Medellín

Alerta en la cárcel de Pedregal: brote de tuberculosis deja a 10 mujeres infectadas

Secretaría de Salud asegura que recibirán el tratamiento adecuado, pero las denuncias sobre las violaciones a derechos humanos al interior del penal no cesan.

hace 5 horas

La cárcel El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal, enfrenta una nueva crisis humanitaria tras la confirmación de un brote de tuberculosis que ha afectado a por lo menos diez reclusas. Esta situación, que se suma a un historial de denuncias sobre condiciones precarias y violaciones de derechos humanos, revela la crítica realidad de este centro penitenciario.

Infografía: entienda cómo se contagia la tuberculosis y de qué manera identificar sus síntomas

La Secretaría de Salud de Medellín confirmó los diez diagnósticos positivos mediante pruebas PCR en el patio de mujeres, donde cohabitan cerca de 169 reclusas en riesgo. Las mujeres infectadas han sido aisladas y reciben el tratamiento requerido, que dura aproximadamente seis meses y es suministrado gratuitamente por el Ministerio de Salud a través de las IPS Vivir IPS y NORS Salud IPS.

Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, explicó que el tratamiento es supervisado por personal de enfermería para asegurar su cumplimiento y evitar resistencias. En Medellín, se diagnostican cerca de 70 nuevos casos de tuberculosis cada semana.

Sin embargo, las internas y los defensores de derechos humanos han lanzado una contundente denuncia sobre la falta de atención oportuna y las condiciones deplorables. Las reclusas afirman que el brote inició en el patio de hombres antes de extenderse al femenino. Además, aseguran no contar con insumos básicos como tapabocas o alcohol, y que las condiciones de higiene y alimentación agravan la situación.

Un comunicado público del 12 de agosto, emitido por internos del patio 3 (R1) de El Pedregal, denuncia la ”pésima y horrible alimentación” y la ”incapacidad de esta empresa de alimentación para proporcionar un adecuado y digno servicio”. El comunicado también señala una ”grave problemática de corrupción por parte de funcionarios del Inpec” en complicidad con otros internos y personal administrativo.

Los reclusos denuncian un “falso aislamiento por contagios que no existen” que ha afectado los derechos a visitas familiares y procesos de resocialización de más de 300 internos. Además, expresan su inconformidad con la Personería Distrital de Medellín, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de DDHH de la Alcaldía de Medellín, acusándolas de “no venir a conocer la realidad” de su situación.

Siga leyendo: Internos de la cárcel El Pedregal pusieron lindo el parque de Belén, en Medellín

Afirman que estas entidades “no ingresan patio por patio” ni los escuchan directamente, lo que resulta en una ”incapacidad institucional muy grave” que lleva más impunidad y más violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos”.

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, ha sido una voz constante sobre la grave situación en El Pedregal, debido a problemas como la alimentación, la salud, el hacinamiento, el incumplimiento de subrogados penales, las torturas, los tratos crueles y degradantes, y la indiferencia institucional.

Carmona ha denunciado que la comida llega ”mal preparada, en porciones mínimas” y ”a destiempo”, con desayunos llegando al mediodía, almuerzos a altas horas de la noche y cenas en la madrugada. También ha denunciado que la comida está ”en estado no apto para seres humanos, cruda, en cantidades muy poquitas”. El defensor también ha señalado la falta de garantía en tratamientos y acceso a medicamentos para enfermedades crónicas. En una alarmante denuncia, Carmona afirmó: ”Aquí están prohibiendo que los defensores ingresen, por eso fue que me tocó escribirle a la Corte Constitucional”.

Las denuncias sobre El Pedregal, que alberga a más de 1.300 mujeres, incluyen presuntos casos de abuso sexual, torturas y golpizas. Organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de avances en investigaciones sobre violencia sexual (dos casos en 2024) y uso excesivo de la fuerza (enfrentamiento en febrero de 2025 que dejó al menos 30 mujeres heridas), en hechos que involucran a directivos y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. Un caso grave fue el de una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual por dos guardianes del Inpec, resultando en un embarazo de alto riesgo que requirió un parto inducido.

Aunque se han tomado medidas como la destitución del subdirector y el traslado del director titular y de los guardianes implicados, estas no han traído cambios de fondo. Las víctimas han sido reubicadas en otros centros penitenciarios como protección, sin embargo, la persistencia de las problemáticas y la acumulación de denuncias semanales sugieren que ni el Inpec, ni la Uspec, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia han demostrado avances reales para poner fin a las violaciones de derechos humanos en esta cárcel.

Internas y defensores de derechos humanos han hecho un llamado urgente a la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la Procuraduría, así como a la llegada de brigadas médicas para evaluar los casos y garantizar medidas efectivas de prevención y atención integral. El comunicado de los reclusos insta a Jorge Carmona a llevar su denuncia ante entes gubernamentales y la Corte Constitucional para que se inicien investigaciones y sanciones, y para que se declare la ”emergencia carcelaria”.