“Demandaremos la Ley de Regularización en Israel”

El pasado 3 de febrero, tras varias jornadas de disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes, culminó el desalojo del asentamiento judío de Amona en Cisjordania. Hace dos años, la Corte Suprema de Israel había ordenado la demolición de dicha colonia tras una larga pelea entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y una ONG en los tribunales.

Quienes trabajan en dicha ONG no son activistas extranjeros. Ni árabes, ni europeos, ni latinoamericanos. Yesh Din (Hay Ley), la organización que logró este fallo crucial —que se espera sea un precedente—, nació de la solidaridad de ciudadanos de Israel, cansados de ver cómo sus vecinos quedan estancados en impunidad.

No obstante, un Parlamento (Knesset) controlado por la derecha del país, aprobó el 6 de febrero la polémica Ley de Regularización, prevista para entorpecer la lucha de Yesh Din. El portavoz de dicha ONG, Gilad Grossman, afirmó, en entrevista con EL COLOMBIANO, que la tarea apenas inicia.

¿Cómo surgió Yesh Din?

“Mujeres israelíes que trabajaban en la ONG Machsom Watch, observaban lo que ocurría en los puestos de control y en el muro, y se percataron de que los palestinos no sabían que tenían derechos y que podían ejercerlos ante las autoridades israelíes. Decidieron en 2005 fundar una organización para dar asistencia legal a víctimas palestinas de violaciones a los derechos humanos”.

¿Qué tipo de abusos se cometían en esos puestos?

“Cualquier palestino que pasara por esos lugares era maltratado por colonos israelíes, o por la Policía. Pero después Yesh Din empezó a ocuparse de temas como los ataques a los cultivos de los palestinos, y luego de asuntos más graves. Hoy en día, la organización ha crecido hasta abordar tres problemas principales: primero los palestinos atacados por civiles israelíes, lo que va desde ataques a sus propiedades hasta asesinatos.

En segundo lugar la responsabilidad que puedan tener militares en el asesinato de palestinos. En eso damos respaldo jurídico a los familiares de las víctimas. Por último abordamos asuntos de despojo de tierras y de asentamientos israelíes sobre propiedad palestina”.

¿Desde cuándo prestan apoyo jurídico en el caso del asentamiento de Amona?

“Desde 2008, el mismo año en que empezamos a trabajar en asuntos relacionados a la tenencia de tierras. Primero, en 2005 solicitamos demoler nueve casas permanentes, pero nuestro reclamo lo extendimos en 2008 a toda la colonia. El argumento que expusimos fue que la construyeron sobre una tierra registrada como propiedad privada palestina. Eso hizo que, a diferencia de otras tierras que no están registradas, el caso de Amona fuera muy claro y muy fácil de frenar”.

¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad israelí?

“En primer lugar, la evacuación de las nueve casas en 2006 fue muy violenta, y pocos meses después de que las tropas israelíes se retiraron de Gaza. La derecha israelí quería demostrar un punto en Amona, por lo que hubo disturbios y enfrentamientos contra la Policía.

Hace dos años, un tribunal ordenó que la totalidad del asentamiento fuera desalojado, pero nadie dijo mucho. Pasó un año y medio para que empezaran a impulsar una campaña para evitar el desalojo. El gobierno y el fiscal general intentaron todo tipo de mecanismos inéditos para impedir que se cumpliera la sentencia. Estos incluyeron ubicar a los colonos muy cerca de donde estaban, y también en propiedad privada palestina. Interpusimos un nuevo recurso para evitar que eso ocurriera, lo que supuso mucho trabajo jurídico, pero al final tuvimos éxito”.

Pero ahora el Knesset (Parlamento) aprobó la Ley de Regularización, que legaliza todos los asentamientos...

“No es que los legalice. Lo que hace esa ley es prevenir que sean desalojados o demolidos, así estén construidos sobre propiedad privada palestina. Ya estamos viendo la primera implementación de eso, en casos distintos que nosotros llevamos ante asentamientos como el de Adeid Ad. El gobierno está buscando que la Corte Suprema estudie si la ley aplica de forma retroactiva para procesos como el de dicha colonia. Creemos que la ley es inconstitucional e inmoral, y planeamos interponer un recurso al máximo tribunal para que la frene”.

¿Cuáles argumentos presentarían para ese recurso?

“Hay tres graves problemas en esa ley. El primero es que el Knesset no tiene soberanía en Cisjordania. Por tanto no puede pasar una ley sobre las tierras palestinas. Es la primera vez que pasa y nos parece ilegal. Lo segundo es que contraviene el derecho internacional, que establece que solo puede desalojarse una propiedad privada si, primero, hay una necesidad o prioridad militar, o si es para el bien común. Ahora bien, la Corte Suprema de Israel decidió en 1979 que no se puede quitar tierras por necesidad militar para luego construir asentamientos. Y por otra parte, no se trata de bien común si la tierra despojada es para autorizar unas colonias ilegales en las que viven pocas familias y se expulsa a los palestinos. En tercer lugar, la Ley de Regularización contraviene una ley fundamental del Estado de Israel, la del derecho a la propiedad. Por tanto es inconstitucional”.

¿Creen que resolver el asunto de los asentamientos ayudaría a destrabar décadas del conflicto árabe-israelí?

“No somos una organización política, y lo que hacemos no es para buscar soluciones al conflicto. Nosotros simplemente pensamos, como defensores de los derechos humanos, que las vidas de los palestinos no estarán realmente protegidas mientras que haya una ocupación israelí. Por ese motivo trabajamos por proteger esos derechos. Para nosotros no es una cuestión política, pero mientras que Israel sea gobernante de facto de Cisjordania, tiene la responsabilidad de defender y proteger los derechos de la población palestina, y leyes como la de Regularización hacen todo lo contrario”.