“Pedían 20%: 10 para Miguel Quintero y 10 para el resto”: testigo clave contra el hermano de Daniel Quintero

Muchos de los que trabajaron con Daniel Quintero Calle en la Alcaldía de Medellín no la están pasando bien por estos días. Están llamados al banquillo de los acusados para que respondan ante jueces de la República en 10 audiencias que están teniendo lugar desde el lunes pasado y hasta el 26 de febrero por investigaciones de corrupción en distintas entidades.

La diligencia que arrancó esta semana está relacionada con el Área Metropolitana (AMVA), entidad que cofinancia obras en los diez municipios del Valle de Aburrá. Y en particular, tiene que ver con contratos de mantenimiento del Parque de las Aguas y con Bomberos de Itagüí.

El martes le imputaron cargos a Juan David Palacios, quien fue el director, durante el periodo de Quintero (2020-2023), y a las subdirectoras Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla por peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos.

La maratón de pruebas, testimonios y pesquisas ha comenzado a destapar una explosiva caja de pandora para el exalcalde Quintero.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a un testimonio que consta en el proceso, y al cual la Fiscalía le ha dado validez, según el cual en cada contrato del AMVA se cobraba un 20% de comisión.

“10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, dice una testigo, y se refiere a Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde, y al combo de amigos que él mismo había ubicado alrededor del AMVA y de Metroparques, y entre los cuales estarían: Álvaro Villada, Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez y Juan Pino.

La testigo, quien también era funcionaria y amiga de los implicados, menciona que esa forma de actuar además se habría replicado en el Instituto de Deporte y Recreación (Inder) y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), otras dos dependencias de la administración de Medellín en las que Miguel Quintero, el hermano del alcalde, también daba órdenes.

Vale la pena recordar que Villada era el subdirector Administrativo y financiero del AMVA, en tanto que Liévano y Domínguez ocuparon la gerencia de Metroparques, y Juan Pino fue cabeza de firmas privadas que están comprometidas en casos penales y fiscales por presunto peculado.

Las coimas al parecer eran entregadas en efectivo y en algunas ocasiones se valían de “regalos” como carros y otros elementos de lujo, como lo ratificó la testigo a EL COLOMBIANO.

Aunque ella asegura no haber presenciado esas entregas, para obtener el principio de oportunidad que ya fue avalado por un juez y por el cual obtiene beneficios a la hora de juzgar los presuntos ilícitos en que habría incurrido, sí les pasó a las autoridades los chats de WhatsApp en los que ella misma participó, que dan indicios del modus operandi (ver imágenes de los pantallazos).

El punto de partida era poner a personas ya probadas en lealtad hacia los Quintero en puestos clave de las entidades donde se manejan contratos. Así lo explicó el fiscal 40 Anticorrupción que lleva el caso de la contratación por alrededor de $18.000 millones entre el AMVA y los bomberos de Itagüí. El mismo aseguró que el director del Área, Juan David Palacio, le obedecía a Miguel, el hermano mayor del alcalde.

Palacio fue parte del equipo de Quintero cuando este fue concejal. Y en esa misma lógica, Miguel habría puesto también de subdirector administrativo a Villada, su gran amigo y compañero de trabajo cuando estuvieron en la secretaría de Planeación de la gobernación de Luis Pérez.

A Jorge Liévano, quien había pasado años de juventud con los Quintero en el barrio Tricentenario, le dieron la gerencia de Metroparques y cuando este dejó su cargo allí habría seguido en el poder desde afuera, a través de María Eugenia Domínguez, con la cual Liévano se conoció mientras trabajaban en una empresa productora de papeles, entre 2002 y 2012.

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El círculo para el caso del Parque de las Aguas se habría cerrado, entre otros, con Juan Pino, otro de la gallada de juventud en el Tricentenario. Pino no figuró como funcionario sino que tenía relación con las firmas a las que les daban contratos a dedo. La veeduría Todos por Medellín en sus denuncias por presunta cartelización en el AMVA mencionó a Pino como la persona que controlaba las firmas Comercializadora JPino, Estructuras Zafiro y 1 Soluciones S.A.S.

La testigo explicó también que antes de que los Quintero llegaran los proveedores eran escogidos por licitaciones pero que entre 2020 y 2023 empezaron a trasladar los recursos del AMVA a Metroparques mediante convenios interadministrativos y en Metroparques podían elegir el proveedor a su antojo.

También, ante la pregunta de quién dio la orden de direccionar los contratos allí, fue directa al señalar que “la orden de direccionar hacia J. Pino y su gente la dio Miguel Quintero directamente, quien es amigo de infancia de Pino; son casi que hermanitos. Ellos son del grupo del Tricentenario, junto con Jorge Liévano y el abogado Edison López”.

Edison López Cañas, conocido como “Chano”, también tuvo a su esposa trabajando en el AMVA casi durante los cuatro años de la administración anterior; ahora este es abogado de varios jefes de bandas presos en la cárcel de Itagüí.

—¿Y cómo hacían para que ganara una empresa en particular?

—Las tres firmas que se presentaban eran de ellos mismos. Tenían el mismo revisor fiscal y usaban representantes legales que J. Pino ponía —respondió testigo.

También por indicación de Miguel Quintero —continuó— Palacio posesionó a Ana María Roldán y Diana María Montoya (la primera de junio de 2020 a abril de 2021, y la segunda de abril de 2021 a enero de 2024) en la subdirección ambiental.

Aunque la colaboración de la testigo se está dando para el caso de Metroparques, un chat que entregó evidencia la intención que habría existido en estos nombramientos para que se materializara la contratación con los bomberos de Itagüí, un caso también en audiencia y en el que se habla de un posible detrimento de $2.481 millones.

En ese proceso, además de las imputaciones que les hizo la Fiscalía esta semana a Palacio, Roldán y Montoya, lo mismo que al contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Juan Alberto Cardona –los cargos son presunto interés indebido en contratos, peculado y falsedad en documento privado— están en la cárcel el exgerente de la agrupación de socorro Misael Cadavid y la funcionaria del Área María Yaneth Rúa. También está procesado pero sin medida intramural el exjefe de los apagafuegos, Elkin González.

Estos contratos dependían del área ambiental del AMVA y en una conversación de febrero de 2020 Villada enfatizó en la urgencia de tener a alguien de confianza en ese puesto.

—Ese u otro, pero Usted necesita una persona de confianza urgente en la ambiental. O la cosa se para toda —escribe Villada en el chat cuando Miguel le menciona a un candidato para el puesto.

—Total —le responde Miguel Quintero.

La situación era supuestamente tan desesperada para ellos que se llegó a sugerir que nombraran a Villada como subdirector encargado.

—Mi negro, revisar el tema. No te miento. Lo más urgente es ambiental, ese man metió 100 contratistas se quejan de que en el área ambiental han contratado a cerca de 100 personas y no me preguntó ni siquiera a JP (así llamaban a Juan David Palacios) — le contesta Villada.

Acá se estaría refiriendo a un subsecretario encargado que ellos encontraron al llegar y que no habían podido remover. Después, en junio del primer año de gobierno de Quintero, fue cuando nombraron ahí a Ana María Roldán.

Disputas de poder

Lo que se evidencia en todo momento es que Villada le rendía cuentas más fácil a Miguel que a Palacio, quien formalmente era su jefe. Así se aprecia en un video en el que este, desde el Parque de las Aguas y con Liévano detrás, le da informe de la situación que encontró.

—Esté muy tranquilo que estamos tomando todas las medidas correctivas frente a lo que pasó esta semana (...), tranquilo que le vamos a responder –le dice Villada a Miguel.

Aparte de la coordinación por ese grupo de WhatsApp, concertaban reuniones y en otras ocasiones Miguel Quintero enviaba al chat una foto suya en la entrada del Área. El mensaje implícito era que estaba ahí y que necesitaba que Villada bajara.

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Villada, como subdirector administrativo y financiero entraba como Pedro por su casa en todas las oficinas del Área y manejaba el comité de contratación, según la testigo, algo con lo que no estaba de acuerdo Palacio. Ambos chocaban y así quedó sugerido en un audio del 15 de marzo de 2020 en el que Villada se le quejaba a Miguel de que Carlitos (así llamaba a Palacio) estaba tratando de frenarle unos procesos.

De hecho, varias versiones –incluida la de la testigo– coinciden en que hubo agarrones entre estos dos alfiles de Miguel Quintero por celos de poder; uno, en septiembre de 2022 habría sido el detonante para salida de Villada y de un nutrido número de sus fichas en el Área Metropolitana.

Aún faltaría lo más grande

La testigo y otras personas consultadas por EL COLOMBIANO tienen claro que los contratos cuyas investigaciones han avanzado más hasta ahora –los del Parque de las Aguas y bomberos de Itagüí– serían solo la “menuda” de lo que habrían sacado del Área.

Ya de hecho, la Procuraduría indaga posibles irregularidades en convenios cercanos a $32.000 millones con Acopi, Tenarco y Arca, entre 2020 y 2022. Y ello sin contar con los contratos para el cuidado de las zonas verdes de Medellín, que fueron en su momento cuestionados.

Además, en el gremio constructor se volvió vox populi que las comisiones que pedían por cada puente o vía que se construía en convenios interadministrativos del Área con los municipios también eran del 20%. “Eso cobraban, no importa que la obra fuera grande o pequeña”, le dijo un empresario a este periódico.

Teniendo en cuenta que el presupuesto tramitado por el Área y los municipios en convenios interadministrativos llegó a $569.000 millones en cuatro años, cualquiera con una simple operación aritmética puede calcular de cuánto pudo haber sido la tajada.

Pero la cosa pudo ser más grave todavía si se extrapola a otras dependencias: “Si la Fiscalía se pone a revisar bolsa por bolsa de todos los convenios, no solo los del Parque de las Aguas, sino de todo lo que hicieron con Metroparques que fue en Medio Ambiente, en Salud, en Cultura, en Educación, todo está por la misma línea”, asegura la testigo.

En el AMVA era igualmente de dominio general la relación sentimental que había entre Palacio y la secretaria general, Carmen Elvira Zapata, y ello también parece compaginar con el hecho de que en la despedida de la entidad, Palacio haya ordenado formatear los computadores de ella, de él y de su asistente. Es algo que ya indaga la Fiscalía.

La otra arista del trabajo de las autoridades luego de castigar a los presuntos responsables del saqueo es determinar dónde pudo haber quedado la plata, porque si bien han mostrado que varios de los presuntos implicados se dieron la gran vida y ya les hicieron extinción de dominio a bienes valorados en $3.000 millones, esa cantidad está lejos de compadecerse con la cifra total del presunto desfalco. En ese frente indagan la hipótesis de una red de restaurantes que habrían montado en distintas comunas, valiéndose de testaferros, lo mismo que dinero en criptomonedas e inversiones en otros países.

Cuenta de almuerzo en Cartagena por $836.000

El Ferrari: ¿coincide con Afinia?

Una de las aristas de la investigación que lleva la Fiscalía tiene que ver con las fotos de Miguel Quintero con un Ferrari rojo, un vehículo exclusivo que puede costar alrededor de $1.500 millones.

Después de que se revelaran esas imágenes y estas causaran revuelo, el exalcalde Daniel Quintero, salió en redes diciendo que era falso que su hermano tuvieran un Ferrari, porque si fuera así “lo sabría todo el mundo en Medellín” y “habría fotos y videos por doquier”; también calificó la actitud de Miguel como “chicanería” al estilo de quienes se van para Estados Unidos y mandan fotos de este tipo.

Sin embargo, los investigadores indagan una coincidencia: que el tiempo en que fueron puestas esas imágenes en el chat de “amigo” de Quintero coincide con las primeras negociaciones para que Empresas Públicas de Medellín asumiera el manejo de la empresa de energía Afinia, en la Costa Atlántica.

Justo a finales de marzo de 2020 EPM nace Afinia y entra como operador.

El trato que finalmente hizo el Gobierno Nacional del presidente Iván Duque con el alcalde Daniel Quintero implicaba que el conglomerado de origen paisa invirtiera alrededor de diez billones de pesos durante una década en la modernización de la red de distribución en la parte del litoral Caribe que asumiría.

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Y, vale la pena recordar, hay versiones de que personajes muy poderosos, uno de ellos con residencia en Cartagena, que habría pagado ocho millones de dólares para quedarse con la franquicia que les garantizara el manejo bajo cuerda de esa filial, incluida esa contratación. Es decir que, de ser cierto, sería el negociado más grande que se podía hacer en aquel tiempo.

Los investigadores están tratando de atar cabos para saber si el Ferrari y la expresión que estaba entrando en “grandes ligas” tiene relación con esto último.

Los tres combos de Mr. Miki

El círculo de confianza de Miguel Quintero dentro de la presunta estructura que habría montado para controlar la contratación triangulada entre el Área Metropolitana, Metroparques y el Inder, lo mismo que en la que habría operado en la Empresa de Desarrollo Urbano, se basaba en tres frentes, según la información que tiene la Fiscalía.

Por un lado, estaban los amigos de su juventud en el barrio Tricentenario, entre los cuales se cuentan Jorge Enrique Liévano, el exdirector de Metroparques; Juan Alexánder Pino, el contratista consentido con tres firmas relacionadas; lo mismo que el abogado Edison López Cañas alias “Chano”, que si bien no contaba con vínculo directo con las dependencias de la alcaldía si participaba de reuniones y tuvo a su esposa trabajando en el AMVA.

Por otro lado, estaban los compañeros de trabajo en el departamento de Planeación Departamental de la administración de Luis Pérez (2016-2020). De ahí son Villada y Wilder Willer Echavarría, a quien ubicó después en la gerencia de la EDU, y luego en una vicepresidencia de EPM.

“Como Miguel era el que se encargaba de manejar las regalías a los 125 municipios, necesitaba alguien que montara proyectos y Wílder era muy teso en eso. Ahí se conocieron”, relata la testigo.

Otro de los combos que gravitan alrededor de los Quintero es el de la Universidad Luis Amigó. Allí coincidieron con Miguel Quintero, quienes luego se convirtieron en baluartes de primera línea del entonces alcalde Daniel Quintero: Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, así como Alejandro Toro, representante a la Cámara, cuota de Quintero en el Pacto Histórico.

Con todos tejió redes de confianza alta. Lo llamaban no siempre por su nombre sino Miki, “el gordito” o “el marranito”.

Sobrina de Luis Pérez, ¿tráfico de influencias?

Los investigadores terminaron topándose con varios casos en que habría operado el tráfico de influencias, casi de carambola, a partir de los chats entregados por la imputada que está colaborando con las autoridades. Tal vez el más relevante, el del nombramiento de una familiar del exgobernador Luis Pérez en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Todo pasó así: el 20 de febrero de 2020 por la noche cuando desde el teléfono de Jorge Liévano se pregunta en el chat de “amigos” por Carla Catalina Builes, Miguel Quintero se queja de que “a ustedes les están mamando gallo”, que les están parando todos los trámites.

Dicen que Villada fue el que paró el trámite anterior por falta de claridad y que ya lo retomaron aunque le bajaron los honorarios y que “el caso de ella es como el de la sobri”, a la vez que mencionan también que el contrato de “la sobrina” lo paró la Secretaria General por un tema de asignación salarial.

Posteriormente, Miguel afirma que él habló del tema con JD (Juan David Palacio, el director general) y que él había aprobado el viernes anterior. Y culmina Miguel con la exclamación: “Negro que costalado de anzuelos eso allá”.

De acuerdo con la testigo, la sobrina sería Carolina Murillo Pérez, quien, efectivamente fue contratada tardíamente, hacia agosto de 2020 y duró prácticamente el resto del periodo, desempeñándose en la coordinación de un programa que acompañaba proyectos productivos en los municipios. Esta ya había laborado en el Área cuando el director fue Eugenio Prieto y bajo la coordinación.

No sobra recordar que Miguel y Villada trabajaron en la gobernación de Luis Pérez (2016-2019) y que el exgobernador fue también aliado del exalcalde Quintero.

Por su parte, Carla Catalina Builes era la esposa del abogado Edison López, “Chano”, quien también duró allí buena parte de los cuatro años de la administración de Juan David Palacio.

¿Hubo coimas por convenios por $570.000 millones?

A mediados de 2023, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Antioquia advertía la falta de transparencia en las obras cofinanciadas por el Área Metropolitana, una entidad donde se estaban adjudicando el 96% de los contratos sin licitación, por contratación directa.

El modus operandi era el siguiente, más o menos: el Área firmaba un convenio interadministrativo con la empresa industrial y comercial del Estado (EICE) existente en cada municipio. Estas empresas del Estado son autónomas y aunque trabajan con recursos públicos, se comportan como privados, por lo que pueden contratar a su vez con quien quieran sin convocatorias abiertas.

Como cosa curiosa en los municipios donde no había este tipo de empresa se encargaron de crearla. Es el caso de Desur, en Envigado, fundada en 2020, y Edunorte, en Bello (principios de 2021). La Estrella no tenía pero se valió de Edunorte y Eduhabitat (Sabaneta) para contratar de manera directa por $43.622 millones provenientes del Área en este periodo.

Muchas de esas empresas actualizaron sus estatutos para poder hacer operaciones más altas con invitaciones privadas o licitaciones con menos oferentes. También se volvió común que les delegaban contratar al interventor.

En el cuatrienio 2020-2023 el Área ejecutó $569.000 millones en convenios, de los cuales puso $489.000 millones y los municipios metropolitanos el resto.

Del total, $390.000 millones se invirtieron en infraestructuras como puentes, calles y otras obras y las autoridades tendrían que indagar las palabras del constructor que le dijo a EL COLOMBIANO que “no había obra por pequeña o grande que no pagara el 20%”.

Además, el resto del dinero se fue en contratar capacitaciones e intervenciones sociales, donde por tratarse de un intangible, la plata podría haber resultado más volátil aún.

La CCI llamó la atención de que en el periodo de Juan David Palacio se contrataron grandes sumas con empresas que no tenían trayectoria y en algunos casos con empresas unipersonales.

En algunas habría nexos políticos, como el caso de IDC -el representante legal es Felipe Agudelo, amigo de Luis Pérez-, a la cual le asignaron la construcción de la Escuela de Artes y Oficios en Bello, un contrato por $82.000 millones, que hoy está en problemas.