Tensión en Bolivia tras captura de Jeanine Áñez
La Fiscalía la acusa de sedición y terrorismo, cometidos durante un supuesto golpe de Estado que la convirtió en presidenta interina en 2019.
La oposición boliviana está conmocionada y los mensajes de apoyo de los líderes de derecha del continente se han oído desde la madrugada del sábado, cuando se ejecutó la captura de la exsenadora Jeanine Áñez, quien fungió como presidenta interina de Bolivia desde el 12 noviembre de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2020.
Su ascenso a la Casa Grande del Pueblo se dio luego de la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera, quienes dejaron el Gobierno acorralados por las protestas y tras la exigencia de dimisión por parte de las Fuerzas Militares, ya que estaban acusados de un fraude electoral ocurrido el 20 de octubre de 2019, que los mantendría otros cinco años en el poder (llevaban 14 años).
Con la llegada a la presidencia de Luis Arce Catacora (elegido por voto popular), miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), que es el mismo partido de Morales, la posición del Gobierno es que lo ocurrido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado.
Los opositores que estuvieron al lado de Áñez durante su año de Gobierno aseguran que este no fue ningún golpe de Estado, que Morales era un presidente ilegítimo y por eso renunció, y que actuaron bajo los preceptos que establece la Constitución en estos casos.
Desde finales del año pasado se iniciaron los procesos penales en contra de los jefes militares y de policía que habrían orquestado la crisis, pero este viernes, de manera sorpresiva, la Fiscalía emitió una orden de aprensión en contra de Áñez y de cinco de sus ministros, dos fueron capturados junto a la expresidenta y los otros tres están fuera del país o prófugos.
Áñez fue detenida en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y fue trasladada a La Paz en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, para que responda ante la justicia por los presuntos delitos de sedición y terrorismo. La Fiscalía solicitó durante la imputación que sea llevada a la cárcel por seis meses de manera preventiva, dado que hay riesgo de fuga.
“Hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas, que son la exsenadora Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Guzmán, de Energía”, dijo en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio.
Las órdenes de aprehensión también se extendieron contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo, de Presidencia Yerko Núñez, de Defensa Fernando López. Sin embargo, el alto funcionario agregó que esto no se trata de ninguna persecución política, como lo dijo la oposición.
Pocos minutos después de su detención, Áñez señaló en su cuenta de Twitter : “Denuncio ante Bolivia y el mundo que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”.
Actualmente la expresidenta interina se encuentra bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.
Áñez pidió intervención
Áñez dirigió sendas cartas al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Doczy, en las que pidió la presencia de una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva” su aprehensión. Además, denuncia la “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Áñez apeló a que tanto la OEA como la UE fueron testigos del “fraude en las pasadas elecciones del año 2019”, que dieron como ganador a Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo, comicios que posteriormente fueron anulados en medio de una crisis política y social en el país.
“Esta solicitud tiene origen a consecuencia de la instrumentalización de las instituciones judiciales, para perseguir y encarcelar políticamente a exfuncionarios de mi gobierno constitucional de transición bajo un supuesto golpe de Estado”, concluyó.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento: “El secretario general (António Guterres) recuerda la importancia de respetar el debido proceso que garantice la total transparencia de todos los procesos legales”.
Guterres pidió avanzar en los “pasos dados por todos los actores bolivianos hacia la consolidación de la paz” y reiteró el apoyo de ONU en ese sentido