¿Hay “guerra jurídica” en la política de América Latina?

Horas antes de entregarse a las autoridades, en abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió volver. En la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, la organización que lo vio nacer como figura política, Lula pronunció un discurso de amor y odio con la justicia. “Yo no estoy por encima. Creo en la Justicia. En una Justicia justa. Sé que la historia va a probar que quien cometió un crimen fue el comisario que me acusó, el fiscal que fue injusto conmigo y el juez que me condenó”. Tras más de 500 días en una celda, la misma justicia que lo condenó le ha dado la razón, parcialmente.

Y ha dado alas a aquello que en los corredores políticos de los partidos autonombrados como progresistas de Latinoamérica y en la academia se ha comenzado a nombrar como lawfare. De la mezcla de dos palabras, ley (law) y guerra (warfare), el concepto define el uso del poder judicial en la política, a través de denuncias y sentencias que destruyen al adversario político. El lawfare ha pasado a ser parte del decálogo de explicaciones cuando la justicia falla en contra de expresidentes o exfuncionarios, la mayoría de ellos integrantes de gobiernos de izquierda en la región.

¿Qué es el lawfare?

“Cuando hablamos de lawfare hablamos de una persecución estratégica y dirigida que utiliza distintas herramientas como la vía jurídica y mediática para desprestigiar a líderes políticos”, define Marcelo Maisonave, del Observatorio de Lawfare de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica). Una estrategia que, según Maisonave, se articula con campañas de comunicación y ayudan a crear ambientes en la opinión pública que tienen impactos sociales y económicos.

“Se caracteriza por el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos o “corruptos” que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna (alejándose de la “imparcialidad” y “apoliticismo” con el que intenta asociarse la aplicación de la ley)”, define en el texto “Lawfare y neoliberalismo en América Latina: una aproximación” Silvina Romero, profesora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires

“Es un proceso, además, oportunista en tiempos electorales y que ha tomado el caso de Lula como bandera”, dice Maisonave.

El expresidente brasileño fue condenado a 12 años de cárcel por el juez Sergio Moro por corrupción a menos de seis meses de unas elecciones presidenciales en la que era favorito y que tras su sentencia y posterior retiro fueron ganadas por Jair Bolsonaro, su rival directo. El juez Moro, el mismo que condenó a Lula, fue nombrado un mes después como ministro de Justicia del presidente electo.

El Tribunal Supremo de Brasil señaló el pasado martes que Moro fue parcial al juzgar y condenar a Lula, la sentencia llegó después de que el mismo Tribunal anulara el 8 de marzo todas las condenas contra Lula porque el juzgado de Curitiba, que dirigía Moro, no era competente para juzgar al expresidente. “El de Brasil es el caso de lawfare más acabado de la región”, señala Romero. “No se trata de exculpar y creer inocentes a estos políticos. Se trata de cumplir el debido proceso”.

De hecho, y pese a los últimos triunfos jurídicos de Lula que parecen darle la razón en cuanto a la falta de garantías de su juicio, ninguna sentencia de ningún tribunal lo ha exculpado y mucho menos lo ha declarado inocente. Los casos cuya sentencias fueron anuladas (4) tendrán que pasar a otros juzgados que podrían condenar al expresidente. Además, Lula tiene pendientes al menos otras 8 causas abiertas por tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros. El caso Lula, sin embargo, ha justificado análisis similares en Argentina, Ecuador y Bolivia.

El resto de la región

Las “coincidencias” de la condena de Lula se repiten casi de forma idéntica en Argentina. En octubre de 2015 se denunció a la entonces presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Justo en medio de la primera y segunda vuelta presidencial en la que el candidato de Kirchner disputaba el cargo con Mauricio Macri, quien a la postre fue el ganador.

La hoy vicepresidenta del gobierno argentino ha dirigido dardos contra el poder judicial de su país, acusándolo de interferir en la vida política y de ser un superpoder. “El aparato judicial presiona para apropiarse de la política, monopolizarla y que todo pase por sus manos, su decisión y su influencia” señala Romero. Es algo que “implica que los conflictos políticos se dirimen en el ámbito jurídico y la política termina dependiendo o restringida a la decisión en las cortes”, señala la académica en uno de sus textos. Al igual que pasa con Lula, Kirchner tiene por lo menos 10 causas abiertas en su país por diferentes delitos durante sus gobiernos.

El de Bolivia es el caso más reciente. El país ha pasado los últimos años en medio de turbulencias políticas después de que el entonces presidente Evo Morales se exiliara en octubre de 2019 en Argentina tras un proceso electoral que la derecha de su país consideró fraude y otros un golpe de Estado. “Es un caso que aunque todavía está en estudio y análisis, muestra indicios graves de que también se trató de lawfare”, dice Romero.

Más de un año después, con Luis Arce (pupilo de Morales) en el poder, las autoridades de Bolivia capturaron a Jeanine Añez, líder de la derecha que en 2019 lideró las denuncias de fraude contra Morales, una captura que provocó un pronunciamiento de la OEA en el que el organismo denunció que el sistema judicial boliviano no ofrece garantías para llevar adelante un “juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso”. La Secretaría General propuso, entre otras cosas, “una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición (de Añez).

Más allá de la discusión de si esto constituye o no un caso de lawfare, parece estar claro que los procesos judiciales que se han llevado en estos países contra expresidentes y grandes figuras políticas tienen de por medio desconfianzas con el poder judicial. ¿Son necesarias reformas?

“Limitarse a ellas es un error”, responde Romero. “Hay que buscar la forma en que la democracia no sea solo ir a las urnas. Solo fortaleciendo la visión política de las personas podemos construir mejores criterios y evitar la guerra política en los tribunales. Y eso no se hace con una reforma, se necesita trabajar con las bases, a nivel popular”.