están Guillermo Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina.

¿Por qué Nueva EPS sigue en crisis pese a la intervención del Gobierno?

Nueva EPS mantiene problemas en la entrega de medicamentos, autorizaciones, citas con especialistas, continuidad de tratamientos y cumplimiento de órdenes judiciales. La Procuraduría considera que la intervención no habría conseguido resolver de manera suficiente las dificultades administrativas y financieras.

¿Qué puede hacer un afiliado de Nueva EPS si no le entregan medicamentos o no le autorizan un servicio?

Un afiliado puede presentar primero una petición, queja o reclamo ante Nueva EPS y conservar los soportes. Si persiste la vulneración del derecho a la salud, puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud o presentar una tutela ante un juez.

¿Qué puede pasar con Guillermo Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina tras la investigación de la Procuraduría?

La investigación deberá establecer si existieron faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. Por ahora, la apertura de actuaciones no significa que los tres hayan sido sancionados; las eventuales consecuencias dependerán de las pruebas y decisiones del proceso.