Sin el Fast Track, se aplazaría estreno de las Farc en política
Al acuerdo de participación política, el único que estuvo blindado en la renegociación entre el Gobierno y las Farc, podría no estar implementado en el 2018, año de elecciones de Congreso y Presidencia. Así que este grupo, que apenas inicia hoy su tránsito a la legalidad, tendría que esperar hasta las regionales de 2019 para estrenarse como partido político.
Según varios expertos consultados, esta es una de las principales consecuencias para el acuerdo de paz, si la Corte Constitucional no aprueba la próxima semana el mecanismo rápido o fast track (FT), que reduciría a la mitad los trámites legislativos en el Congreso para el trámite de las leyes requeridas para implementar lo pactado (¿Cómo funciona?).
Aunque solo sería año y medio de espera, en lo político no es lo mismo llegar a las elecciones de autoridades locales sin las diez curules que las Farc tienen garantizadas en el Congreso para su nuevo partido político. La legitimidad y vocería política quedaría menguada.
Pero hay más. Como lo dijo la semana pasada el mismo presidente Juan Manuel Santos, 2017 es un año preelectoral y si los congresistas pueden pronunciarse sobre cada punto de las leyes necesarias, algunos podrían hacer aprovechamiento político.
En diversos escenarios los voceros de las Farc también han hablado de la necesidad de que la Corte dé vía libre al FT, para no poner en riesgo la implementación del acuerdo.
Por su parte el expresidente Álvaro Uribe expresó que el trámite abreviado es dictatorial y que no se necesita ni para lo urgente: “El Gobierno tiene facultades en las leyes vigentes para acordar con voceros de las Farc el traslado a unas zonas de concentración y tiene facultades para darles todas las garantías”.
Se apoyó en que esa facultad está contenida en el artículo primero de la Ley 1779, que modifica la Ley 418, antes ley de orden público y hoy legislación con instrumentos para la paz”.
Uribe agregó que el FT viola la Constitución, impide el debate y le concede facultades a Santos para que durante seis meses, prorrogables, adopte por decreto la totalidad de los acuerdos firmados. Recordó que este mecanismo quedó condicionado a que el Gobierno obtuviera mayorías en el plebiscito, “pero ahora quieren imponerlo”.