Perú tambalea entre Odebrecht y una crisis política

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, y el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, llegaron desde el martes de esta semana a Curitiba, Brasil, a cumplir una tarea clave para su investigación sobre los vínculos de corrupción entre la constructora brasileña Odebrecht y políticos del Perú.

Vela y Pérez parecían vestir un uniforme: ambos con saco azul índigo, camisa blanca de botones y cargando un bolso negro arribaron al Ministerio Público para cumplir su cita con los máximos exejecutivos de esa firma.

Su trabajo de los últimos meses es el detonante de que en el país haya más de 38 pesquisas abiertas con más de 250 investigados, la mayoría políticos, por haber recibido dinero de Odebrecht. Con su gestión, cuatro expresidentes, una exprimera dama y una excandidata presidencial están hoy contra las cuerdas de la justicia. Y cada vez hay más implicados.

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Entre martes y viernes, el expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y los exejecutivos, Eleuberto Martorelli y Marko Antonio Harasic, les entregaron nombres de 71 peruanos que recibieron sobornos por 59 millones de dólares. Ese dinero lo habrían pagado entre enero del 2006 y mayo del 2011.

Como lo dijo Pérez en entrevista con EL COLOMBIANO, a comienzos de este año, estos se han logrado “con colaboración de Odebrecht, entregando información de sobornos, pagos, cuentas, trasferencias bancarias y de los funcionarios que pactaron coimas. Todo ello no hubiera sido posible sin la cooperación entre la justicia peruana y la empresa brasileña”.

Con la lupa en la justicia

Al tiempo que Vela y Pérez hacían sus pesquisas, Perú, de cierta forma, ardía. La crisis política de esta semana se resume en que el lunes el presidente Martín Vizcarra disolvió el legislativo porque se negó a cambiar los postulados a integrar el Tribunal Constitucional. Para el Ejecutivo, los elegidos por los congresistas eran cuotas políticas y no garantizaban que se hiciera justicia, en especial con el juzgamiento de aforados involucrados en el escándalo de corrupción. Vizcarra pidió otros nominados y el Congreso se negó. Entonces, el mandatario disolvió el parlamento y convocó a elecciones.

A los minutos, los diputados declararon a Vizcarra como un político con “incapacidad moral” para ejercer, retirándolo del cargo y nombrando a una mandataria en funciones, la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Su “mandato” comenzó posando la mano izquierda en la Biblia y con un cristo al costado; terminó con su renuncia por Twitter: duró 24 horas y 11 minutos en el cargo. Días después el diario El Comercio reveló que que “no quería juramentar, porque era solo una encargatura”. Aráoz, la Ejecutiva exprés, quiere ser presidenciable.

No se puede negar que Vizcarra –en los 19 meses que lleva de mandatario, desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018– suma enfrentamientos con el Congreso. Solo entre agosto y septiembre de este año, el Ejecutivo y el Legislativo tuvieron 18 choques por temas que van desde las sugerencias que hacía el presidente de disolverlo hasta las declaraciones de la bancada de Fuerza Popular que proponían que la salida de la crisis era la renuncia del presidente.

Detrás de lo político, está la sombra de corrupción. Vizcarra se muestra abierto con las investigaciones de los fiscales especiales, mientras que parlamentarios de Fuerza Popular y del Partido Aprista se oponen al acuerdo de colaboración.

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Como lo explica el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jorge Aragón, “parte del comportamiento de la mayoría fuijimorista y aprista tiene que ver con unos esfuerzos por tratar de evitar las investigaciones”. Estos sectores estaban acostumbrados a tener influencia en el poder judicial, una cuestión que han perdido en los últimos meses, más en un contexto en el que se están renovando plazas en el Tribunal Constitucional.

Los magistrados que queden serán los encargados de definir la continuidad de la colaboración con la constructora, el pedido de libertad de la excandidata presidencial y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el hábeas corpus que presentó la defensa del expresidente Alberto Fujimori para revertir resolución que anuló el indulto que le dio Kuczynski, el 24 diciembre de 2017, y que canceló la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2018.

Fujimori (hija) es señalada de recibir sobornos de Odebrecht y está en prisión preventiva; su padre tiene una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción.

El abogado constitucionalista de ese país, Luciano López, añade que los congresistas han visto un bastión en la protección dada por el fuero que les ha servido para tener un “escudo” ante procesos judiciales pero no lo quieren perder. Parlamentarios que, a propósito, ya no podrán renovar su curul porque en el referendo de diciembre de 2018 la gente votó a favor de prohibir la reelección de los legisladores.

Los avances de Perú con Odebrecht

Solo en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela resultaron nombrados en el caso Odebrecht. De todos estos, Perú es el que ha generado más decisiones: los cuatro expresidentes de este siglo investigados, primeras damas, senadores, alcaldes, exviceministros y más. A juicio de López, los avances se deben a la voluntad de funcionarios, más que al funcionamiento del sistema. Ahí entran los nombres de Barata y Pérez.

Perú ha tenido avances a pesar de que en el Ministerio Público hay una crisis interna. De hecho, el exfiscal general Pedro Chávarry, destituyó a esos dos investigadores en enero de este año y a los dos días renunció a su cargo. Desde ese mes Vizcarra declaró que hay una emergencia en el ente acusador, crisis que los investigadores de Odebrecht han sorteado.

El profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Goky Gonzales, comenta que ese grupo de fiscales ha impulsado su trabajo generado una cadena de hechos que han permitido que los expresidentes y sus familiares fueran objeto de investigación, generando una cadena de elementos de evidencias que han permitido abrir los procesos. Con ese precedente y tras una semana que desató la mayor crisis del país desde la renuncia de Kuczynski y el cierre del parlamento que hizo Fujimori en 1992, Perú busca una salida.

Matín Vizcarra suma el apoyo popular, que se manifestó en protestas a su favor desde el lunes, más el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, los fiscales mantienen su trabajo mientras los rostros más destacados de la política están presos o a punto de llegar a juicio. Hasta ahora el Ejecutivo y los investigadores parecen hombres de hierro en un país convulso.