Unas 450 mil familias sin energía dependen de normas e inversión

En pocos días se publicará la resolución definitiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que define bajo qué fórmula se remunerará en los próximos 5 años a las comercializadoras de electricidad, componente que incide en lo que pagan los usuarios finales. Y también se espera, a más tardar en junio, se definan los ajustes en la fórmula de la distribución, otro eslabón clave de la cadena de energía.

Ambas normas influirán en cómo las principales distribuidoras y comercializadoras de energía del país, mantendrán el ritmo de inversiones.

Esto será definitivo para que 450 mil usuarios (familias colombianas), que aún no tienen el servicio de electricidad, por estar en zonas apartadas, puedan acceder a él más temprano que tarde. Y hacerlo realidad costaría unos 4,3 billones de pesos, según las mismas cifras del Gobierno.

En esas condiciones, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) está a la espera de las señales regulatorias y medidas adicionales para estimular que las empresas del sector aumenten sus inversiones.

Este sería el camino para cubrir ese 3,5 por ciento de usuarios que faltan por el servicio, hoy se atienden 12,7 millones, y mejorar las condiciones de cobertura, calidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

“Que se aceleren la cobertura depende de poder realizar planes quinquenales de inversión y que sean remunerados de la manera adecuada, además de superar atrasos con permisos ambientales (licencias) y las comunidades (consultas previas)”, argumentó José Camilo Manzur Jattin, director de Asocodis, en entrevista con EL COLOMBIANO.

Cartera en corto circuito

Y mientras el Gobierno define a cuántas familias espera llevar la electricidad hasta 2018, para las empresas del sector hay temas por atender.

Uno es la cartera por 400 mil millones de pesos que tienen entidades oficiales de orden nacional y local (hospitales, colegios cárceles, alumbrado público, entre otras) a las que no se puede cortar el servicio por mandato constitucional.

“Deben disponerse herramientas disciplinarias o unos paz y salvos en sus deudas de energía como requisito para los desembolsos presupuestales, maneras de facilitar pagos”, propone Manzur Jattin.

También el dirigente gremial llama la atención sobre medidas pendientes para acabar con las pérdidas no técnicas, lo que incluye fraude (conexiones ilegales), y que al año ascienden a unos 1,2 billones de pesos, recursos que, sumados a la cartera pendiente, podrían dirigirse a incrementar inversiones en infraestructura eléctrica y más mejoras en el servicio.

Subsidios sin luz fiscal

Asimismo, el gremio considera que el Gobierno está en mora de abordar un tema impopular, pero de alto impacto fiscal al presupuesto de la Nación: replantear el esquema de subsidios a estratos 1, 2 y 3, con la sobretasa que pagan los usuarios del 5 y 6, así como el comercio. Al cruzar cuentas, el déficit que se paga a cargo del presupuesto de la Nación, financiado por los contribuyentes colombianos, es cercano a 1,2 billones de pesos (ver gráficos).

“Hay que evaluar en profundidad y cambiarlo de manera gradual, revisando niveles de ingresos asociados a consumos racionales de energía, como se hace en otros países. Hoy hay usuarios de estrato 1 y 2 que consumen mil kilovatios hora-mes, ¡muchísimo!, así como hay usuarios de estratos altos con casa campestre que reciben subsidio porque está estrato 1, por una precaria estratificación rural”, concluyó el director de Asocodis.