Trump y su cruzada por el estadounidense “puro”
La cancelación de la ciudadanía de los hijos de migrantes ilegales se suma a intentos similares del presidente republicano.
“Somos el único país donde una persona viene, tiene un bebé, y ese bebé es esencialmente ciudadano de los Estados Unidos”, fue la declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump al medio digital Axios. A una semana de las elecciones legislativas, abrió el debate sobre la eliminación del llamado derecho de suelo que otorga que los hijos de residentes nacidos en el país, incluso ilegales, la nacionalidad.
Esta garantía está consignada en la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada hace 150 años, la cual señala que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana”.
La idea de Trump sería, a través de un decreto presidencial, eliminar esta condición. Una posibilidad que ha sido cuestionada por varios expertos en derecho constitucional como el profesor de Harvard Laurence Tribe, quien expresó a través de Twitter que si el derecho de suelo pudiera ser removido de esta forma “entonces la Constitución entera podría ser borrada”.
El doctor en derecho internacional y profesor de la Universidad de Medellín, Pedro Piedrahita, explica que el derecho de suelo es un principio del derecho internacional y, contrario a lo que afirma el mandatario estadounidense, muchos países lo consideran en su ordenamiento jurídico. Solo en el continente lo aplican Canadá, México, Argentina, Colombia, entre otros (ver recuadro).
De la retórica a los hechos
Aunque el carácter electoral del anuncio es evidente para los analistas, el coordinador de la especialización en Estudios Políticos de la Universidad de Medellín, Juan David Escobar, señala que “Trump es un hombre que para bien o para mal intenta cumplir sus promesas de campaña, puede con el fin de buscar la reelección en 2020”.
Recién iniciado su periodo, Trump estableció por orden ejecutiva un veto de ingreso al país para ciudadanos de cinco países de mayoría musulmana que, tras ser bloqueado por varios jueces, fue finalmente ratificado por el Tribunal Supremo en junio.
El año anterior el líder republicano también intentó deportar a 600.000 indocumentados que llegaron siendo niños al país, conocidos como dreamers. Una situación que aún no resuelve la Corte de Apelaciones.
Este último caso sobre la nacionalidad de hijos de inmigrantes ilegales podría llegar a una instancia constitucional. En ese escenario la decisión recae en el Tribunal Supremo, en el cual el presidente ha logrado ubicar a dos de los nueve magistrados durante estos dos años de gobierno