Radican pedido para acelerar caso contra el exsenador Julián Bedoya: en 57 días va a prescribir proceso

Si nada extraordinario ocurre, el próximo jueves 2 de julio el proceso que avanza en contra del exsenador Julián Bedoya por presunto fraude en la obtención de su título de abogado prescribirá.

Pese a que desde septiembre de 2024 vienen emitiéndose reiteradas alertas, y hasta un juzgado consideró que la defensa del político antioqueño estaría empleando una estrategia que “persigue la prescripción”, a escasos 57 días de la hora cero el panorama para que ese escenario no se materialice se muestra cuesta arriba.

Le puede interesar: Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado

Buscando que el caso no se caiga sin que si quiera llegue a dirimirse como corresponde, varios de quienes le hacen seguimiento al proceso le pidieron al Consejo Superior de la Judicatura ordenar que este se priorice.

Tal como ha ocurrido con otros casos de alto perfil e impacto público, la solicitud consiste en que el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá pueda dedicarse de lleno al proceso y defina en juicio si Bedoya es inocente o culpable.

En medio de este nuevo pulso, se conoció además que el Consejo de Estado ratificó hace poco más de una semana la suspensión temporal del acta de grado y el diploma de Bedoya, que ya había ordenado en febrero de 2025 y que la defensa del exsenador estaba insistiendo en tumbar.

¿Cómo van las cuentas del caso?

Pese a que el estallido del escándalo sobre el exsenador ocurrió hace más de seis años y medio, cuando a mediados de 2019 salieron a la luz las primeras denuncias de presuntas irregularidades en la obtención de su título, el reloj del caso comenzó a correr el 2 de julio de 2020.

En aquella fecha, el político compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir una indagatoria como parte de un proceso abierto tras denuncias que ya reposaban ante la justicia desde 2019.

Lea también: “Toma hostil” de la rectoría de la Universidad de Medellín fue ilegal, según un juez

De acuerdo con las cuentas que desde enero de este año ya había hecho públicas el equipo legal que representa a la Universidad de Medellín en ese caso, si bien el delito de fraude procesal tiene un periodo de 12 años para que prescriba, ese término se interrumpió cuando empezó la primera diligencia y el nuevo término de prescripción contemplado en la ley bajó a seis años.

Si bien desde 2019 el tema ha ocupado un importante renglón en la agenda pública, el caso ha sufrido múltiples giros, la primera de ellas ocurrida cuando Bedoya perdió su condición de aforado en junio de 2022, cuando renunció a su cargo como senador de la República.

Pese a que la Corte ya le había imputado los delitos de falsedad ideológica en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, el proceso tuvo que ser remitido a la Fiscalía General de la Nación, en donde empezó a sufrir más contratiempos.

Uno de los más importantes se desencadenó en 2023, cuando el ente acusador radicó ante un juez una solicitud pidiendo precluir el caso, argumentando no tener suficientes pruebas para demostrar que Bedoya había cometido algún delito.

Aquella petición levantó una fuerte controversia, no solo por contrastar con un voluminoso expediente que ya había acopiado la Corte de Suprema, sino por coincidir con las intenciones de Bedoya de ser candidato a la Gobernación de Antioquia, tal como lo hizo ese año hasta aliarse en la recta final de la campaña con el exgobernador Luis Pérez.

En septiembre de ese mismo año, un juez penal de Medellín consideró que el pedido de la Fiscalía era “improcedente” y estableció que los hechos y el material probatorio que ya estaban acreditados en el proceso eran lo suficientemente sólidos para que la inocencia o la culpabilidad de Bedoya se decidieran en los estrados.

Siga leyendo: Vuelve y juega: aplazan acusación contra Julián Bedoya por título en la U.deM. porque el fiscal sacó vacaciones

La decisión fue apelada y el 29 de febrero de 2024 el Tribunal Superior de Medellín tuvo que ratificar en segunda instancia que el caso continuara.

En mayo de 2024 apareció una nueva polémica, cuando se hizo público un oficio dirigido al fiscal encargado del proceso en el que se le pedían explicaciones ante su demora para radicar el escrito de acusación contra el exsenador.

Cuando la situación se hizo pública, pocas semanas después la Fiscalía llamó a Bedoya a juicio y radicó su acusación. Sin embargo, por esos mismos días volvieron a ocurrir problemas: un abogado de Bedoya presentó una renuncia a representarlo, la Procuraduría le pidió a la Fiscalía revisar si el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Educación querían construirse como víctimas del proceso y el fiscal del caso sacó vacaciones.

En contraste con los tiempos de Bedoya, los juicios de otros implicados ya han hasta escalado a otras instancia. En mayo de 2024, por ejemplo, el Tribunal Superior de Medellín revocó una sentencia en la que se había absuelto al exrector Néstor Hincapié y lo declaró responsable del delito de falsedad ideológica en documento público. También revocó la absolución de otros cuatro extrabajadores de la universidad y confirmó una condena en contra de otros dos.

El último avance sustancial del caso de Bedoya ocurrió en febrero de 2025, cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la validez del acta de grado y el diploma de Bedoya, decisión que fue revalidada en abril de este año.

En medio de todos esos contratiempos, a los que se suman múltiples solicitudes de nulidad interpuestos por la defensa del político, los meses siguieron corriendo, al punto que el mismo Tribunal Superior de Bogotá alertó temer una estrategia dilatoria.

Faltando 57 días para que ese escenario se materialice, desde varios sectores se ha insistido en que el caso se acelere. Una de las voces que ha liderado esos pedidos es la de la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, quien el pasado 4 de mayo envió a los magistrados Mary Lucero Novoa y José Eudoro Narváez una solicitud de impulso procesal, en la que se pide que el juzgado que lleva el caso se beneficie de una suspensión provisional de reparto de procesos, para así enfocarse en las audiencias pendientes del caso de Bedoya.

No obstante, las cuentas no son alentadoras. El caso aún está pendiente de su audiencia preparatoria, en la que se decreten las pruebas, y el resto del proceso de juzgamiento. ¿Alcanzará el reloj?