¿Reforma pensional, en la cuerda floja? La Corte Constitucional define este martes si sigue viva o se cae
La Corte Constitucional decidirá si la reforma pensional del Gobierno Petro cumple con la Constitución o debe ser anulada por errores en su trámite legislativo.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
Tras un año de tensiones políticas, jurídicas y procesales, llegó la hora de la verdad para la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión histórica: determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales o si, por el contrario, debe ser declarada inexequible.
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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, radicó la semana pasada la ponencia que servirá de base para el debate.
La Corte revisará si el Congreso corrigió los vicios de procedimiento que en junio pasado llevaron a suspender la entrada en vigor de la ley, inicialmente prevista para el 1 de julio de 2025.
La ponencia de Ibáñez plantea una conclusión sobre si esos errores —identificados durante la plenaria de la Cámara de Representantes— fueron subsanados con las sesiones extraordinarias de los días 27 y 28 de junio, cuando la Cámara reanudó el cuarto debate y aprobó el texto del Senado.
Sin embargo, algunos congresistas, como Katherine Miranda, alegan que no se cumplió el quorum decisorio, lo que mantiene viva la controversia.
Los tres caminos posibles para la reforma pensional
El fallo de la Corte Constitucional puede seguir tres rutas, cada una con efectos inmediatos, con base en análisis de expertos consultados:
Inexequibilidad total
Si al menos cinco magistrados consideran que los vicios del trámite legislativo son insubsanables, la Ley 2381 de 2024 será expulsada del ordenamiento jurídico. Esto mantendría vigente la Ley 100 de 1993, que regula actualmente el sistema pensional, con la competencia entre Colpensiones y los fondos privados de pensión.
El Gobierno tendría que empezar de cero con un nuevo proyecto, lo que implicaría un fuerte costo político y un retraso de uno o dos años.
Exequibilidad total
Si la Corte determina que el Congreso corrigió adecuadamente los errores, la ley será ratificada en su aspecto formal. Pero como la fecha de entrada en vigor ya pasó, el Congreso deberá establecer una nueva.
Aun así, no sería el fin del debate, hay más de 80 demandas contra el fondo de la ley, que cuestionan su sostenibilidad fiscal, el impacto sobre los derechos adquiridos y el principio de progresividad de la seguridad social.
Inexequibilidad parcial o diferida
La Corte podría declarar válida solo una parte de la norma, o posponer sus efectos. Esto permitiría ajustes técnicos sin desmontar por completo el sistema, pero mantendría la incertidumbre jurídica.
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