Alcaldía recusó a Daniel Quintero y pidió apartarlo de decisiones sobre el sistema de salud en Medellín
La Alcaldía de Medellín solicitó apartar al superintendente de Salud de decisiones clave, argumentando falta de imparcialidad en el superintendente de Salud.
Profesional en periodismo y magíster en Comunicación Transmedia de la Universidad Internacional de La Rioja, España, con más de 12 años de experiencia. Ha trabajado en los proyectos digitales de Caracol Radio, Blu Radio, Canal 1, Semana y actualmente es editor digital de EL COLOMBIANO.
La Alcaldía de Medellín presentó una recusación contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, con el objetivo de que se aparte de cualquier decisión relacionada con el sistema de salud de la ciudad.
La solicitud sostiene que existen factores que comprometen la imparcialidad de Quintero en actuaciones administrativas que involucren la red pública hospitalaria de Medellín.
Uno de los principales argumentos expuestos en el documento es el paso de Quintero por la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023, periodo en el que, según el Distrito, tuvo incidencia directa en la estructura y funcionamiento del sistema de salud local.
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La Alcaldía de Federico Gutiérrez señaló que actualmente existen procesos judiciales activos entre Medellín y entidades del orden nacional, incluida la Superintendencia Nacional de Salud.
Entre estos, se destaca una acción popular interpuesta contra el Gobierno Nacional, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia, relacionada con el flujo de recursos para garantizar la prestación del servicio de salud.
Según el documento, esta acción busca proteger el derecho fundamental a la salud ante presuntos incumplimientos en el flujo de recursos, lo que ubicaría al actual superintendente en una posición de contraparte procesal directa frente a la Alcaldía de Medellín.
Otro de los argumentos expuestos por la Alcaldía es la existencia de demandas de nulidad electoral contra el nombramiento de Quintero como superintendente, presentadas ante el Consejo de Estado por el Distrito y representantes legales de entidades públicas como el Hospital General de Medellín, Metrosalud y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.
Estas acciones buscan dejar sin efecto su designación, lo que, según el Distrito, refuerza la existencia de un conflicto jurídico activo.
Adicionalmente, se mencionan denuncias penales cruzadas entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Calle, así como investigaciones en curso ante organismos de control como la Procuraduría General de la Nación.
En ese contexto, también se indicó que existen hallazgos con incidencia disciplinaria derivados del proceso de empalme de la administración distrital en 2024, que motivaron denuncias contra Quintero por hechos ajenos a la actual gestión administrativa, pero de relevancia jurídica.
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Cuestionamientos por declaraciones públicas sobre la salud en Medellín
El documento también cuestiona los pronunciamientos públicos del superintendente en redes sociales y medios de comunicación, en los que ha calificado la situación financiera del sistema de salud en Medellín como un “colapso”, “quiebra” o “engaño”.
Para la Alcaldía, estas declaraciones constituyen juicios de valor anticipados sobre asuntos que deberían ser objeto de análisis técnico y administrativo, lo que podría afectar la neutralidad requerida para el ejercicio de funciones de inspección y vigilancia.
Asimismo, se advierte un uso reiterado de lenguaje descalificador y expresiones despectivas que incluso han derivado en denuncias ante la Fiscalía por presuntos delitos de injuria y calumnia.
Alcaldía de Medellín solicita designar un funcionario ad hoc
En caso de que la recusación no sea aceptada, la Alcaldía solicitó que el caso sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que se designe un funcionario ad hoc que asuma las decisiones relacionadas con el sistema de salud en Medellín.
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La administración distrital argumenta que esta medida permitiría garantizar condiciones de imparcialidad y confianza legítima en las actuaciones administrativas, evitando posibles nulidades futuras por falta de objetividad.
La petición se sustenta en principios del derecho administrativo que buscan asegurar la transparencia, la neutralidad y el debido proceso en decisiones que impactan directamente la prestación de servicios de salud en la ciudad.