Nueva York y 21 estados más demandan a Trump por una norma que endurece el acceso a la residencia en EE. UU.

En Estados Unidos, pedir ayuda del Estado para comer, pagar el arriendo o ir al médico podría terminar costándole a un inmigrante la posibilidad de quedarse en el país. Para frenar esa amenaza, una coalición de 22 estados y la capital, Washington, demandó este lunes al Gobierno de Donald Trump por una nueva norma que endurece el acceso a la residencia permanente —la codiciada green card— de quienes usan o podrían llegar a necesitar beneficios públicos.

La demanda, encabezada por Nueva York, California e Illinois, se presentó en una corte federal de Manhattan y busca que el tribunal bloquee e invalide la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que debe entrar en vigor el viernes 18 de septiembre. La norma les daría a los funcionarios de inmigración mayor poder para negar la tarjeta de residencia, las visas o incluso la entrada al país.

La disposición se conoce como “carga pública” y permite negar una visa o la residencia a quien el Gobierno considere que probablemente dependerá de la ayuda estatal. La figura se remonta a la Ley de Inmigración de 1882, pensada para que los recién llegados pudieran valerse por sí mismos. Durante décadas, los funcionarios solo tenían en cuenta las ayudas en efectivo. La nueva norma no precisa qué programas contará: indica que tendrá en cuenta cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos, lo que abre la puerta a incluir Medicaid, los cupones de alimentos (SNAP) o los vales de vivienda. También permitiría considerar beneficios solicitados para familiares, incluidos hijos que son ciudadanos estadounidenses.

La regla se aplica a personas que ya tienen un estatus legal; los inmigrantes indocumentados no son elegibles para estos beneficios. Revoca la norma que la administración de Joe Biden adoptó en 2022 —que había vuelto a limitar la evaluación a las ayudas en efectivo— y es aún más amplia que la que Trump implementó durante su primer mandato, en 2019.

¿Por qué demandan los estados?

La demanda sostiene que el DHS excede su autoridad, porque el Congreso no aprobó una interpretación tan amplia de lo que significa ser una “carga pública”, y que la norma es “arbitraria y caprichosa”. Los estados afirman que asumirían el costo de la política: si las familias de estatus migratorio mixto se retiran de los programas por temor a consecuencias migratorias, perderían fondos federales y enfrentarían mayores gastos en salud pública, escuelas y economías locales. Los documentos judiciales subrayan que Nueva York es especialmente vulnerable por su gran población inmigrante, sus amplios programas de beneficios, sus comidas escolares gratuitas y universales, y su dependencia de los fondos federales de Medicaid y SNAP.

El DHS estima que, a nivel nacional, los estados dejarían de recibir unos 4.050 millones de dólares al año en transferencias federales para Medicaid y el CHIP; de esa cifra, los estados demandantes calculan que podrían perder cerca de 2.200 millones. La demanda no reclama dinero: pide bloquear la norma e impedir que el DHS la aplique.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó a la norma de aprovecharse del miedo de los inmigrantes para que renuncien a beneficios a los que tienen derecho.

El DHS defiende la medida como el regreso a un principio básico: que los inmigrantes “puedan mantenerse por sí mismos”. En un comunicado, sostuvo que los estados santuario temen perder fondos federales porque cientos de miles de personas podrían retirarse de los programas de asistencia. La norma se enmarca en una serie de medidas del Gobierno para desincentivar que los inmigrantes se inscriban en las ayudas: la ley fiscal que Trump firmó en julio de 2025 ya restringió el acceso de algunos inmigrantes legales a Medicaid y a los cupones de alimentos, y dejó fuera de esos programas a refugiados y asilados. Al anunciar la norma en julio, el DHS dijo que buscaba reafirmar la autosuficiencia y terminar con políticas que, a su juicio, fomentaban la dependencia.

¿Quiénes más demandan?

En paralelo, seis gobiernos locales —entre ellos las ciudades de Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle, y los condados de Santa Clara (California) y King (Washington)— presentaron una demanda similar. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que encabeza esa coalición, advirtió que el temor tendrá un “efecto disuasorio” incluso entre familias que siguen siendo plenamente elegibles, y que todos los neoyorquinos pagarán las consecuencias.

Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, la demanda estatal incluye a California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. Los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten desde hace tiempo que la medida golpearía sobre todo a las familias de estatus mixto con hijos ciudadanos, que podrían renunciar a beneficios por miedo a poner en riesgo sus trámites migratorios. Calculan que la medida podría afectar a cientos de miles de familias en todo el país.