Migrantes seguirán rotulando sus pisadas en la región

Alrededor de 6,5 millones de venezolanos se han desplazado de su país empujados por la emergencia humanitaria compleja que vive la nación gobernada por el régimen de Nicolás Maduro. Esa es la cifra que hasta el pasado 4 de agosto registraba la plataforma de coordinación de migrantes y refugiados venezolanos, R4V, de Acnur.

Un número que seguirá aumentando esté o no Maduro en el poder, pues el fenómeno de movilidad humana está motivado, más que por asuntos políticos, por la necesidad de encontrar oportunidades de vida fuera de un país que pasa por la escasez de alimentos, dificultades en los servicios públicos e inflación, entre otros asuntos.

6,5 millones de personas significa 2,6 veces la población de Medellín. O, si se quiere, le faltan apenas un millón de personas para ser la cantidad de habitantes que tiene Bogotá. En otros términos, Venezuela, un país de cerca de 28,8 millones de ciudadanos, ha visto partir al 22 % de su población en tan solo cinco años.

Este miércoles 19 de agosto se cumple el primer lustro desde que se agudizó la migración proveniente de Venezuela. Esto no significa que antes de ese momento los ciudadanos de ese país no estuvieran dejando su tierra, sino que esa semana de agosto marcó un punto de inflexión porque el régimen expulsó a colombianos que estaban allá.

Cuenta Christian Krüger, quien fue director de Migración Colombia entre 2015-2019 y es ahora consultor de asuntos públicos, que “el fenómeno migratorio va a continuar. Hay una especie de pausa por la pandemia, pero mientras sigan esas políticas de expulsión por parte de la dictadura de Maduro la movilidad humana en el continente seguirá”.

Instancias multilaterales como el Grupo de Lima y gobiernos como el de Colombia o Estados Unidos piden la salida del mandatario del poder. No obstante, así haya un cambio de mando, el desplazamiento a través de las fronteras seguirá hasta que se reconstruya el país que tiene una inflación interanual de 4.099 %, según la Asamblea Nacional, y registra salarios que rondan en los 5 dólares y solo alcanzan para comprar una canasta de huevos.

Impulsados por ese contexto adverso, para febrero de este año al territorio nacional habían ingresado 1.825.687 ciudadanos de ese país, de acuerdo con cifras de Migración Colombia. Hasta mayo quedaban 1.764.883 y esa diferencia de 60.804 personas se debe a los retornos humanitarios que ha facilitado el Gobierno Nacional por las fronteras terrestres con Venezuela, pasos que se encuentran cerrados por la pandemia desde el 14 de marzo.

Con la mirada en la región

El fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela es considerado por Acnur como el segundo desplazamiento a través de fronteras más grande del mundo, después del de los refugiados sirios que huyen de la guerra civil que se disputa en su país desde 2011. De ese fenómeno, aunque el conflicto está por cumplir diez años, el pico migratorio se registró en 2015.

“Pero de seguir así en tres o cuatro años podemos superar a la migración siria”, agrega Krüger. Esa afirmación se sustenta en que las condiciones de vida se agudizan, por ejemplo, tal como lo constató Human Rights Watch, el sistema de salud está en decadencia; o, como lo han indicado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y Amnistía Internacional hay evidencias de “masivas violaciones” a los derechos humanos.

Ante esa realidad, Colombia se convirtió en el mayor receptor de venezolanos, seguido por Perú (477 mil), Chile (472 mil), Argentina (207 mil) y Ecuador (179 mil). De esos, los que están en Ecuador y Perú tienen la característica de que, probablemente, cruzaron por Colombia para poder llegar a esos países. De ahí que nuestro territorio nacional no sea solo un lugar con vocación de permanencia para estas personas, sino también un punto de tránsito.

El problema es que los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú están poniendo requisitos para la migración, como las visas, mientras que el Ejecutivo de Iván Duque mantienen las políticas de Permisos Especiales de Permanencia (PEP) para esta población, por lo que establecerse acá puede ser más sencillo que hacerlo en otra de esas naciones.

Hay instancias regionales que trazan planes para esa movilidad humana. La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, Acnur o la Organización Internacional para las Migraciones, a los que se suman la diplomacia de los gobiernos que han trabajado en medidas como la Tarjeta Unificada de Vacunación (TUV), entendiendo que un venezolano que cruza por el Puente Simón Bolívar hacia Villa del Rosario puede terminar, tal vez, en cualquier ciudad de Ecuador.

La articulación también se manifiesta en la búsqueda de cooperación internacional. Según la plataforma R4V, se han gestionado 1.407 mil millones de dólares para este asunto, pero de estos solo se han desembolsado a los países suramericanos cerca de 276 mil dólares. El monto restante es una promesa de dinero que aún no llega. Con esas ayudas solo se ha alcanzado al 34 % de la población, señala el R4V.

Los principales cooperantes han sido Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, la misma Acnur y OIM, que mantienen su presencia en los puntos de paso de los migrantes, mientras que desde marzo y por el contexto de pandemia, las fronteras del continente están cerradas: deteniendo una migración que se entreteje con las rutas de los ríos de la región.

Ad portas de una nueva ola

Afirma Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que “en la zona de frontera los contextos serán más difíciles. La respuesta ha sido el cierre de los cruces, pero este es insostenible en el mediano y el largo plazo. Los municipios ubicados en estas áreas van a requerir apoyo cuando llegue el momento de levantar las restricciones.”

Colombia tiene siete pasos migratorios oficiales con Venezuela en los 2.219 kilómetros de frontera, un área que, lejos de ser un terreno sólido conectado por una carretera es, más bien, una amalgama entre el río Táchira, trochas, pastos y valles donde los límites se hacen intangibles. En este agosto de 2020 esos terrenos cuentan con vigilancia policial de ambos países, por la covid, una medida de seguridad inusual en este sector.

Tal como lo indicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el 80 % de los venezolanos que han retornado tienen incentivos para regresar. Para los que han permanecido en Colombia, de manera regular o irregular, y para aquellos que arriben en las próximas semanas, hay retos en atención social para su inclusión.

Desde Barranquilla la directora de la Clínica de Migrantes de la Universidad del Norte, Shirley Llain, destaca que la atención en salud, el trabajo informal, la identidad legal y la certificación de los estudios que los menores de edad cursen en el territorio nacional son los principales retos que debe atender el gobierno.

Llain es clara con sus ejemplos. Primero, si bien ya el Estado garantiza el acceso a la educación para todos los venezolanos, si un adolescente indocumentado se gradúa sigue sin tener una identidad legal a la que puedan atribuirse esos estudios. O, si es un adulto en esa condición, pues tampoco puede acceder a herramientas como una cuenta bancaria.

También desde Bogotá, la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Carolina Moreno, comenta que los Permisos Especiales de Permanencia, que han tenido una vigencia de dos años, “son insuficientes porque los venezolanos están demostrando su vocación de quedarse en el país, haciendo sus proyectos de vida en Colombia”.

Sin ir muy lejos, en julio la autoridad migratoria habilitó una renovación del PEP porque estos permisos se vencen y cuando eso sucede los ciudadanos quedan en condición irregular en el territorio nacional, una medida que ya habían tomado en otras ocasiones.

“Además, uno de los principales desafíos para Colombia es tener una ley migratoria con carácter amplio y estructurado que dé herramientas para entender los fenómenos de movilidad humana que suceden en el territorio nacional”, resalta la profesora Moreno.

En el Congreso desde 2017 se han engavetado dos proyectos de ley migratoria y un tercero está en trámite, en segundo debate en el Senado. La iniciativa plantea un estatuto de migración para colombianos en el exterior, retornados y extranjeros que llegan al país. Es decir, no solo aborda el fenómeno venezolano. Aunque, por supuesto, su aprobación representaría avances en ese ámbito.

Uno de sus ponentes es el senador conservador Juan Diego Gómez, quien dice que “la idea es proceder con su trámite en esta legislatura. Tenemos el apoyo de seis partidos políticos y el respaldo del Gobierno Nacional a través de Cancillería y Migración Colombia. Esto ha permitido que avance más que las otras iniciativas de este tipo que hubo antes”.

Por más normatividad

Las decisiones nacionales sobre migración se han valido de decretos y resoluciones. Por ese motivo, el investigador Rodríguez dice que “el Estado colombiano continúa en la dinámica de medidas transitorias. No tenemos un aparataje con política pública a largo plazo para la migración venezolana y ninguna otra migración”.

Así, la aprobación de una ley en esta materia es uno de los primeros pasos a seguir para consolidar los esfuerzos jurídicos en este ámbito. Sin embargo, el 20 de julio, cuando el presidente Iván Duque instaló el Congreso y compartió sus prioridades en el legislativo, no mencionó esta iniciativa.

Entre tanto, en los planes de desarrollo (PD) 2020 - 2023 de los municipios comenzó a aparecer este tema en la agenda. Desde 2019 la Alcaldía de Barranquilla trazó una Política Pública para la Protección Integral de los Migrantes en Estado de Vulnerabilidad y en el PD actual reconocen a la ciudad como un territorio receptor de venezolanos con vocación de permanencia.

Medellín trazó una política pública migratoria en el PD y también ha articulado a esta población en los programas para comunidades vulnerables de la Secretaría de Inclusión Social. En Bogotá, entre tanto, el PD de Claudia López dedicó tres páginas al tema migratorio haciendo énfasis en la cobertura a este grupo en los programas del distrito.

Con ese panorama la investigadora Moreno de la Universidad de los Andes enfatiza que “es necesario que todas las alcaldías y gobernaciones en sus planes de desarrollo tengan programas concretos para los migrantes. No es una opción, sino una realidad que los venezolanos están en los municipios y son estas autoridades las que tienen que atender el tema”.

En el ámbito departamental también se han dado pasos. Norte de Santander cuenta con una Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, a cargo de Víctor Bautista, quien afirma que “la aspiración es que una frontera funcione como un aeropuerto, con registros de quién entra y quién sale. Es lo mínimo que se necesita y no ocurre con los pasos terrestres colombianos”.

Por ese motivo Bautista considera que el futuro de la migración necesitará de pasos sistematizados, con un sistema que registre a los ciudadanos y traiga consigo la modernización de los pasos fronterizos. La autoridad migratoria ya había comenzado ese proceso, con puntos de identificación biométrica.

Espinosa, el director de Migración Colombia, explicó a EL COLOMBIANO que para el momento en el que se reabran las fronteras podrían entrar 40 mil ciudadanos de ese país al territorio nacional cada mes, con una particularidad: aquellos que retornaron por la pandemia podrían regresar a Colombia acompañados de un amigo o familiar, aprovechando que ya conocen el contexto del país.

En medio de la discusión migratoria está la emergencia humanitaria compleja venezolana y la disputa por el poder en ese país. Aunque en enero de 2019 el opositor Juan Guaidó se proclamó como presidente interino, está claro que el poder de facto lo tiene el régimen de Maduro, un gobierno con el que Colombia no tiene relaciones diplomáticas, por lo que se dificulta trazar estrategias de cooperación para atender una migración que se seguirá presentando.