Abogado que ayudó a entablar diálogo con las bandas en Medellín denunció nuevas amenazas
Ya en 2022 lo habían amenazado invitándolo a su propio funeral.
Nuevamente, el abogado Alex Alberto Morales hizo una alerta pública por el riesgo que corre su vida. Morales, quien se dio a conocer al convertirse en delegado del gobierno de Gustavo Petro para avanzar en los diálogos de la llamada paz urbana y quien también ha representado legalmente a integrantes de los Pachelly, había decidido tomar distancia de los diálogos el año pasado, precisamente, tras recibir incontables amenazas de muerte.
Según el abogado colombo canadiense, este miércoles 31 de enero recibió un mensaje a través de WhatsApp en el que lo declaraban objetivo por ser “auxiliador de los grupos ilegales”.
“Recibí una amenaza en la cual me invitan a dejar los procesos de paz que venimos impulsando desde la sociedad civil colombiana, no solamente en la ciudad de Medellín sino en diferentes regiones del País, Igualmente me exhortan para que deje de representar a las personas vinculadas de las organizaciones al margen de la ley que opera en las regiones en conflicto”, señaló Morales.
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La amenaza llega luego de un evento clave en el proceso, adelantados en Urabá, y que contó con la presencia de más de 2.500 personas, entre líderes sociales, víctimas del conflicto armado y población indígena. También en los últimos días tuvo, Morales intervino en la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento contra uno de los cabecillas de los Pachelly, cuya base de operación es el municipio de Bello y que ha sido una de las principales dinamizadoras de este proceso de la llamada paz urbana.
Morales le pidió al presidente Petro que proteja su vida y que avance en el diálogo con los grupos criminales. Esta es la segunda vez que recibe amenazas de tal calibre, en septiembre de 2022 le había llegado una invitación a su propio velorio.
No obstante, las organizaciones que están acompañando este proceso han señalado en las últimas semanas que por parte del Gobierno no parece haber coordinación real para lograr avances significativos. Lo último que se logró, hace ya más de un mes, fue la definición de los puntos de diálogo entre el Gobierno y las 400 bandas que se sumaron al proceso.
El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.
El segundo eje se centrará en la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.
El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.
Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las AUC (2006) y las Farc (2016).