60 años de resistencia: así se gestó la nueva era que ahora esperanza a Urabá

Por Gerard Martin*

En 1964, el primer barco bananero de la nueva era zarpó de Turbo a Rotterdam. En esa época, ganaderos, bananeros, palmeros, campesinos, colonos, comerciantes y mucha gente estaban a toda velocidad abriendo y colonizando el área más plana de Urabá, entre Murindó y Arboletes. Otras regiones periféricas del país comenzaron por fin también a integrarse en la economía nacional. En conjunto formaron la tercera y última frontera agrícola de Colombia, después de la colonial y la del café. La nueva frontera integraba regiones andinas templadas y zonas tropicales bajas con excepcional intensidad. Por eso el crecimiento demográfico en Urabá se hizo a tasas comparables a las observadas por la misma época en Medellín y Bogotá.

Este es el relato de qué pasó en la región desde entonces y cómo logró ganarle el pulso a una cruenta época de violencia para ilusionarse ahora con una Urabá próspera y en paz.

Colonos y campesinos eran parte integral del proceso en los 60, pero ya no el actor principal. Lo eran la agroindustria en Urabá y los Llanos, la re-explotación industrial de riquezas mineras en el Bajo Cauca y el Chocó, igual que con el petróleo en Arauca y Norte de Santander, el carbón en la Guajira y el níquel en Córdoba.

Estas dinámicas reflejaron una mayor capacidad del Estado central, por lo menos en atraer inversionistas extranjeros para explotar riquezas naturales, pero con débil capacidad reguladora y mínima dirección e inversión en desarrollo social. Además, cultivos de coca y laboratorios para procesarla contribuyeron a abrir esta vez fronteras, y alrededor de ella prosperaron redes criminales, guerrillas, y paramilitares. Casi todas estas regiones se hicieron epicentros del conflicto armado, y aquellas donde varias dinámicas coincidieron, como Urabá, terminaron siendo las más violentas.

Esto explica que muchas de estas regiones fueron priorizadas por el Acuerdo de Paz (2016) como PDET, o sea territorios necesitando cuidados intensivos para consolidar la paz y evitar que se repitiera la guerra. Los criterios para calificar eran altas tasas de homicidio, duradero conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos y administración pública débil.

La paradoja era, por supuesto, que estas regiones contaron desde su apertura moderna con motores económicos modernos y lucrativos. Lo que, en el caso de Urabá, y ante las nuevas oportunidades ilusionantes, nos obliga a plantearnos preguntas exigentes: ¿Cómo aterrizar las oportunidades y ponerlas en marcha, esta vez sí, para un desarrollo sostenible e incluyente, que consolide la paz y evite nuevas guerras? ¿Cuáles soluciones y herramientas movilizar ante los nuevos y emocionantes retos?

La bonanza y la guerra

Cuando ocurrió la bonanza agroindustrial, Urabá era un callejón sin salida, aislada y poco poblada, una idea tardía para Antioquia y el país. Ahí vivían 40.000 personas, dispersas sobre un puñado de veredas, con apenas dos alcaldías en lo que es hoy el eje bananero: Turbo y Chigorodó. La Carretera al Mar era más mito que realidad: lodosa y lenta, 20 horas para 35 kilómetros.

El cambio fue asombroso. Las 7.000 hectáreas de Palma Africana —la más grande plantación en el país en su momento— y 20.000 en banano generaron del día a la noche 25.000 empleos formales directos, y miles de indirectos. La United Fruit no solo ofreció créditos atractivos a inversionistas colombianos y extranjeros para montar las bananeras, prestaba asesoría técnica y garantizaba la comercialización internacional, sino que catalizó desarrollo social. Por ejemplo, el primer colegio con bachillerato de la región se abrió en 1964. Hasta entonces el más cercano estaba en Santa Fe de Antioquia.

La región recibió una subestación eléctrica, un hospital y otros equipamientos. Sin duda la vivienda obrera era precaria en los campamentos y en los pueblos nuevos, pero ¿dónde y cuándo no la ha sido en este país? La euforia inicial y el gana-gana para casi todo el mundo duró siete años. A finales de la década, todas las bananeras se vieron obligadas a desmontar y resembrar con una nueva variedad y de instalar empacadoras, para exportar ya no en racimos sino en cajas. Pequeñas bananeras no lograron asumir los cambios. El sector se concentró, pero los grandes propietarios eran con frecuencia ausentistas, y de menor compromiso con el desarrollo territorial. Además, la United Fruit decidió disminuir su rol de comercializador. Empresas como Uniban y Banacol llenaron el vacío y el banano volvió a ser lucrativo pronto, pero se generó un ambiente de incertidumbre y fragilidad.

Más aún cuando durante los 70 las condiciones se complicaron en Urabá, igual que en el resto del país. El desborde popular, la debilidad institucional y un centralismo anacrónico generaron una gran deuda social. En lo político, terminada la estricta regulación electoral del Frente Nacional, nada la reemplazó, y los dineros calientes penetraron la escena política para quedarse. En lo criminal, la región del golfo de Urabá se transformó en un epicentro del narcotráfico, controlado por los capos de Medellín.

A la vez, las Farc y el EPL, desde inicios de los 80, abrieron una guerra fratricida y ola de terror para controlar lo vida sindical, electoral y territorial. La violencia generalizada de los 80 y 90, con guerrillas y paramilitares librando sus guerras contra la sociedad, profundizó la separación social, fomentó el miedo y paralizó la poca institucionalidad reguladora que había.

La crisis reafirmó la imagen de una región que nunca logra atrapar su destino. Pero era dar razón a los violentos y olvidar los tantos esfuerzos constructivos que a mí personalmente me impresionaron mucho cuando en 1985 y 1986, en 1991 y 1993, y otra vez entre 2000 y 2008 estaba en la región por estudios y asesorías técnicas. Nunca pararon los esfuerzos ilusionados para mejorar la situación, y superando sus propios miedos, vi nacer una sociedad civil local fragmentada, pero comprometida, constructiva y más pragmática que ideológica. De manera retrospectiva podemos constatar que estaban en la base del amplio consenso hoy, de que las guerras vividas fueron catastróficas y que no hay lugar para las armas en la política.

Un nuevo comenzar

Urabá y algunas otras regiones PDET han logrado poner fin a sus guerras abiertas, aunque no siempre de la misma manera. Urabá estuvo entre las primeras y lo hizo a sangre y fuego. Otras lo lograron gracias al Acuerdo de Paz. Muchas siguen en guerra, como es el PDET Medio Pacífico, del cual hace parte Buenaventura. Entre todas, Urabá es la que está mejor posicionada para consolidar un desarrollo en paz. Lo digo por haber tenido estos últimos años el privilegio de tomar el pulso a la situación en 13 de las 16 regiones PDET.

Urabá, sin duda, comparte similitudes con las demás: permanencia de cultivos ilícitos, actor armado activo, infiltración de dineros calientes, silencios y corrupción y carencias en los tres niveles de administración pública. Pero Urabá gana por lo que la diferencia: una agroindustria potente generadora de mucho empleo legal; mayor densidad y peso demográfico; mejor calidad y cobertura de servicios públicos (bien que con graves insuficiencias); mejor oferta educativa; sedes universitarias prestigiosas en la región; mayor grado y madurez de su capital social; gremios y fundaciones privadas activas; entidades regionales con credibilidad y capacidad de convocatoria como Corpourabá, la Cámara de Comercio de Urabá, EPM y las cajas de compensación; y espacios regulares de diálogo y articulación como el Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad (CUEES). Es decir, en Urabá hay con qué, a diferencia de muchas otras regiones PDET.

Es en este contexto que se presentan las oportunidades generadas por las mega obras viales y portuarias. Las expectativas son enormes y casi a diario hay simposios sobre retos, oportunidades, planes y proyecciones para priorizar y actuar en conjunto. No es tarea fácil. La deuda social, la desigualdad y la pobreza siguen siendo enormes a seis décadas del arranque. De ahí la pregunta un tanto cliché que surge en cada simposio y debate: ¿cómo evitamos ser otra Buenaventura? La respuesta más corta me parece ser que en Buenaventura el puerto debería ser el motor de la economía, pero no lo es. Por consiguiente, Buenaventura no ha tenido nunca un motor económico como lo ha tenido Urabá desde hace seis décadas con su agroindustria, que además se fortalece con Puerto Antioquia, ya que logrará cargar y transportar su fruta de manera más eficiente.

Los urabaenses son orgullosos de las obras. Se ilusionan con las oportunidades laborales, comerciales y turísticas. También esperan que el Puerto logre catalizar inversiones para superar las graves deficiencias en temas como el agua potable, el alcantarillado, las calles, los colegios, el transporte público, la vivienda. Puerto Antioquia limita el grueso de su inversión social al corregimiento de Nueva Colonia, donde está su muelle, pero es apenas una parte limitada del territorio de Turbo (3.000 km2) de Urabá. De ahí la necesidad de que las alcaldías de los 11 municipios se comprometan a fondo, de manera estratégica y coordinada y con una imaginación cívica que permita que todos los habitantes de Urabá se sientan incluidos.

El obstáculo principal es el mismo que enfrenta la implementación de las obras PDET en muchos municipios a lo largo y ancho del país. Una ciudad como Medellín ha demostrado saber avanzar en incluir sus poblaciones y territorios periféricos en la ciudad, mejorando cobertura y calidad de servicios con proyectos integrales de urbanismo social (por lo menos cuando el alcalde de turno decide hacerlo). Pero en Urabá y las demás regiones PDET, los recursos, las capacidades humanas y administrativas siguen limitadas. En el fondo, lo que se requiere, es una ambiciosa descentralización 2.0, y una radical reforma a los concejos y asambleas, para que la democracia representativa se ponga a funcionar.

Mientras tanto, inspiran optimismo los debates políticos sobre la introducción de herramientas administrativas como una Área Metropolitana para los cuatro municipios del eje bananero y provincias para el resto, para superar la gestión poco articulada entre alcaldías que hoy domina. Ojalá se pueda también intensificar las obras PDET regionales y municipales más estratégicas pendientes. Alianzas público-privadas pueden ayudar a las alcaldías con la implementación de los excelentes Planes Municipales Integrales construidos hace una década por el instituto Urbam de Eafit, con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. Mientras Apartadó ha avanzado con ellas, Turbo no ha logrado reunir el pulso para hacer lo mismo. Esto mejorará en mucho su centro histórico y el potencial turístico que tiene, por el patrimonio integral que reúne alrededor de su pintoresco puerto antiguo, El Waffe.

Aterrizar sueños y ponerlos en marcha implica garantizar que la gente de la región se sienta respetada e involucrada. Urabá ya no se deja gerenciar desde Medellín, sino desde la proximidad y el territorio. Esto incluye estimular la imaginación cívica más allá de publicar imágenes de los avances. En las visitas a las grúas megamax —las más grandes que existen— hay que incluir a los jóvenes, todos los alumnos de las instituciones educativas, para que hagan selfies con las grúas. Inspirarles una postura soñadora, convencerles que el Puerto ya es una verdad, y ayudarles a querer contribuir a construir una Urabá próspera y en paz.

*Gerard Martin es un sociólogo de origen holandés. Es autor de varios libros sobre la actualidad colombiana, entre ellos, Medellín, tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado. 1975 – 2012. Fue asesor de proyectos del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, investigador senior para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Usaid. Además, ha acompañado ciudades en temas de gobernabilidad y seguridad ciudadana. Es reconocido por su trabajo en la comprensión de las dinámicas urbanas y rurales contemporáneas en Colombia.